En la mayoría de estas actuaciones se vincularon las compañías aseguradoras y se decretaron medidas cautelares, con miras a garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.

Las irregularidades objeto de mayor cantidad de procesos de responsabilidad fiscal corresponden a proyectos de saneamiento básico (Acueducto y Alcantarillado): se adelantan 6 por $15.677 millones.

En general, se destacan las siguientes actuaciones:

*UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA LIQUIDACIÓN DE LOS SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. CUANTIA DEL DAÑO: $5.414 MILLONES.

La Contraloría General de la República inició Proceso de Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato de Operación de infraestructura cuyo objeto fue la Prestación del Servicio Público Domiciliario de Alcantarillado y Acueducto, suscrito entre Aguas de San Andrés S.A. E.S.P, y Proactiva Aguas del Archipiélago S.A. E.S.P.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en una auditoria de cumplimiento en la que se evidenciaron anomalías en la fijación de las tarifas establecidas para la correcta aplicación del otorgamiento del subsidio a usuarios de menores ingresos de los estratos 1,2 y 3 entre marzo de 2019  y diciembre de 2021 y el cobro de las contribuciones de aportes solidarios a los estratos 5,  6 y usos comerciales e industriales, situación que provocó un desbalance y déficit por concepto de recaudo de contribución de solidaridad frente a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la Isla de San Andrés.

Lo anterior conllevó a que, durante el periodo de marzo de 2019 a enero del 2020, la firma operadora aplicara factores de subsidio superiores a estratos bajos y cobrara contribuciones inferiores a los estratos altos, contraviniendo lo establecido por la Asamblea departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

*UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES DEL INVENTARIO Y DE LOS REGISTROS DE TARJETAS DE TURISMO VENDIDAS. CUANTÍA DEL DAÑO: $4.869 MILLONES.

La Contraloría General de la República inició un proceso de responsabilidad fiscal, por irregularidades en el control y seguimiento de las tarjetas de ingreso a la Isla por parte de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en una Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial para el período fiscal 2019-2023, realizada por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras de la Contraloría General de la República, donde se realizó el cruce de la base de datos de ingreso de turistas registrados por la Oficina de Control, Circulación y Residencia OCCRE y los rangos de tarjetas de turismo que fueron utilizadas sin que el dinero generado por la venta de estas tarjetas ingresara a las cuentas del Departamento, lo cual arrojó un presunto daño patrimonial por valor de $4.399 millones.

Según la CGR, la situación descrita muestra que, la administración departamental no cuenta con un sistema, ni procedimientos de control y seguimiento efectivo, que le permitan identificar por series de tarjetas, el valor recaudado y la cantidad vendida a las empresas transportadoras.

*UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, FASE I. CUANTÍA DEL DAÑO: $ 4.733 MILLONES.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en una denuncia ciudadana. Se logró evidenciar que el acueducto del municipio de Providencia y Santa Catalina no funciona óptimamente, pues no procesa la cantidad de litros de agua para la cual fue concebido, lo que implica que los usuarios no tengan el servicio de agua durante todo el día, así como también que el líquido no sea apto para el consumo humano, lo que ha generado una afectación a los recursos públicos destinados a dicha obra, pues su inversión no dio los resultados esperados.

*UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA GESTIÓN DEL DEPOSITARIO PROVISIONAL DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, DONDE LA ENTIDAD AFECTADA ES LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS -SAE. CUANTÍA DEL DAÑO: $3.625  MILLONES.  

*UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS. CUANTÍA DEL DAÑO: $ 2.388 MILLONES.

*UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL CONTRATO QUE TENÍA POR OBJETO LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN DIFERENTES HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.    CUANTÍA DEL DAÑO: $1.767 MILLONES.

*UN (1) PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR IRREGULARIDADES GENERADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE TURÍSTICO EN JOHNNY CAY - SAN ANDRÉS. CUANTÍA DEL DAÑO: $1.732 MILLONES.

INDAGACIÓN PRELIMINAR POR IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PRODUCTO DE LAS VENTAS DE TARJETAS DE TURISMO.

CUANTÍA DEL DAÑO: $29.706 MILLONES

La Contraloría General de la República adelanta una indagación preliminar, por irregularidades en la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 0019 de 2019, suscrito entre el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y FINDETER, cuyo objeto fue “Prestar el servicio de asistencia técnica y administración de recurso para el desarrollo de proyectos estratégicos definidos por el departamento de San Andrés y Providencia, en el marco de las operaciones autorizadas a FINDETER”, por un valor inicial de $44.336 millones.

La indagación preliminar tuvo su origen en una Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial para el período fiscal 2019-2023, realizada por la Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras. En esta oportunidad se evidenció que el contrato no fue ejecutado en su totalidad, razón por la cual FINDETER realizó la devolución de los recursos no ejecutados. Empero, a la fecha de la actuación en el Área de Tesorería de la Gobernación, no se cuenta con los soportes que permitan verificar el ingreso y registro de tales recursos.

FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL EJECUTORIADOS

Durante el periodo de la actual administración se profirieron siete (7) fallos con responsabilidad fiscal que se encuentran debidamente ejecutoriados, por cuantía total de $30.265 millones, de los cuales, a la fecha, se ha recaudado y logrado el resarcimiento de $ 4.133 millones.

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