Las acciones del Gobierno del que formé parte en dos ministerios diferentes, durante una de las etapas más complejas de la vida del país, adquieren mayor sentido con el paso del tiempo. Las siguientes reflexiones buscan evaluar los esfuerzos y los resultados de esas intervenciones, y llaman la atención sobre la necesidad de preservar las políticas económicas y sociales que tuvieron buenos resultados. Pero también ponen de presente la pertinencia de impulsar la inversión privada como condición de la estabilidad económica y construcción de equidad en el largo plazo.

Un contexto económico desafiante

El 7 de agosto de 2018, el presidente Iván Duque llega a la casa de Nariño. El país que recibió se encontraba estable en términos económicos. La tasa de crecimiento anual del PIB fue de 2,9 % para el tercer trimestre de 2018 (gráfico 1). La inflación volvió a la meta del Banco de la República, hasta situarse en un 3,18 %, tras alcanzar casi un 9 % para julio de 2016. La caída de los precios internacionales de los commodities afectó fuertemente a las exportaciones, que solo se recuperaron, con valores de 41.832 millones de dólares en 2018 (DANE, 2018). Por otro lado, para agosto de ese mismo año, la tasa de desempleo alcanzó el 9,7 % (gráfico 2).

En suma, al asumir su mandato, el Gobierno heredó una nación en el umbral de la recuperación tras enfrentar las adversidades generadas por un significativo choque externo. No obstante, también fue necesario asumir una economía que desde el año 2013 había experimentado bajas tasas de crecimiento, con una tendencia decreciente (gráfico 1).

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, denominado ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, implementado bajo la administración del presidente Iván Duque Márquez, delineó una agenda para transformar el tejido productivo de Colombia. Centrándose en la tríada de legalidad, emprendimiento y equidad, este plan propuso una hoja de ruta hacia un crecimiento económico robusto, apoyando especialmente las industrias creativas y la economía naranja como motores de desarrollo.

Estas políticas tenían como meta impulsar la inversión, aumentar el recaudo de impuestos, crear empleo y avanzar hacia una mayor inclusión social y productiva. (DNP, 2023).

Inmediatamente después de la posesión del presidente Duque, la primera reforma tributaria que se puso en marcha durante ese gobierno fue la llamada “Ley de Financiamiento”. (Ley 1943 de diciembre de 2018). Esta reforma buscaba reducir la carga fiscal para los inversionistas internacionales y ofrecer rebajas y tarifas preferenciales a los empresarios, preservando la capacidad de maniobra del gasto para enfrentar las inequidades sociales.

Se pretendía así recuperar la inversión en el país y aligerar la carga a los generadores de empleo para conseguir que la economía creciera por encima del 4 % (MinHacienda, 2018). Sin embargo, en octubre de 2019 la ley de financiamiento fue declarada inexequible por la Corte Constitucional (Muñoz, 2023).

Esta reforma, con algunas modificaciones, finalmente fue sancionada el 27 de diciembre de 2019, bajo la denominación de “Ley de Crecimiento Económico” (Ley 2010 de 2019), con un gran liderazgo del ministro Alberto Carrasquilla en su conducción ante el Congreso. Se buscó, en línea con la iniciativa que no prosperó, promover el crecimiento económico y sentar las bases para reducir la desigualdad.

Los aspectos centrales de esta iniciativa incluyeron la integración de elementos sociales, como la devolución del IVA para 2.8 millones de familias de bajos recursos, el establecimiento de tres días sin IVA al año, la disminución del aporte a la salud del 12 % al 4 % para los pensionados de más bajos ingresos, y estímulos para las empresas que generaran empleo para jóvenes entre los 18 y 28 años. En síntesis, la reforma apuntaba a fortalecer la dinámica de la inversión privada como fuente de crecimiento y destinar más recursos para la inversión social.

Adicionalmente, este mismo año la tasa de desempleo experimentó un aumento, alcanzando el 10,8 % (gráfico 2) como efecto rezagado del bajo crecimiento de años anteriores (DANE, 2019). Sin embargo, se lograron reducir los niveles de informalidad. Cabe resaltar el desempeño excepcional del sector turístico, que alcanzó cifras récord al cierre de ese año, al igual que un significativo aumento en la inversión extranjera directa.

Líneas maestras para la política de desarrollo productivo

Una vez identificados los desafíos que se debían enfrentar, se definieron 5 grandes objetivos específicos para guiar las estrategias orientadas a fortalecer la inversión privada. Primero, se buscó promover el emprendimiento y la formalización, acompañando a las micro y pequeñas empresas en su crecimiento y simplificando los procesos empresariales. Segundo, se impulsó la innovación como elemento clave, a través del apoyo a los clústeres regionales y el fortalecimiento de la infraestructura para la innovación empresarial, dentro del marco de la Cuarta Revolución Industrial. Tercero, en materia de productividad se trazó la meta de mejorar las capacidades gerenciales y operativas de las empresas. El cuarto objetivo se centró en el financiamiento, mediante la ampliación de los instrumentos financieros para apoyar el desarrollo empresarial a través de la banca de desarrollo. Y finalmente, se apostó por estímulos y remoción de obstáculos a la inversión nacional y extranjera para acelerar el desarrollo de sectores productivos claves, que aportaran a la generación de divisas para el país, entre ellos el del turismo. (MinCIT, 2020).

La necesidad de fortalecer la productividad, que se había convertido en el factor más escaso del crecimiento en los últimos quince años, subrayaba una preocupación más amplia por la competitividad del país (Pineda, 2022). El impulso de la productividad y el desarrollo competitivo son esenciales, no solo para el éxito empresarial sino también para la viabilidad de las finanzas públicas. El enfoque se orientó hacia el incremento en la oferta de empleo y el mejoramiento de su calidad, con el objetivo de fomentar un desarrollo económico más sostenible e inclusivo.

LAS FALLAS DE MERCADO RELACIONADAS CON ASIMETRÍAS DE INFORMACIÓN Y FALTA DE PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS SE ABORDARON A TRAVÉS DEL PROGRAMA “FÁBRICAS DE PRODUCTIVIDAD” QUE FUE, SIN DUDA, EL PROGRAMA “BANDERA” DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

En el frente de las acciones de entorno competitivo, se dio continuidad a los esfuerzos realizados por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos en materia de mejoras normativas, reducción de trámites y eliminación de barreras con el fin de resolver fallas de gobierno en materia regulatoria, que generaban distorsiones en las actividades de los ciudadanos y de los empresarios. La estrategia “Estado simple, Colombia ágil” permitió identificar y remover 3.796 barreras, trámites y normas obsoletas. (Pineda, 2022).

Las fallas de mercado relacionadas con asimetrías de información y falta de provisión de bienes públicos se abordaron a través del programa Fábricas de Productividad que fue, sin duda, el programa “bandera” de la política de desarrollo productivo. Al término del gobierno se había llegado a un total de 5.000 intervenciones directas en las empresas con mentorías especializadas en aspectos administrativos y productivos.

En activa coordinación con las cámaras de comercio se llegó a 30 de los 32 departamentos del país, con cambios promedio del 32 % en productividad en las empresas intervenidas. De acuerdo con una evaluación realizada por Fedesarrollo, el programa fue identificado como el de mayor rendimiento por recursos invertidos en relación con otras experiencias internacionales comparadas (Puyana, Payares, & Porto, 2021).

La implementación de los ‘Pactos sectoriales por el crecimiento y el empleo’, surgió como una estrategia clave para enfrentar de manera más efectiva las fallas del gobierno y de coordinación en diversos sectores. En estos pactos, concebidos como acuerdos entre el sector público y privado para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo, participaron un total de 22 sectores con los cuales se pusieron en marcha 675 de las 825 acciones acordadas, que significaron un 75 % de ejecución (Pineda, 2022).

En el marco de las acciones para fortalecer el comercio internacional y las inversiones, se concertó con el sector privado la expedición del Decreto 278 de 2021, que se denominó “Zonas Francas 4.0”, marcando un hito significativo al reformar este instrumento hacia una integración más profunda con la política industrial y la política de internacionalización. Entre los cambios relevantes de esta normativa están la reducción de costos de transacción y la extensión de la figura de zonas francas a los sectores agroindustriales y concesiones aeroportuarias y férreas. Además, se promovió el desarrollo de zonas francas especializadas en servicios y comercio electrónico y se modernizó su marco institucional para fomentar una mayor colaboración entre el sector público y privado (Muñoz, 2023).

Así mismo, se impulsaron las iniciativas clúster como estrategias esenciales para dinamizar las economías territoriales, en asocio con las comisiones regionales de competitividad y las cámaras de comercio. Este ejercicio público-privado permitió fortalecer un total de 100 iniciativas clúster en los 32 departamentos del país, con resultados visibles en sofisticación y formalización del empleo, aunque todavía con desafíos en la gestión exportadora de estos encadenamientos productivos (Pineda, 2022).

Luego, en medio de la pandemia, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de INNpulsa Colombia, se lideró la iniciativa de una ley de emprendimiento (Ley 2069 de 2020). Esta norma se estructura en torno a cinco pilares fundamentales: establecimiento de tarifas diferenciadas y procesos simplificados para nuevos emprendimientos; mejora del acceso de las MiPymes al mercado de compras públicas; facilitación de la obtención de financiamiento y acceso a herramientas financieras; renovación del marco legislativo que rige las entidades de apoyo al emprendimiento; e integración de la educación en emprendimiento desde la escuela hasta la universidad. (Muñoz, 2023).

Asimismo, el Gobierno promulgó la nueva ley de turismo (Ley 2068) dirigida a revitalizar esta industria mediante la creación de condiciones más favorables para su desarrollo, sustentabilidad, formalización y aumento de la competitividad. Entre las iniciativas destacadas se incluyó la disminución del IVA en pasajes aéreos, una eliminación temporal del impuesto de consumo, que se redujo a 0 %, y la exención del IVA para los servicios relacionados con el hospedaje y el turismo. Para incentivar las inversiones, se extendió una tasa impositiva reducida del 9 % en el impuesto sobre la renta aplicable a nuevos proyectos de construcción hotelera, parques temáticos y sus renovaciones. Sumado a esto, se diseñaron esquemas de financiamiento específicos para brindar apoyo a esta industria clave.

Por último, se revitalizó el Plan Vallejo, una estrategia con más de cinco décadas de existencia, introduciendo el Plan Vallejo Exprés. Esta modernización, conducida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, buscó fomentar las exportaciones de bienes y servicios fuera del sector minero energético, estimular la inversión y contribuir al plan de reactivación económica. El Plan Vallejo Exprés permitió a empresarios y entidades no lucrativas importar temporalmente insumos y bienes con exenciones aduaneras y fiscales. (MinCIT, 2022).

El cisne negro de la pandemia

Durante el mes de marzo de 2020, tras la confirmación del primer caso de COVID-19 en Colombia, el Gobierno declaró el estado de emergencia sanitaria a través de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020. Cinco días más tarde, el Gobierno decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto 417 de 2020) y el 20 de marzo, por medio del decreto 457 se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio para todos los ciudadanos del país. Esto no dejó más remedio que restringir, por casi seis meses, la gran mayoría de las actividades productivas.

El crecimiento proyectado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2002 cambió de tendencia, frente a este hecho extraordinario en la vida de todos los colombianos. Entre abril y junio de 2020 la economía colombiana decreció un 16,5 %, respecto al mismo período del año anterior. (DANE, 2020). Además, la tasa de desempleo aumentó en 5,9 puntos porcentuales en el trimestre entre agosto y octubre, alcanzando un 16,3 % (DANE, 2020). Los sectores más afectados fueron los relacionados con actividades culturales, de entretenimiento, turismo y gastronomía. (Muñoz, 2023).

Frente a la crisis, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia se tomó acción urgente para garantizar la disponibilidad de bienes esenciales y los primeros decretos de emergencia se enfocaron en asegurar este objetivo. Se estableció un arancel cero por un periodo de seis meses para la importación de 110 subpartidas, que abarcaron desde productos sanitarios esenciales hasta insumos y bienes de capital cruciales para el sector turismo y la aviación (Decreto 410 de 2020).

Esta medida fue complementada con la restricción de exportaciones de 24 productos críticos, incluyendo equipos médicos y medicamentos esenciales (Decreto 462). Además, se apoyó a empresas productoras de tapabocas, máquinas respiradoras y geles antibacteriales para obtener, en tiempo récord, los registros del INVIMA necesarios para comenzar la producción de estas líneas. (MinCIT, 2020).

PARA FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD FISCAL DEL PAÍS SE IMPLEMENTARON UNA SERIE DE REFORMAS CLAVE ORIENTADAS A GENERAR INGRESOS TRIBUTARIOS ADICIONALES -CON MECANISMOS DE CONTROL A LA EVASIÓN- Y A FOMENTAR LA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO.

Para contrarrestar el desabastecimiento, el acaparamiento y la especulación durante la crisis del COVID-19, se implementaron medidas clave, destacando el Decreto 507 del 1 de abril de 2020, que buscó asegurar el acceso de las familias más vulnerables a los productos básicos. Asimismo, entre las primeras acciones tomadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la crisis sanitaria global en la seguridad alimentaria, se expidió el Decreto 523, que facilitó la entrada de insumos fundamentales para la elaboración de productos alimenticios básicos a un costo reducido.

Por otro lado, se implementaron una serie de estrategias cruciales para mitigar el impacto económico y apoyar la continuidad de las operaciones empresariales, especialmente enfocadas en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). Entre las acciones más destacadas estuvieron la puesta en marcha de protocolos de bioseguridad en cerca de 34 sectores y subsectores de la economía; la implementación de medidas para proteger empleos y generar ingresos; el apoyo a la liquidez empresarial mediante soluciones financieras y garantías; y la promoción de la innovación y la productividad empresarial, a través de los procesos digitales. Además, se adoptaron estrategias para facilitar la inversión y el emprendimiento, así como para promover la formalización empresarial y el desarrollo de nuevas fuentes de crecimiento económico.

Fue en este contexto tan complejo que se reafirmó el rol esencial de Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías, destacando la banca de desarrollo como pilar central de nuestra política industrial y activando su función contracíclica en el momento más álgido de la crisis. Esta estrategia permitió llegar a un total de 700.000 empresas, del total de las 1.600.000 unidades productivas que conforman el tejido empresarial formal del país, a través de créditos y garantías (Pineda, 2022).

Para apoyar la continuidad de las empresas, desde el ministerio se impulsó la implementación de medidas especiales en colaboración con la Superintendencia de Sociedades. Entre estas, destaca el Decreto Ley 560 de 2020, que introdujo un conjunto de medidas transitorias para la creación de un sistema de recuperación empresarial diseñado para ser inclusivo y abarcar todos los sectores económicos.

En respuesta a las adversidades, también se pusieron en marcha diversas medidas para asegurar la flexibilidad en el cumplimiento de las obligaciones empresariales, manteniendo una comunicación constante con gremios y representantes de distintos sectores económicos. Este enfoque permitió la adopción de estrategias efectivas, como la ampliación de los plazos para la renovación de la matrícula mercantil y demás registros del RUES (Decreto 434 de 2020), así como la introducción de políticas transitorias de insolvencia (Decreto 560 de 2020). Adicionalmente, el Decreto 557 de 2020 buscó apoyar al sector turismo y las micro y pequeñas empresas con prórrogas para el pago de obligaciones, acceso a créditos y asistencia técnica.

Acciones efectivas para la reactivación

Como ministro de Hacienda, entre abril de 2021 y agosto de 2022, enfrenté el reto de dirigir una respuesta económica a la crisis desatada por la pandemia del COVID-19. Ya desde el 2020, la situación nos había llevado, en un trabajo armónico con el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, a considerar medidas de emergencia frente al impacto económico provocado por los cierres y las medidas de aislamiento, entre ellas la capitalización más grande en la historia del Fondo Nacional de Garantías, para aumentar el aval de las empresas hasta en un 90 % de sus créditos. De manera complementaria, se introdujeron alivios de pagos que se reflejaron en el aplazamiento del calendario tributario y los apoyos directos a las nóminas de las empresas.

EN 2021, LA ECONOMÍA COLOMBIANA LOGRÓ UN IMPRESIONANTE CRECIMIENTO DEL 10,7 %, SUPERANDO AMPLIAMENTE LAS EXPECTATIVAS DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO (MFMP) QUE PROYECTABA UN 6,0 %.

Posteriormente, en mayo de 2021, tras la recepción adversa de la propuesta de reforma tributaria, que incluso desencadenó la renuncia de mi predecesor, nos propusimos desarrollar una nueva propuesta que culminó en la ‘Ley de Inversión Social’ (Ley 2155 de 2021). Esta ley se diseñó con un triple enfoque: proveer estímulo económico y social a corto plazo; fomentar la reactivación económica y el empleo; y reforzar las finanzas públicas sin comprometer su sostenibilidad a futuro. El objetivo era claro: ordenar las finanzas públicas y reactivar la economía de manera que se tradujera en estímulos directos a la inversión privada –fuente fundamental de creación de riqueza y empleo– y en un bienestar tangible para la población colombiana.

Entre los principales componentes de la ley estaban los programas de reactivación económica que protegían y dinamizaban el mercado laboral; la instauración de días sin IVA que dinamizaron el comercio interno; se direccionaron apoyos específicos para el turismo; la eliminación de la renta presuntiva que se había convertido en un lastre para los emprendedores; y, en todo caso, el fortalecimiento de la inversión social. (Muñoz, 2023).

La ley facilitó cerca de 1.3 millones de beneficios relacionados con la protección y generación de empleo, beneficiando a un amplio espectro de la población, incluyendo mujeres, jóvenes, adultos y personas de bajos ingresos, especialmente en sectores como la industria y el comercio. Destaca en el contexto de la pandemia, por ejemplo, la ampliación del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y los incentivos para la creación de nuevos empleos, con beneficios adicionales para mujeres y jóvenes. (MinHacienda, 2022).

La ley no solo reforzó las transferencias monetarias dirigidas a la población vulnerable, sino que también hizo una apuesta por la educación, al establecer la gratuidad de la matrícula en instituciones públicas de educación superior para estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, conocida como ‘Matrícula Cero’. Esta iniciativa ha beneficiado a cerca de 695.000 estudiantes.

NO MENOS IMPORTANTE FUE LA LABOR EN EL FRENTE AMBIENTAL, DONDE SE AVANZÓ EN LA IMPLEMENTACIÓN DE BONOS VERDES, LA TAXONOMÍA VERDE Y PROYECTOS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. ESTAS ACCIONES SUBRAYAN EL COMPROMISO, NO SOLO CON LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA, SINO TAMBIÉN CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

Para fortalecer la sostenibilidad fiscal del país se implementaron una serie de reformas clave orientadas a generar ingresos tributarios adicionales -con mecanismos de control a la evasión- y a fomentar la austeridad en el gasto público. Estas acciones se articulan en torno a la creación de una nueva Regla Fiscal y el fortalecimiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, cuyo propósito era robustecer nuestra institucionalidad fiscal. (MinHacienda, 2022).

Estos logros se complementaron con la optimización de los costos de la deuda pública, mediante la implementación de políticas de canjes y redención anticipada, que no solo mejoraron el perfil de vencimientos de nuestra deuda, sino que también extendieron estos plazos a casi diez años. (MinHacienda, 2022).

Resultados de la política económica

En 2021, la economía colombiana logró un impresionante crecimiento del 10,7 %, superando ampliamente las expectativas del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que proyectaba un 6,0 %. Para el cierre de 2021, Colombia se consolidaba como el país que más aceleraba su crecimiento entre los miembros de la OCDE. El extraordinario avance obtenido fue resultado de una combinación de factores clave: los fundamentos sólidos de nuestra economía; un exitoso plan de vacunación; una estrategia de reactivación inclusiva; así como una política fiscal y monetaria expansiva (MinHacienda, 2022).

El progreso en la implementación del plan de vacunación facilitó la eliminación progresiva de las restricciones establecidas para mitigar la propagación del virus, conduciendo así a la reactivación de las actividades económicas. De igual manera, las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno atenuaron las consecuencias de las restricciones en las familias y negocios del país, mediante la salvaguarda de empleos y el incremento de las ayudas monetarias a los hogares en situación de vulnerabilidad.

Además, los estímulos dirigidos a la producción fomentaron el repunte de algunos sectores especialmente golpeados por la crisis sanitaria. Se mejoró el acceso a financiación para las empresas, proveyendo una mayor liquidez, con reducciones de las tasas de interés del Banco de la República a niveles nunca vistos, lo cual, sumado al incremento en el ahorro familiar de ese año, impulsó el gasto de los consumidores en 2021.

Como quedó plasmado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022, el año 2021 marcó un periodo de crecimiento económico liderado por el sector comercial y la manufactura en términos de oferta, mientras que el consumo privado fue determinante desde el ángulo de la demanda. En este periodo, tanto la industria como el comercio vieron aumentos significativos del 16,4 % y 20,9 % respectivamente, sobrepasando los niveles previos a la pandemia y contribuyendo de manera importante al avance económico global. Por su parte, la fuerte devaluación del peso elevó el valor en dólares de las exportaciones, tanto no tradicionales (27,9 %) como de servicios (32,2 %).

A contracorriente, la minería y la construcción no pudieron retornar a sus cifras previas a la crisis. (MinHacienda, 2023).

Por su parte, la demanda interna se expandió en un 13,6 % durante 2021, estimulada por la mejora en el empleo, el incremento en la confianza, la realización de compras diferidas y las medidas para fomentar la recuperación económica. La inversión experimentó un crecimiento del 12,2 %, recuperándose de la disminución observada en el año previo, particularmente en los subsectores de la vivienda (22,6 %) y maquinaria y equipo (19,1 %). En última instancia, el consumo público creció un 10,3 %, principalmente gracias a las acciones del Gobierno para atender la pandemia (MinHacienda, 2022).

Durante 2022, en el contexto de recuperación económica que generaron las políticas del Gobierno, se logró una nueva reducción de la tasa de desempleo en casi un punto porcentual respecto al año anterior, para situarla en el 11%
(gráfico 2). (MinHacienda, 2022).

Adicionalmente, las acciones contracíclicas del Gobierno contribuyeron a la reducción de la pobreza monetaria, que pasó de 42,5 % en el 2020 al 36,6 % en el 2022 (DANE, 2024), aunque con desafíos persistentes en materia de equidad como resultado del choque de ingresos de la pandemia.

Por último, cabe destacar el importante repunte de la inversión privada y extranjera (IED) en los dos años siguientes a la crisis sanitaria y económica. La IED representó en el 2022 la principal fuente de financiamiento externo de la economía, (MinHacienda, 2023) con un crecimiento notable del 81,7 %, después de haberlo hecho al 6,3 % en el 2021 (gráfico 3). Entre tanto, la inversión privada tuvo crecimientos consecutivos del 16,7 % en 2021 y del 11,5 % en 2022 (gráfico 4), con lo cual se hizo visible, en la práctica, el resultado de un trabajo activo del Gobierno con los inversionistas internacionales y los gremios sectoriales del país para generar confianza y activar las palancas de la recuperación empresarial.

La lección que nos dejó esta etapa de la acción colectiva de nuestro país es clara. La única fuente posible de un crecimiento sostenido es la inversión privada. El crecimiento es un detonante de mejoramiento de ingresos, recaudo fiscal e inversión productiva. Pero si, además, el crecimiento viene acompañado de estrategias centradas en lo social para resolver los desafíos aún existentes en la equidad, la pobreza y las oportunidades, entonces el repunte se vuelve imparable.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• DNP. (2023). Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Obtenido de Departamento Nacional de Planeación:
https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/Paginas/plan-nacional-de-desarrollo-2018-2022.aspx
• Muñoz, C. M. (2023). La Revolución del Centro, Duque en la Casa de Nariño. Bogotá: Villegas Editores S.A.
• Puyana, R., Payares, D., & Porto. (2021). Efectividad del esquema de extensionistas tecnológicos: estudio base para el Pilar 2 del programa Fábricas de Productividad. Bogotá: Fedesarrollo.
• Pineda, S. (2022). Un Futuro para el Olvido. Bogotá: Universidad de Medellín.
• MinHacienda. (2018). Congreso aprueba la Ley de Financiamiento que busca reactivar la economía y la inversión en las regiones. Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Obtenido de https://www.urf.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-039949%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
• MinCIT. (2020). Informe de Gestión del Sector Comercio, Industria y Turismo. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
• MinCIT. (2020). Medidas implementadas COVID-19 . Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
• MinHacienda. (2023). Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
• MinHacienda. (2022). Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
• MinCIT. (18 de Marzo de 2022). Extienden hasta 2023 beneficios del Plan Vallejo Exprés. Obtenido de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/extienden-a-2023-beneficios-plan-vallejo-expres#:~:text=Hay%20que%20recordar%20que%20el,Duque%20frente%20a%20la%20pandemia.

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