La Contraloría General de la República (CGR) que hoy conocemos, dejará de existir. Con la puesta en marcha del Programa Océano, la CGR ha entrado en un proceso de transformación de tal magnitud que los colombianos no alcanzan a imaginar. No solo va a modificar el ejercicio del control fiscal, sino que más allá se va a imponer un cambio de fondo a la propia estructura orgánica y funcional de la Contraloría General de la República.

Y cuando en este artículo se habla del Programa Océano, se está haciendo referencia a:

“...un conjunto ordenado de conceptos, datos, herramientas y operaciones que se pone en funcionamiento para el seguimiento, análisis y evaluación de la contratación pública en Colombia”.

Tres razones permiten a rmar que en adelante la Contraloría va a cambiar. Al concentrar el proceso de búsqueda y elaboración para combatir la corrupción en el seguimiento a la contratación pública, la CGR –por primera vez en décadas–, ha identificado el objeto real en que un proceso de corrupción se concreta: los contratos que agentes públicos y/o privados suscriben con el Estado. En la medida en que todo pasa por un proceso contractual suscrito entre dos partes, cualquier cosa que se quiera saber se va a poder descubrir. La contratación pública tiene una trazabilidad tal, que los organismos de control pueden establecer claramente las rutas que sigue cualquier contrato público.

La segunda razón radica en que, al facilitar un acceso a una información más precisa y detallada, el Programa Océano va a modificar de manera sustantiva el sentido y contenido de las auditorías legales, financieras y de desempeño que adelanta la CGR. No solo porque los investigadores y auditores van a contar con una

información más amplia y con able, requerida para el inicio de su trabajo de supervisión o auditoría, sino que –más estructuralmente– se van a obtener medidas más efectivas para combatir la corrupción o, por lo menos, reducir los niveles de riesgo al que están expuestos gobernantes y gobernados.

Y la tercera razón consiste en que la mayor información disponible para los auditores e investigadores de la CGR y una imagen de las entidades vigiladas mucho más amplia y precisa, va a exigir nuevas prácticas y nuevos niveles de formación que van a derivar en nuevos comportamientos, que transformarán la cultura funcionarial de los servidores públicos de la CGR. A partir de esas tres razones, en este artículo, nos arriesgamos a armar que después de iniciado el Programa Océano, la CGR ya no será más igual.

La tecnología como soporte de un nuevo enfoque del control fiscal

Con el arranque del Programa Océano, como instrumento principalísimo de la política institucional, bajo la administración del Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, la entidad ha entrado en una nueva dinámica: la que provee los recursos necesarios para tener un acceso mucho más ágil y fluido de la información requerida para la labor misional de control fiscal posterior, como un instrumento eficiente para adelantar la lucha contra la corrupción.

Ese elemento modi ca de fondo los enfoques con los que la CGR estaba abordando sus procesos de auditoría y más reciente de transición de la llamada auditoría integral, a la auditoría de cumplimiento, financiera y de desempeño. Se trata de momentos distintos, sí, pero con el Programa Océano se da un giro de fondo:

1. Se concentra todo el enfoque de partida en el proceso de contratación pública. Es allí en donde, de manera concreta, se concentra el flujo por donde transcurre el camino que siguen los recursos públicos del país. Cualquier movimiento, asignación y/o uso de recursos fiscos  humanos y financieros, pasa por o está fundamentado o tiene como antecedente un proceso de contratación pública. Y en este aspecto radica lo más relevante: si se quiere considerar un asunto que efectivamente permite dar cuenta del curso seguido por los recursos públicos en la realidad; no hay que considerar ningún elemento distinto a los recursos comprometidos en la contratación pública;

2. Los procesos de corrupción nunca se producen al vacío. Siempre requieren de un agente externo o un tercero de la organización o ajeno a ella, que facilite el paso o la salida de los recursos hacia un agente privado o público. Para identificar esos fujos, es preciso establecer claramente las redes de relaciones en que se desenvuelven los procesos de contratación pública en el país. Esto es, el conjunto de relaciones directas o indirectas entre distintos agentes y/o agencias a través de las cuales se mueven los recursos que son ilegalmente sacados de su trámite natural.

Aunque hayan superado todo tipo de auditorías, podrían estar inmersos en la más grave corrupción, bene ciando a agentes distintos y con móviles diferentes para los que fueron concebidos y firmados por las partes. Bien porque en su operación o en sus beneficios que resultan desviados hacia fines privados, de manera ilegal. Y esa intención solo se desvela cuando se identifican las redes de relaciones de los contratistas y contratantes con otros agentes y agencias hacia donde terminan llegando los recursos públicos, sin tener porqué.

4. Pero las redes de relación no solo permiten identificar los flujos de fondos entre agentes de un sector en particular. También permiten establecer las relaciones entre sectores y actividades que, en primera instancia, resultan muy disímiles, pero que en la realidad están conectadas por el móvil de la corrupción. Este es el gran aporte del programa: establecer, de manera precisa, las conexiones directas e indirectas que existen, por una parte, entre empresas contratistas que a primera vista parecen completamente ajenas unas de otras, pero que en realidad están vinculadas por un agente a otras empresas, que tiene un papel relevante en el sistema de toma de decisiones, o entre una misma empresa contratista y varias empresas

3. Trabajar, a través de la identificación de redes de relaciones entre contratista que han procedido ilegalmente en el manejo de los recursos públicos, tiene una gran ventaja: permite identificar los huecos negros de la contratación pública, que a través de los procesos de auditoría no se podían identificar. Esto es, que los contratos podían estar perfectamente elaborados (por lo que superan la auditoría de cumplimiento); podían ser manejados con total racionalidad económica (superando la auditoría financiera); e incluso podrían estar correctamente gestionados (superando la auditoría contratantes de distintos sectores, todas ellas conectadas por un mismo agente decisor en el más alto nivel organizacional.

5. Es evidente que con una información de esta naturaleza, los equipos de trabajo de los organismos de control o las instancias de investigación y juzgamiento (del aparato judicial del país) les permiten establecer líneas de trabajo a los auditores y avanzar de manera más profunda en el establecimiento de responsabilidades de los actos corruptos al interior del sector público.

De esta manera, con la incorporación de los nuevos desarrollos en el manejo del llamado big data y de los logrados en el campo de la inteligencia artificial, la misión y los procesos internos de la Contraloría General de la República se ven doblemente beneficiados. Por una parte, se tiene una mayor y mejor información en la lucha contra la corrupción; y, por otra, se van a lograr importantes economías de escala en los procesos de auditoría que adelante la entidad.

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