Los retos que tenemos como sociedad son el gran calado. Por un lado, se requiere mayor dinámica en la inversión pública y privada para irrigar la economía de recursos que promuevan el crecimiento de la industria, el empleo y el consumo. Del otro, se requiere ganarle la batalla a la corrupción para proteger el patrimonio público y construir la confianza necesaria para sacar adelante los proyectos colectivos que Colombia debe impulsar para su modernización, crecimiento y bienestar de su población.

La corrupción es un mal enquistado en nuestra sociedad con efectos profundos en la con anza, el desarrollo y la estabilidad de las instituciones. Ganarle la batalla demanda utilizar todas las herramientas necesarias que permitan proteger con celo los recursos públicos.
A la vez, atacar males que han permeado nuestra cultura y afectan el crecimiento, como la alta informalidad, la intolerancia, la inobservancia de los deberes cívicos, el irrespeto por las obligaciones adquiridas y, en general, el incumplimiento de la ley.

Sin duda, hay que poner de relieve que la corrupción se propicia en un ambiente de caos de las reglas, baja credibilidad en la justicia e informalidad. Se requiere poner en marcha acciones que ataquen la ilegalidad, propicien la formalidad y promuevan la equidad. Es preocupante, por ejemplo, que nuestro país tenga una población económicamente activa similar a la de España, pero que mientras allá declaran 18 millones de personas, en Colombia a duras penas lo hagan 3 millones. Este estado de cosas atenta contra la sosteni- bilidad scal y el bienestar social.

El objetivo es cerrar barreras frente a la informalidad a partir de una mejor comprensión de sus causas y consecuencias, dado que es uno de los ‘tentáculos’ que hay que atacar para ganarle la partida al pulpo de la corrupción y superar este pesado lastre para la competitividad del país. Es necesario combatir de manera integral los factores que inciden en la informalidad, principalmente de tipo cultural, regulatorios y de articulación para lograr una mayor efectividad en las políticas de formalización.

Por lo tanto, es clave que los colombianos entendamos que la informalidad tiene una relación directa con la corrupción y la ilegalidad, y que es indispensable propiciar la formalidad tanto empresarial como de mercado y consumo si queremos un país donde se juegue verdaderamente limpio. Para ello, no se deben escatimar esfuerzos en programas de cultura, de formalidad y legalidad, aun desde la primera infancia.

La sofisticación de las redes delincuenciales demuestra que no existe sector que se encuentre indemne de este fenómeno y, en la mayoría de los casos, pone en evidencia la relación perversa entre agentes privados y públicos.

La pérdida de oportunidades para la economía por culpa de la malversación de los recursos públicos o su ineficiente gasto es un freno para el aparato productivo, pues impide construir una eficiente plataforma de fomento, logística y servicios para la actividad empresarial, con la consiguiente pérdida de bienestar para la población, reflejada en menos oportunidades laborales o una menor oferta de productos o servicios y a mejores precios.

Es, entonces, en la lucha contra la corrupción donde radica uno de los principales compromisos de la sociedad y del Estado colombiano. Una tarea en la que no basta con endurecer las sanciones o con expedir regulaciones restrictivas, que siempre dejan fisuras por donde los corruptos encuentran nichos de comodidad

Es preciso que el Estado y sus instituciones también se fortalezcan para luchar contra este mal e ir más allá, sobre todo cuando las medidas habituales no arrojan resultados e caces.

Tecnología contra la corrupción

En este marco, constituyen un gran avance las acciones que viene liderando la Contraloría General de la República para sofisticar la vigilancia de la administración de los recursos públicos, a través de la tecnología.

La plataforma Océano es un paso correcto en este sentido, dado que abre nuevas oportunidades de ser asertivos en la identificación de las modalidades de corrupción, aun las más sofisticadas.

Se trata de una central de información contractual que utiliza herramientas como la analítica de datos y el cruce de información de diferentes fuentes, para identificar patrones y huellas que dejan las redes criminales que pretenden capturar el Estado y sus recursos para beneficio particular.

Océano usa información de distintas fuentes como Secop, Sivicof, Sireci y de otras entidades, entre ellas las cámaras de comercio a través de los registros empresariales que administran. El principal es el registro mercantil, que es operado desde 1931 por las cámaras de comercio, en uno de los mejores ejemplos de descentralización por colaboración, en la que el Estado otorgó su administración a estas instituciones que nacieron hace 140 años, y hoy son 57 con un cubrimiento de toda la geografía nacional, desde La Guajira hasta el Amazonas y desde San Andrés hasta Nariño, desempeñando un papel fundamental como agencias de desarrollo regional y empresarial.

Asimismo, cobra una vital importancia la información del Registro Único de Proponentes (RUP), en el cual se encuentra la experiencia y la actividad contractual de los sujetos que habitualmente hacen negocios con el Estado.

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), en la guía legislativa sobre los principios fundamentales de un registro de empresas, afirma que “la inscripción registral otorga a las empresas mayor visibilidad, no solo en el mercado, sino también para los estados”. Agrega que “es indispensable que esa información sea de alta calidad, esté actualizada y sea able”, es decir, recomienda su renovación periódica y con dato fidedignos.

Colombia tiene la fortuna de contar con la información actualizada de su sector empresarial formal, a partir de los registros que administran las cámaras de comercio, cuya razón de ser no es solo ser memoria histórica del sector real de la economía, dar fe de este y brindar confianza a la actividad empresarial, sino ser fuente de información actualizada para la toma de decisiones de calidad como insumo fundamental de estrategias públicas y privadas y la lucha contra la ilegalidad.

Esperamos que los avances en materia de tecnologías de la información permitan identificar nuevos campos en donde se requiere hacer esfuerzos para conocer, entender e interpretar los fenómenos de corrupción y permitir al Estado desarrollar acciones más efectivas.

La tecnología debe ser el medio, pero la información tiene un papel fundamental para encontrar los nichos, los instrumentos y los medios que usan los delincuentes para camuflar los actos de corrupción.

Es necesario pensar en el valor agregado de la información como un instrumento para la transparencia y la competitividad del país. Bienvenidas las acciones desde la Contraloría General de la República para fortalecer la lucha contra la corrupción con el uso de la plataforma Océano que, unida con información de distintas fuentes de datos, permitirá combatir redes organizadas para defraudar al Estado.

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