Colombia nunca estuvo tan cerca de lograr, como lo está hoy, que uno de los inventos tecnológicos más importantes para el desarrollo social, cultural y económico de las naciones, el internet, se convierta en una de las herramientas más efectivas al servicio de la lucha contra la corrupción.

Ese gran paso se dio el pasado 25 de julio, fecha en la que el presidente de la República, Iván Duque, sancionó la Ley 1978 de 2019, que crea las condiciones para que el 70 % de los hogares colombianos esté conectado y pueda  integrarse al país y sus instituciones, al tiempo que contribuya al desafío de encontrar formas de innovación capaces de detectar las huellas que deja la corrupción a su paso.

En este primer año de gobierno, desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) hemos hablado en términos concretos de lo importante que es el cierre de la brecha digital en la construcción de una nación con mayor legalidad, emprendimiento y equidad, no solo para acelerar el progreso del país, sino también para que Colombia dé el gran salto hacia la era digital, en la que se podrá empoderar al ciudadano como un nuevo veedor digital.

Esos tres pilares soportan la política del presidente Duque para garantizar no solo el dinamismo de una economía moderna sino, en nuestro caso, también la construcción de un ambiente digital que haga del fácil acceso a la información y del uso de los datos abiertos, una herramienta de transparencia y análisis, de generación de nuevos conocimientos y servicios capaz de brindar una visión clara de lo que pasa en el país.

Los datos abiertos son información pública generada por las entidades del Estado y difundida en formatos de fácil acceso, para que cualquier persona la pueda usar, reutilizar o aprovechar sin restricción en cualquier momento y lugar. De allí la importancia de aprovecharlos a través de la analítica o de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), para identificar patrones de corrupción y alertas, y analizarlos como temas correlacionados.

Desde 2011 avanzamos en la creación e implementación de la iniciativa de datos abiertos en el Ministerio TIC. En los últimos años estuvimos avanzando en los desafíos de acceso, disponibilidad y estandarización de los mismos. Hoy, nuestro mayor reto es el uso y aprovechamiento de la información porque contamos con más de 10.000 conjuntos de datos dispuestos en el portal www.datos.gov.co.

Pero no basta con tener una diversidad de cifras y datos abiertos: es necesario que sean de calidad, accesibles, comprobables e interoperables para lograr un trabajo conjunto y coordinado de todos los sectores de la sociedad y eso solo se logra si conseguimos una Colombia mejor conectada.

En ese sentido, la unión de las instituciones y de la ciudadanía como fuerza veedora en la lucha contra la corrupción es fundamental en el esfuerzo por erradicar este fenómeno en cada uno de nuestros 1.122 municipios.

Y es que, según la Contraloría General de la República, por concepto de corrupción o uso inadecuado de los recursos públicos, se le adeudan al Estado $3,4 billones, tres veces el presupuesto de inversión en salud y protección social de 2017 y 2018.

Sin embargo, ante este panorama, desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones trabajamos para que la conectividad y el acceso a la información, específicamente a los datos abiertos, se convierta en una de las herramientas por excelencia contra este fenómeno.

De hecho, en la medida en que se haga más transparente, rápido y de calidad el acceso a información clave en temas como contratación, conflictos de intereses, donaciones, cabildeo, sanciones, entre otros, los ciudadanos, la sociedad civil y, por supuesto, los entes de control y el Estado vamos a poder tomar mejores decisiones, anticiparnos a hechos donde se presente corrupción y sancionar de manera oportuna.

Con todo ese esfuerzo y la gran “ola” de conectividad que se avecina para los colombianos el próximo año, podremos acelerar el proceso de identificación de patrones que nos servirán de base para crear modelos, programar máquinas y construir sistemas de alertas.

Actualmente, el Ministerio de las TIC y la Organización de Estados Americanos (OEA) lideramos en la región la implementación del Programa Interamericano de Datos Abiertos contra la Corrupción (PIDA), que busca fortalecer las políticas de apertura de información e incrementar la capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate a este flagelo.

Esta iniciativa establece unas líneas de acción claves entre las que se destaca la apertura de información estratégica que permita, a partir de su uso, la identicación y la prevención de riesgos de corrupción.

En este trabajo, el Gobierno Nacional está comprometido con dejar a disposición de la ciudadanía y de los países miembros del PIDA, la mayoría de conjuntos o bases de datos de fácil acceso y consulta, además de crear un modelo propio de uso que nos permita visibilizar de manera permanente el estado de esos datos, alertar a partir del uso y los cruces de esa información y territorializarla.

El pasado 25 de junio y gracias a la OEA, Colombia lideró la realización del foro internacional de lucha contra la corrupción de ese organismo, donde el gobierno demostró que en 12 meses hemos trabajado en la creación de un ambiente que permita que los datos abiertos se vuelvan más accesibles para la sociedad civil, la academia y el sector privado.

Además, el foro nos permitió trabajar con los países miembros de la OEA en la implementación de las acciones del PIDA, y fuimos conscientes de los grandes desafíos que representa en la región ser gobiernos abiertos, ser gobiernos transparentes. Otro ejemplo es Océano, una central de información contractual que realiza una labor de depuración y analítica de datos enfocado en la gestión contractual del Estado. Brinda insumos para identicar posibles nichos de corrupción y proporciona información en tiempo oportuno para identicar comportamientos atípicos.

Océano está liderada por la Contraloría General y usa información del Secop I y II, el Sistema Integral de Auditoría (SIA) de la Auditoría General de la República, en el que reside información de las contralorías territoriales; el SIVICOP con información de la contratación del Distrito Capital; el SIRECI con datos correspondientes a los fondos o bienes de la Nación objeto de control fiscal por parte de la Contraloría General; el Boletín de Responsabilidad Fiscal; Confecámaras; entes sancionatorios (Supersociedades, Procuraduría, Contaduría); Colombia Compra E ciente y la DIAN para identicar a los integrantes de los consorcios.

Uno de los resultados más relevantes hasta el momento son las mallas empresariales, estructuras identificadas dentro de los 7,1 millones de contratos analizados entre el 2014 y el primer trimestre de 2019, que demuestran que el 27,9 % de los recursos analizados, por valor de $ 171,7 billones, han sido asignados a contratistas que se repiten, actúan camuflados detrás de consorcios, uniones temporales, o tienen una llamativa multiplicidad de objetos contractuales.

Es evidente que los resultados obtenidos en toda América Latina en esta materia son un llamado a la región para realizar más y mejores estrategias. Necesitamos tener contundentes y rápidas y estos espacios de conversación, de intercambio de buenas prácticas -e incluso de experiencias fallidas– nos ayudan a crecer y unirnos como región.

Para combatir la corrupción necesitamos instituciones fuertes, libertad de prensa y ciudadanos empoderados, y la conectividad, el uso de la tecnología y el acceso a la información, a los datos abiertos, es fundamental. En el país estamos comprometidos con la transformación digital y la conectividad porque sabemos que potencia estos procesos de lucha contra la corrupción.

De hecho, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, coordina los esfuerzos en esta materia debido a la relevancia del tema para el Gobierno Nacional. Sin embargo, cada cabeza de sector está trabajando en ese sentido.

Desde las TIC, área que tengo el honor de dirigir, desempeñamos un papel fundamental para contribuir con todos los demás sectores. Somos una herramienta, un medio para lograr estos fines no solo de lucha contra la corrupción sino de desarrollo de oportunidades y posibilidades para todos los colombianos.

De ahí que el desafío por integrar al país mediante la conectividad es que no solo ayude a la transformación económica, social y cultural, sino a crear nuevas herramientas de lucha que impidan el desfalco del erario

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