COLOMBIA ATRAVIESA por una de las coyunturas económicas más complejas de la historia reciente. La llegada de la pandemia del coronavirus (Covid-19) al territorio colombiano obligó al Gobierno nacional a declarar el Estado de Emergencia Económica y Social y con esto la implementación de medidas de aislamiento para contener la propagación del virus y salvaguardar la vida de los colombianos.

Esta situación ha generado una importante reducción en los ingresos de los hogares reflejado en una menor demanda agregada afectando, a la par, el consumo y los sectores económicos (Guerrieri et al., 2020), situación que no ha sido ajena a ningún país del mundo.

El efecto de la pandemia se vio reflejado en una caída del Producto Interno Bruto (PIB) y de otros principales indicadores económicos. El país venía presentando una tendencia de recuperación económica desde el 2018. En 2019, el crecimiento registrado fue de 3,3 % y para el 2020 se proyectaba en un 3,5 % (Cepal, 2019). Aún así, debido a los impactos de la pandemia, el crecimiento económico se derrumbó y para 2020, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera una contracción de -8,2 %.

No obstante, para 2021, esta entidad pronostica que la producción nacional retornará a su senda de crecimiento previa a la pandemia, logrando crecer a un ritmo de 4,0%.

Con la llegada del Covid-19 a Colombia, el mercado laboral ha sido una de las áreas más afectadas. La tasa de desempleo nacional sufrió un fuerte incremento, alcanzando un registro de 20,1 % en abril, periodo más crítico durante 2020. Los meses subsiguientes a este, mostraron una tendencia marcada de recuperación a raíz de los procesos de apertura gradual. Como resultado, para diciembre, la tasa de desempleo se logró ubicar en 13,4 % (DANE, 2020).

Durante la pandemia dos de las medidas implementadas por el Gobierno que resultaron más eficaces para evitar retroceder en materia de política social, fueron la creación de nuevas transferencias monetarias y el apoyo para el pago de nóminas por parte del sector empresarial. Este esfuerzo se tradujo en que antes de la pandemia 4,5 millones de hogares recibían algún tipo de transferencia monetaria del Gobierno nacional mientras que hoy se benefician cerca de 8 millones de hogares.

Esto implica que se logró aumentar el porcentaje de ayudas a la población más vulnerable, pasando del 38 % antes de la pandemia a 89 % actual (DNP, 2020). Dentro de las nuevas transferencias se encuentra el esquema para la devolución del IVA y el Programa de Ingreso Solidario. Con respecto del primero, la OCDE hizo un reconocimiento por su puesta en marcha y señaló que es fundamental para lograr avanzar hacia un sistema tributario más equitativo.

En la misma línea, el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) surgió como una medida de emergencia del Gobierno para favorecer el pago de nómina de las empresas que se habían visto particularmente golpeadas por la crisis. Consistía en un apoyo correspondiente a un 40 % de un smlmv de aporte para que las empresas pagaran los salarios de sus trabaja- dores. Con corte a noviembre de 2020, el PAEF había apoyado a más de 139.000 empresas correspondientes a 3.648.000 empleados asocia- dos, es decir, cerca del 40 % del empleo formal del país (MinHacienda, 2020).

Estas medidas de choque quedaron plasmadas en el documento Conpes 3999 que con- tiene la respuesta inicial del Gobierno ante los efectos del Covid-19 en el país. Esta respuesta se puede resumir en cuatro aspectos:

  • Reducir el impacto del Covid-19 sobre la salud de la población;
  • Proteger el ingreso y bienestar de los hogares;
  • Proteger al aparato productivo de los efectos de la pandemia; y
  • Apoyar las finanzas públicas (DNP, 2020).

El Conpes y la estrategia de reactivación

Los documentos Conpes han servido como un espacio de articulación de diferentes herramientas y actores de política en torno de objetivos de desarrollo económico y social. Han cumplido, específicamente, la función de ser el instrumento por excelencia para la formulación de la política pública en el país, siendo trascendental para enfrentar diversas crisis y, más aún, para definir líneas prioritarias de intervención.

La reactivación económica, a raíz de la pandemia, es un claro ejemplo de una temática intensiva en coordinación y articulación que requiere de un instrumento de política como el Conpes. En este sentido, varios documentos completan la estrategia de reactivación definida por el Gobierno nacional denominada “Nuevos Compromisos por el Futuro de Colombia”.

Esta contempla una inversión superior a los 160 billones, incluyendo financiación pública y privada, con cerca de 562 proyectos, distribuidos en cinco compromisos que buscan, entre otros, restablecer el crecimiento económico, reactivar el empleo y atender a la población vulnerable.

  • El primero de estos es el del empleo que tiene como objetivo principal generar cerca de 2 millones de puestos de trabajo con una inversión estimada de 122 billones de pesos en 297 proyectos.
  • El segundo es el apoyo a los más pobres y vulnerables, con una inversión de 17,6 billones de pesos en 147 proyectos, esperando contribuir con la creación de alrededor de 300 mil nuevos empleos en todo el país.
  • El tercero, denominado “Crecimiento Limpio y Sostenible”, con una inversión superior a los 19 billones de pesos en 32 proyectos, espera generar 114 mil puestos de trabajo.
  • El cuarto es el compromiso por el campo y la paz con legalidad, cuya inversión es cercana a los 4 billones de pesos y podría llegar a generar cerca de 100 mil empleos.
  • El quinto y último es el compromiso por la salud, con cinco proyectos por un valor superior a los 600 mil millones de pesos (Presidencia, 2020).

De este modo, el plan de reactivación contempla inversiones en múltiples sectores, como el de transporte que acumula el mayor número de proyectos y financiación, sumando un estimado de 57 billones de pesos, seguido por el sector de minas y energía que cuenta con 43 proyectos y una inversión superior a los 40 billones de pesos. Adicional, hay inversiones relevantes en inclusión social; industria, comercio y turismo; vivienda, ciudad y territorio, entre otros (Presidencia, 2020).

Sumado al Plan de Reactivación se han aprobado cinco documentos que articulan la estrategia. Entre ellos se destaca el pro- grama de vías para la legalidad y la reactivación, aprobado con el Conpes 4010 que contempla el mejoramiento de 1.160 km en 21 tramos viales, optimizando la conectividad en 18 departamentos, que beneficiaría regiones en donde habitan cerca de 13 millones de personas. Este programa tendrá un costo aproximado de 9,6 billones de pesos durante la próxima década y se espera que contribuya con la generación de hasta 300 mil puestos de trabajo (DNP, 2020).

En términos tecnológicos, la pandemia aceleró el proceso de transformación digital. Es así como el Gobierno ha avanzado en la elaboración de estrategias de cara a los nuevos retos en materia tecnológica. Como ejemplo se llevó a cabo la elaboración del documento Conpes denominado “Proyecto de acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones”, enfocado en disminuir la brecha digital.

En el mismo sentido se encuentra el documento Conpes 4012 “Política Nacional de Comercio Electrónico” que tiene como principal objetivo brindar garantías de seguridad y promover la entrada al comercio electrónico de sectores históricamente desfavorecidos, sustentado en el fuerte incremento del comercio electrónico durante el último año.

Por último, la Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera, incorporada en el documento Conpes 4005, tiene como propósito integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos y las MiPymes para contribuir al crecimiento económico y la inclusión financiera del país (DNP, 2020).

Lo anterior sustentado en los niveles de bancarización de los hogares más vulnerables que fue uno de los principales retos en la implementación de los programas sociales como Ingreso Solidario y el esquema de devolución del IVA, que a pesar de haber acelerado la inclusión financiera de cerca de 800 mil hogares durante la pandemia (Banca de las oportunidades, 2020), aún existen barreras para acercar a la población de menores ingresos y a las micros, pequeñas y medianas empresas a servicios financieros formales (DNP, 2020).

De esta forma el Gobierno ha logrado contrarrestar, en gran parte, los efectos económicos y sociales del Covid-19, contando con espacio suficiente para continuar implementando políticas en torno de consolidar una reactivación sostenible e incluyente.