Un lucro cesante del proyecto Hidroituango, por su no entrada en operación, por $1,1 billones, y otro por ineficiencia e ineficacia en la gestión fiscal -destrucción del valor del proyecto- en cuantía de $2,9 billones, hacen que las pérdidas de este proyecto asciendan a $4 billones, según un informe de la Contraloría General de la República.

En un control excepcional, el organismo encontró que “la gestión de la gerencia y control del mismo no solo ha incumplido los objetivos que se propuso en materia de resultados físicos y financieros, sino también los principios de eficiencia y eficacia”.

Señala el informe que el proyecto Hidroituango, conforme al cronograma debía empezar la generación al finalizar 2018, sin embargo, a la fecha de cierre de la actuación, aún no tiene un valor definitivo de las inversiones y no ha cumplido el fin propuesto porque no ha generado un kilovatio de energía.

Otros hallazgos ponen al descubierto situaciones de riesgos de daño o deterioro de algunos equipos, mayores costos por almacenamiento de los que no se han podido poner en servicio, riesgos de estabilidad en algunas zonas, grietas dentro del macizo de casa de máquinas y modificaciones contractuales que vulneran el principio de planeación.

Además, se evidenciaron debilidades en los estudios técnicos tanto en obras de la logística inicial, como de las obras principales, que ocasionaron modificaciones a los contratos por mayores cantidades de obras, inclusión de nuevos ítems, rediseños y cambios de técnicas constructivas, lo que generó mayor tiempo y costos para el proyecto.

Otro aspecto revelado por el informe es que la valoración económica que actualmente hace EPM del proyecto contempla que en años siguientes se recuperará, a través de las pólizas, un daño emergente y un lucro cesante que, de no recibirse, afectará negativamente las expectativas económicas que se tienen sobre el proyecto a mediano y largo plazo.

De igual manera, el control realizado evidenció que una de las decisiones tomadas por EPM que mayor impacto causó al proyecto, fue la no construcción de las guías de las compuertas de cierre de los túneles de desviación lo cual se reflejó en un aumento de los costos del proyecto y en la entrada en operación y generación del proyecto.

Así mismo, los auditores de la Contraloría cuantificaron en cerca de $839.454 millones la afectación patrimonial que trajo la decisión de permitir el paso del río Cauca por la casa de máquinas y las consiguientes situaciones que ocasionó: daños en la infraestructura y equipos, así como afectaciones ambientales y sociales.

Otro de los ítems revelados por la Contraloría es que en un análisis comparativo de los costos en dólares por kilovatio instalado en proyectos hidroeléctricos comparables y empresas generadoras de energía como Hidroituango, en el mercado nacional e internacional, se concluye que el proyecto presenta el costo de inversión más alto del grupo de análisis, con el agravante que aún no ha entrado en operación y en consecuencia las inversiones seguirán aumentando hasta la terminación del proyecto y puesta en operación.

“Como resultado de la aplicación de la metodología del criterio de periodo de recuperación descontado, al modelo de la línea base, la recuperación de la inversión sería de aproximadamente 35 años, mientras que en el modelo financiero versión P6.3. Anexo 8, y considerando un valor terminal, el proyecto tendría un valor presente negativo de -$5.716,66 miles de millones, por lo que se concluye que aún con un flujo de ingresos netos a perpetuidad (valor terminal) no es posible establecer un periodo finito para la recuperación de la inversión de capital en activos en el proyecto”, señala el informe del organismo de control.

EPM responde

Luego de conocerse el informe de la Contraloría, EPM respondió a través de un comunicado, señalando que “el proyecto hidroeléctrico Ituango sigue siendo viable en lo técnico y en lo financiero. Es indispensable para la seguridad energética de Colombia y, algo que es muy importante, cuenta con una nota de cobertura del seguro emitida por la aseguradora Mapfre, fundamentada, entre otras consideraciones, en no haberse evidenciado hechos de negligencia o dolo durante la construcción del proyecto”.

Añadió la empresa que para EPM, el proyecto Hidroituango es una obra de infraestructura clave para el desarrollo del país. Su entrada en operación comercial, que de acuerdo con las premisas actuales será a finales de 2021, permitirá generar el 17% de la energía del país, con tecnología limpia, confiable, segura y de bajo costo, y traerá consigo múltiples beneficios para los colombianos.

También manifestó que las obras han cumplido con las especificaciones técnicas, planos de construcción y programas de obra, utilizando el rigor técnico y administrativo que demanda un megaproyecto de esta envergadura. De hecho, en el momento de la contingencia, 28 de abril de 2018, se estaba cumpliendo con el cronograma de ejecución y con el presupuesto estimado.

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