LOS INGRESOS QUE PERCIBE EL ESTADO POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES DENOMINADOS RECURSOS DE REGALÍAS, SUSCITAN UN GRAN DEBATE EN NUESTRO PAÍS. Para la mayoría son la vía al desarrollo regional y al crecimiento económico; para otros, nada justifica la amenaza latente al medioambiente.

Lo cierto es que Colombia ha generado importantes ingresos por este concepto en los últimos ocho años. Estos recursos, que sobrepasan los 65 billones de pesos, alcanzaron el pico en el bienio 2019-2020 con 18,5 billones de pesos, lo que significó el 1,3 % del Producto Interno Bruto en 2019.

Con el presupuesto del bienio 2021-2022, que se proyecta en más de 15 billones de pesos, comienza un nuevo rumbo para la inversión de las regalías en las regiones, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Ley 2056 de 2020, que conserva los aspectos positivos del actual régimen y busca mejorar puntos relacionados con la distribución, clave para compensar los impactos negativos en las regiones productoras.

También se debe recalcar la apuesta por mejorar el funcionamiento en el ciclo de los proyectos de inversión, que reasigna funciones entre sus órganos, así como prioriza la inversión para garantizar la cobertura en sectores como saneamiento básico, electrificación, gasificación por redes, educación, conectividad a internet, infraestructura educativa, hospitalaria y vial y la generación de empleo formal.

COMO DEPARTAMENTOS Y DESDE NUESTRA FEDERACIÓN BRINDAREMOS EL APOYO Y LA ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA PARA ASUMIR LOS NUEVOS RETOS QUE PRESENTAN LA INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS REGALÍAS EN COLOMBIA

Lo cierto es que, después de tres reformas constitucionales, dos regímenes legales y sesenta acuerdos expedidos por la Comisión Rectora se llega a un punto de equilibrio en la distribución de los recursos y a un funcionamiento mixto de los dos sistemas anteriores, basado en lecciones aprendidas, que seguramente ayudarán a una mejor y más eficiente ejecución de los recursos.

Como departamentos y desde nuestra federación brindaremos el apoyo y asistencia técnica necesarios para asumir los nuevos retos que presentan la inversión y ejecución de las regalías en Colombia. Avanzaremos y pondremos en marcha ejercicios de planeación serios, democráticos, participativos, concertados e incluyentes, con el fin de identificar y priorizar las iniciativas de inversión por cada una de las fuentes de financiación.

Adicionalmente, responderemos al desafío de fortalecer los equipos técnicos para que esos ejercicios de planeación se conviertan en procesos de estructuración y formulación de proyectos, y así trabajar de la mano con el Gobierno Nacional para optimizar las herramientas que permitan el uso efectivo de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), como es el reporte oportuno de información a través de los aplicativos o métodos que se definan para esto y, además, designar para la ejecución entidades idóneas que tengan un adecuado desempeño.

Sin duda, la nueva reglamentación de regalías incluye un perfil más social y muestra, de entrada, la vocación de convertir esos recursos en una fuente vital para las entidades territoriales, como una renovada fuerza dinámica que le dará impulso a la reactivación de nuestra economía, tan duramente golpeada por la pandemia.

Esta función social también se evidencia en la preponderancia que ahora tiene el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el cual tiene más peso que el índice de población con un 50 % sobre un 40 %. Finalmente, el 10 % restante será equivalente al índice de desempleo que ahora tiene más importancia que nunca.

En mi calidad de gobernador de Santander, primero, y ahora como director ejecutivo de la entidad, he sido testigo y partícipe de los esfuerzos desplegados por la Federación Nacional de Departamentos (FND) para conseguir una reglamentación del SGR que responda a las necesidades de las regiones y de sus comunidades. También, de las sinergias generadas entre el Gobierno Nacional, las gobernaciones y los municipios. Estos esfuerzos se traducen hoy en logros tangibles.

Primero, logramos que el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación continuara, pues sin duda alguna, al día de hoy es la referencia del triángulo de buen gobierno, que cuenta con participación de los gobernadores, universidades y Gobierno Nacional. Adicionalmente, logramos que las convocatorias para la aprobación de proyectos se realizaran de manera concertada y armónica con los Consejos Departamentales de Ciencia Tecnología e Innovación (Codectis), en los que la vocación regional y territorial es fundamental.

En esa misma medida resultó decisiva la posibilidad real de incluir en la política de inversión del Fondo de CTeI, la financiación digitales para afrontar la realidad y el avance tecnológico que, como resultado de la pandemia, se muestra más necesario que nunca.

Otro desarrollo significativo se relaciona con la conformación legal de la instancia de decisión para los recursos del Río Grande de la Magdalena, conformada por Cormagdalena, dos gobernadores y dos alcaldes, que antes estaba reglamentada por medio de decreto. Este será un esfuerzo conjunto y concertado con el Departamento Nacional de Planeación para la eficiencia y eficacia de la inversión con cargo a estos recursos.

Por último, y no menos importante, por primera vez la federación tendrá voz dentro política general, evaluar su ejecución y dictar, mediante acuerdos, las regulaciones y lineamientos de carácter administrativo orientados a asegurar el adecuado funcionamiento del sistema. La participación de la FND permitirá fortalecer la voz de las regiones en dicha instancia, y contribuirá a garantizar el enfoque territorial del SGR.

En conclusión, la reforma, concebida de esta manera, está llamada a darles mayor participación a las regiones, hecho que se encuentra alineado con el propósito nacional de generar una fase de reactivación económica exitosa para la superación de los retos y desafíos impuestos por la pandemia. EC

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