Una denuncia en junio de 2022, realizada por un profesional de la salud, quien alertó sobre la falsificación de su firma en certificados de incapacidad, fue el punto de partida para el millonario hallazgo fiscal que la Contraloría General de la República detectó el pasado mes de mayo en una auditoría financiera realizada al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez”, Icetex, para la vigencia 2022.

En el Informe Final de Auditoría Financiera No. 14 del 16 de junio de 2023, la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, anunció seis hallazgos, de los cuales cuatro tienen presunta incidencia disciplinaria y tres con incidencia fiscal por un monto total de $115.723.745.399.

“En junio de 2022, un oftalmólogo nos alertó que estaban utilizando su firma, presuntamente falsa, para acreditar una serie de condiciones de discapacidad ante el Icetex y, en ese sentido, denunció que esa firma no era de él y que él no estaba reportando esas incapacidades. Eso nos dejó una alerta de que algo no estaba funcionando bien”, explicó Andrey Geovanny Rodríguez, contralor delegado para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte.

Ese hecho coyuntural, que en la teoría fiscal del análisis micro se cataloga como riesgo fiscal, dio paso a una indagación preliminar en la dirección de vigilancia fiscal de la delegada del Sector Educación. Cuando la entidad de control estructuró el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal 2023, tomaron ese antecedente en el Icetex y decidieron revisar las líneas de crédito institucional que atiende esa entidad a la población con discapacidad.

El proceso auditor, según explicó el doctor Rodríguez, arrancó a mediados de enero y hacia el mes de marzo empezamos a identificar serias irregularidades en las personas que estaban siendo beneficiarias. “Revisamos todos los giros de esa línea que se hicieron en 2022 y pudimos establecer que se hicieron 10.211 pagos, los cuales certificamos con nombre y cédula de los beneficiarios y cruzamos con la base de datos del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud. En tres oportunidades, el Ministerio nos certificó que, de las 10.211 personas, solamente 147 eran personas discapacitadas y las demás no aparecían en el registro oficial de discapacidad”, dijo.

Para el contralor delegado en el sector de Educación, “la Contraloría determinó el daño fiscal por la totalidad de los giros, sin el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos para ello, que se hicieron a las personas que no cumplían los requisitos y los reglamentos internos del convenio entre el Ministerio y el Icetex”. Tras el informe de la Contraloría, el Icetex tomó la decisión de suspender los giros de estos créditos para el segundo semestre de 2023.

“Identificamos un hecho negligente que lleva a que recursos públicos que están destinados para personas con situaciones especiales, no les están llegando”, explicó el doctor Rodríguez, quien concluyó que “si el Icetex hubiera verificado y cruzado las bases de datos, no le hubiera girado esos auxilios a 10.064 personas que no están en esas bases de datos”.

Además del hallazgo de los créditos con 0% de tasa y beneficio de sostenimiento, la Contraloría pudo evidenciar dos irregularidades más. En el programa “Generación E - Componente Equidad”, el Icetex efectuó 139 giros por $185.902.127 a beneficiarios que no cumplieron con el requisito de puntaje en el Sisbén y 26 giros por $25.830.197 a beneficiarios fallecidos. Los giros fueron autorizados por Mineducación y se constituyeron en daños al patrimonio público en más de $210 millones.

RECUADRO

Lo que sigue en el proceso

El ejercicio de auditoría implica una primera fase que culminó con la liberación del informe en junio pasado. Ahí se determina una presunta responsabilidad de tipo fiscal, disciplinario o penal, si llegara a verla. Ese es el insumo principal para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal en relación con el daño al patrimonio público.

La Dirección Delegada para la Educación está analizando si inicia una misión especial de fiscalización sobre los años anteriores donde se pudo haber presentado una situación similar o si se adelanta una indagación preliminar. Esto sin perjuicio que en enero de 2024 se investigue la vigencia 2023.

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