El presente artículo tiene como finalidad exponer la ineficacia e inequidad en las acciones del Estado para atender a personas con discapacidad (PcD) en salud, educación, habilitación/rehabilitación e inclusión laboral a partir de los resultados obtenidos por la Contraloría General de la República (CGR) en la evaluación del eje No. 4 de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social (PPDIS) realizada por la Dirección de Estudios Intersectoriales de Políticas Públicas Focalizadas.

Situación de la población con discapacidad en Colombia

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), define la discapacidad como un fenómeno complejo que involucra las características del organismo humano, de la sociedad y las interacciones entre estas. Este término abarca aspectos como las restricciones de participación, deficiencias y limitaciones de las actividades a las que se ve sometida una persona.

En Colombia, el concepto de discapacidad ha evolucionado a través del tiempo, pasando de una perspectiva netamente médica hacia una visión más amplia y de carácter social. Inicialmente, la discapacidad era tomada como una enfermedad o una característica propia de la persona que la posee. Ahora, el concepto trasciende e involucra dimensiones más allá de la propia morfología o limitaciones de la PcD, tales como el entorno, la sociedad y la cultura sobre la cual se desenvuelve el individuo.

De acuerdo con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV,2018) el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indicó que, en Colombia hay 3.128.613 de PcD.

Respecto a la proporción de PcD según su edad, el DANE reporta que por cada 100 personas que presentan alguna dificultad para realizar sus labores, 21 de ellas tienen 60 años o más (Gráfica 1).

Gráfica 1. Proporción de PcD según grupo de edades.

De acuerdo con el informe “El estado actual de la medición de la discapacidad en Colombia”, el DANE manifiesta que 439.000 PcD se encuentran trabajando de un total de 1.951.000 en edad laboral, cifra que representa el 22,5%. Las mujeres se dedican en la mayoría de los casos a oficios del hogar y tienen menor porcentaje de participación en la vinculación laboral.

No obstante, es necesario resaltar que, el país no cuenta con un sistema de recolección de información estadística confiable relativo a la discapacidad. Lo anterior, debido a que en diferentes entidades del Estado no existe uniformidad de criterios para registrar la variable de discapacidad; como se evidencia en el Censo DANE 2018 que registra 3.128.613 PcD, mientras que el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), administrado por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) establece 1.448.889 PcD.

De otra parte, es pertinente señalar que, las PcD enfrentan diferentes problemáticas que afectan sus derechos individuales y colectivos, tales como discriminación y desconocimiento de sus capacidades; respuesta inadecuada en los servicios de salud; barreras de acceso a la educación formal, al trabajo y proyectos de emprendimiento, al entorno físico, social, económico, político y cultural; dependencia económica y baja autoestima; limitación del desarrollo de sus potencialidades, sus familias y cuidadores e incipiente información sobre datos estadísticos.

Igualmente, al respecto de las áreas de salud, educación, habilitación/rehabilitación e inclusión laboral se resaltan las principales problemáticas, así:

Salud

° Repuesta inadecuada en los servicios de salud por dificultades en la accesibilidad, debido a que las instalaciones de los centros de atención no cuentan con la infraestructura, adecuaciones y ajustes razonables para la movilidad de la PcD.

° Falta de capacitación a personal médico y administrativo en los centros de atención, adicional a la falta de intérpretes que faciliten la prestación de los servicios de salud.

Educación

° Carencia de herramientas tecnológicas, déficit y falta de formación de maestros y personal de apoyo, dificultades en la priorización de PcD en aspectos educativos y pedagógicos, uso de aulas segregadas, falta de espacios especializados, así como carencia de soporte para implementación de ajustes razonables, situaciones que impiden el acceso y/o permanencia en el sistema educativo, además de falta de articulación y acciones de política pública para garantizar el derecho a la educación de las PcD.

° El 37% de las PCD en edad escolar no asisten a un establecimiento educativo.

° Apenas el 17% de las PcD han culminado estudios de bachillerato y únicamente el 3,4% ha alcanzado estudios técnicos, tecnológicos y/o profesionales.

Habilitación/Rehabilitación

° Barreras para movilizarse en la infraestructura urbana, en el transporte y acceder a la información y las comunicaciones.

° Falta de apoyo y cuidado para la promoción de la vida independiente.

Inclusión laboral

° La brecha entre personas con y sin discapacidad (PsD) alcanza los 22,6 puntos porcentuales, en contra de aquellas en situación de discapacidad. Dado que sólo el 27,6% de las PcD realiza actividades remuneradas, frente al 50,2% de las PsD.

° Entre las PcD en edad de trabajar, el 21,9% participó en la fuerza laboral entre abril y diciembre de 2021, en comparación con el 63,6% de PsD, lo que muestra la brecha de inclusión laboral de la PcD.

° El 91% de las PcD perciben ingresos inferiores al SMLV.

° La inserción laboral de PcD evidencia empleos de menor calidad: El empleo público es comparativamente menor y hay segregación ocupacional, pues los hombres se dedican a labores agrícolas y las mujeres al trabajo doméstico y como trabajadoras familiares sin remuneración.

Ahora bien, como parte de la respuesta institucional para atender las problemáticas detalladas, se tiene que el Estado Colombiano ha adelantado acciones administrativas y de gestión a fin de contribuir a la solución de estas dificultades que las aquejan.

Acciones del Estado Colombiano en beneficio de la población con discapacidad

El Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia (CPC) establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades (…) El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado reconoce a este grupo poblacional como sujetos de especial protección y define que deben ser tratados con enfoque diferencial. Mediante la Ley 1346 de 2009, el Estado ratificó la Convención sobre los derechos de las PcD cuyo propósito es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las PcD y promover el respeto de su dignidad inherente”.

Así mismo, la Ley 1618 de 2013 estableció las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de derechos de las PcD, mediante la adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas y de ajustes razonables eliminando toda forma de discriminación por razón de la discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009.

En el mismo sentido, el Decreto Ley 2011 de 2017 reglamenta el porcentaje de vinculación laboral de PcD en el sector público y la Ley 1996 del 2019 establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de PcD mayores de edad.

Así las cosas, la acción estatal ha estado dirigida hacia la construcción y creación de mecanismos que permitan el reconocimiento de las PcD como sujetos de derechos de especial protección constitucional y en facilitar estrategias dirigidas a promover su participación en la vida política y pública.

Con base en estos elementos el Estado a través del MSPS formuló la PPDIS la cual se fundamenta en el enfoque de derechos humanos, con el objetivo de asegurar el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de las PcD, sus familias y cuidadores. La PPDIS Está estructurada en 5 ejes estratégicos y 17 líneas de acción (Gráfica 2).

Gráfica 2. Estructura de la PPDIS

La implementación y seguimiento de la PPDIS está a cargo del Sistema Nacional de Discapacidad (SND) el cual está conformado por el Consejo Nacional de Discapacidad (CND), los Comités Territoriales, Entidades Sectoriales, Organismos de Cooperación, Organizaciones Sociales de Discapacidad (OSD), la sociedad civil, diferentes Ministerios y la Presidencia de la República, a través de la Consejería Presidencial para la Participación de PcD.

Ahora bien, como parte de la respuesta institucional para atender las problemáticas, el Gobierno Nacional adelantó las siguientes acciones administrativas y de gestión con el fin de contribuir a la solución las cuales fueron analizadas y evaluadas por la CGR, como se detallan a continuación:

Línea de Salud: Cuenta con tres objetivos y cuatro acciones; los cuales son responsabilidad del Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de salud, así:

1-  Incluir en los planes de beneficios el suministro de los servicios y tecnologías de apoyo y dispositivos para la habilitación y rehabilitación funcional de las PcD. Cuenta con dos acciones:

° Incluir en los planes de beneficios obligatorios, plan decenal de salud pública, atención primaria en salud (APS) y planes de intervenciones colectivas (PIC), el suministro de todos los servicios y tecnologías de apoyo y dispositivos para la habilitación y rehabilitación funcional para PcD.

° Expedición de acto administrativo reglamentario para actualizar los servicios y tecnologías de salud financiados por con recursos de la unidad de pago por capitación (UPC).

2-  Incorporar indicadores de discapacidad en las auditorías para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud – PAMEC46. Este objetivo no cuenta con acciones para su cumplimiento.

3- Diseñar e implementar mecanismos de articulación, seguimiento, monitoreo y establecer sanciones para las EPS e IPS, o quien haga sus veces, que nieguen o dilaten la atención en salud, con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios de salud. Está compuesto por dos acciones:

° Auditoría de cumplimiento vigencia 2018-2021.

° Sanciones para las EPS, IPS o quien haga sus veces que nieguen la atención a las PcD.

Línea de educación: El Ministerio de Educación, el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y el ICBF se hacen responsables de 6 objetivos y 11 acciones, así:

1- Modificar los currículos educativos para incluir orientaciones sobre actividad física, educación física incluyente y deporte paralímpico en conjunto con federaciones, ligas paralímpicas, organizaciones de y para PcD y entidades territoriales del deporte y la recreación.

2- Implementar las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad física, comunicacional e informativa a los escenarios y prácticas deportivas y recreativas para la participación de PcD.

3- Garantizar la alfabetización de la población adulta en condición de discapacidad, incluyendo docentes. Tiene dos acciones:

° Formular lineamientos de formación a docentes para la atención de PcD.

° Implementar el programa nacional de alfabetización para PcD, realizando diseños y ajustes curriculares pertinentes.

4- Garantizar los apoyos necesarios para la inclusión educativa durante el año lectivo y definir estrategias para la participación de PcD. Estableció 7 acciones.

° Realizar capacitaciones dirigidas a ILS, acción a cargo del SENA.

° Aumentar el acceso a la educación formal de las personas sordas a cargo del Instituto Nacional para personas Sordas (INSOR).

° Asesorar a las secretarías de educación para la implementación de la oferta bilingüe y bicultural para sordos.

° Implementar ambientes virtuales de aprendizajes especializados para sordos y construir contenidos educativos pertinentes para las personas sordas.

° Implementar el programa mejoramiento de las condiciones para el goce efectivo del derecho a la educación de la población sorda a nivel nacional, que consiste en asesorar a las secretarías de educación para la implementación de la oferta bilingüe y bicultural para sordos e implementar ambientes virtuales de aprendizaje especializados para esta población y construir contenidos educativos pertinentes.

° Implementar el programa generación de herramientas y orientaciones para promover el goce efectivo de derechos de la población sorda a nivel nacional.

° Desarrollo de investigaciones y convenios que permitan obtener información de la población sorda (INSOR).

5- Fortalecer la atención a familias de PcD en situación de vulnerabilidad a cargo del ICBF. Este objetivo se desarrolló a través del Programa UNAFA/ Mi Familia.

6- Garantizar apoyos necesarios para la inclusión educativa durante el año lectivo y definir estrategias para la participación de niños, niñas y adolescentes (NNA) excluidos del sistema educativo en razón a su discapacidad. Planteó 2 acciones

° Creación e implementación del programa |Consentidos TIC (MINTIC).

° Prestar servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad a cargo del INCI.

Línea de Habilitación/Rehabilitación: Carece de objetivos y acciones en la política pública. No obstante, el Ministerio de Deporte y el ICBF realizaron las siguientes actividades:

° Programa de acompañamiento familiar psicosocial – Mi Familia (2019-2022)

° Desarrollo del sistema paralímpico para liderazgo deportivo.

° Unidades de apoyo y fortalecimiento a familias – UNAFA (2018-2019).

Línea Inclusión Laboral: Está compuesta por 3 objetivos y 9 acciones a Cargo del Ministerio de trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el SENA:

1- Definir mecanismos para el acompañamiento en la fase inicial de inserción laboral y acceso a la formación de trabajo de jóvenes con discapacidad. Tiene 7 acciones:

° Incrementar el número de PcD empleadas para el teletrabajo.

° Realizar divulgación y promoción de los derechos fundamentales de los trabajadores

° Asesorar y acompañar a los buscadores de empleo con discapacidad

° Asesorar empresarios sobre inclusión laboral

° Implementar estrategias de inclusión laboral para PcD

° Mejorar el servicio de formación profesional

° Incrementar la vinculación de funcionarios con discapacidad en entidades públicas de acuerdo con el Decreto 2011 de 2017

2- Diseñar e implementar un programa de formación y cualificación para cuidadores a través de la acción de certificación de evaluación de competencias laborales.

3- Promover la participación de las PcD en convocatorias del fondo emprender, para lo cual establecieron dos acciones:

° Fomento a convocatoria Fondo Emprender, a cargo del SENA.

° Somos Campo, soy mujer rural a cargo del Ministerio de Agricultura.

Resultados de la evaluación al Eje No. 4 de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social (PPDIS)

La evaluación se realizó con el fin de establecer el avance en la implementación de la línea de salud, educación, habilitación/rehabilitación e inclusión laboral bajo los criterios de eficacia, pertinencia y equidad;  a partir de la revisión a las acciones ejecutadas por las entidades, a través del análisis estadístico y presupuestal de la información, así como la elaboración de  un instrumento de medición en la que se identificaron objetivos y acciones planteadas por línea y se estructuraron indicadores, para el periodo 2018-2021, obteniendo los siguientes resultados:

Análisis de los criterios evaluados:

Eficacia:

Por eficacia se entiende el grado de cumplimiento de objetivos, planes y programas en términos de cantidad, calidad y oportunidad. Conforme a esto, para evaluar este criterio se realizó una matriz con la información brindada por las entidades, y se construyó una batería de indicadores con el fin de evaluar el cumplimiento de las acciones, así:

El análisis realizado determinó que las acciones realizadas por las entidades responsables en cada una de las líneas fueron ineficaces porque no evidenciaron el cumplimiento esperado.

Respecto a la línea de Salud, se calificó como ineficaz; debido al bajo cumplimiento de metas, ausencia de control y seguimiento a las acciones relacionadas con los objetivos; así como incipiente información sobre datos estadísticos y carencia de investigaciones relacionadas con el ejercicio y goce pleno de derechos, sobre la que no se evidencia ninguna acción que plantee soluciones ni indicadores de discapacidad en las auditorías para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud – PAMEC46.

La línea de Educación se calificó como ineficaz. El objetivo ejecutado de esta línea está relacionado con la inclusión educativa; cuenta con 8 acciones de las cuales 6 tienen un porcentaje de cumplimiento promedio de 1,5%.

En el objetivo relacionado con el programa de alfabetización cuenta con dos actividades: i) Formular los lineamientos de formación a docentes para la atención de PcD, el cual no tuvo ningún avance (0%) y ii) implementación del programa de alfabetización para PcD, que benefició sólo al 1% de la población analfabeta con discapacidad del país.

Por último, el tercer objetivo ejecutado denominado “Fortalecer la atención a familias de PcD en situación de vulnerabilidad por parte del ICBF, por medio del programa Mi Familia”, atendió 107.179 de 373.765 familias que tienen miembros con discapacidad lo que representa el 29% de atención.

De otra parte, la línea de Habilitación/ rehabilitación, cuenta con varias acciones a cargo de Min Deporte y el ICBF que no pudieron ser evaluadas debido a la ausencia de objetivos y falta de información sobre el número de PcD que requieren atención. En consecuencia, la calificación asignada correspondió al rango ineficaz.

Finalmente, la línea de inclusión laboral, fue calificada en el rango ineficaz. Esta cuenta con 3 objetivos y 9 acciones con un nivel de cumplimiento del 16%. El primer objetivo cuenta con 7 acciones, 3 de ellas tienen cumplimiento de 0% relacionadas con la divulgación y promoción de los derechos de los trabajadores con discapacidad, asesoramiento a empresarios sobre inclusión laboral y accesibilidad a las ofertas del SENA.

En el análisis al primer objetivo evidenció que, a diciembre de 2021, 6.285 (86%), de las entidades nacionales y territoriales no vincularon PcD, esto quiere decir que únicamente 904 entidades, vincularon laboralmente PcD, cifra que representa el 14%.

Dentro de las 16 entidades requeridas para esta evaluación se encontró que el MEN, Min Deporte y el INPEC no vincularon PcD en sus plantas de personal en las vigencias analizadas; situación que evidencia incumplimiento en la aplicación del Decreto 2011 de 2017.

El programa de certificación a cuidadores presenta avance cumplimiento del 4%; el Fondo Emprender (FE) realizó 3 convocatorias exclusivas para PcD en las que presentó 76 planes de negocios de los cuales se viabilizaron 63, que representan el 82,89% de los planes presentados. El Programa Somos Campo, soy mujer rural, a cargo del Ministerio de Agricultura en alianza con el FE benefició a 33 mujeres, de las cuales 3 se auto reconocieron con discapacidad, cifra que representa 9% de las mujeres atendidas en el programa.

Se evidencia que las acciones establecidas por las entidades responsables no establecieron indicadores que permitan determinar el nivel de cumplimiento, además estas fueron insuficientes para atender y satisfacer las necesidades de la PcD.

Equidad:

En este criterio se evalúo la identificación de los receptores de la acción económica y la distribución de costos y beneficios entre los agentes involucrados; teniendo en cuenta los recursos ejecutados, el número de acciones realizadas y la población beneficiada con el fin de establecer si la distribución y ejecución de los recursos, se realizó de manera equitativa.

El análisis se efectuó a partir del presupuesto ejecutado por las entidades evaluadas frente al número de acciones realizadas, sin ponderar el resultado, debido a limitaciones de información, transversalización de recursos y deficiente caracterización de la población, situaciones evidenciadas en desarrollo de la evaluación.

Conforme lo expuesto se evidenció que, de las 4 líneas evaluadas sólo la línea de salud distribuyó y ejecuto de forma equitativa los recursos económicos.

Lo anterior teniendo en cuenta que, en salud, las dos entidades responsables^[1] ejecutaron $92.641 millones los cuales se distribuyeron de manera equitativa cumpliendo con las acciones planteadas.

En Educación se evidenció inequidad toda vez que, de los 5 objetivos establecidos en esta línea, 2 no contaron con recursos; los restantes ejecutaron $349.715 millones, de los cuales el programa de inclusión educativa fue dirigido a PcD visual y auditiva y de alfabetización atendió al 1% del total de PcD que no saben leer y escribir en el periodo.

Respecto de habilitación/rehabilitación la Ley 1618 de 2013^[2], establece la obligación que todas las entidades públicas garanticen los servicios de habilitación y rehabilitación integral de los niños y niñas; en este contexto la CGR evidenció que soló el Ministerio del Deporte (MinDeporte) y el ICBF ejecutaron recursos en esta línea.

Así las cosas, MinDeporte ejecutó recursos por $45.479 millones, de los cuales el 57% se destinaron a programas de habilitación y rehabilitación de deportistas paralímpicos profesionales, mientras el 43% fue ejecutado en eventos para la participación de deportistas de alto rendimiento en el sector paralímpico a nivel nacional e internacional; beneficiando al 0,028% del total de la población con discapacidad. Así mismo, el ICBF a través del programa UNAFA ejecutó $8.927 millones de manera transversal, hecho que dificultó la identificación de recursos destinados directamente para atender la línea habilitación/rehabilitación.

Inclusión laboral ejecutó recursos por $18.906 millones destinados a la formación profesional, evaluación y certificación de competencias laborales. Se evidenció rezago de inversión en asesoramiento, orientación y colocación de empleos, situación que reflejó que la distribución de los recursos se realizó de forma inequitativa. el objetivo referente al programa de cuidadores carece de acciones y se desconocen los recursos invertidos, por lo tanto, no fue posible medir el grado de equidad.

El 75% de los recursos ejecutados de la línea fueron dirigidos hacia capacitación y formación de PcD. Las acciones relacionadas con colocación de

empleos, formación y certificación de cuidadores, recibieron el 15% de los recursos, cifra que representa baja inversión respecto de la cantidad de PcD en búsqueda de empleo.

Pertinencia:

Para efectos de la evaluación realizada, se entendió la pertinencia como la adecuación de las acciones desarrolladas por las entidades responsables de la ejecución de las líneas de salud, educación, habilitación/ rehabilitación e inclusión laboral del eje 4 de la PPDIS frente a las necesidades de la PcD.

De acuerdo con la anterior definición, la CGR elaboró una matriz para calificar el criterio por línea evaluada, así:

Como resultado de la evaluación se determinó que las acciones desarrolladas por las entidades responsables de la ejecución de las líneas evaluadas no son pertinentes frente a las necesidades de las PcD (ver cuadro 6).

La línea de Salud fue valorada como no pertinente, debido a la incipiente información sobre datos estadísticos y carencia de investigaciones relacionadas con el ejercicio y goce pleno de derechos, sobre la que no se evidencian acciones.

El resultado de la evaluación de Educación, la clasifica en el rango no pertinente, en razón a falta de acciones en la modificación de currículos educativos especialmente en el área de educación física y deporte y falta de garantía para la accesibilidad física, comunicacional e informativa a los escenarios, prácticas deportivas y recreativas para la participación de PcD.

Habilitación/Rehabilitación se clasificó en la categoría de no pertinente, toda vez que la política pública no contempló objetivos para esta línea. No obstante, se revisaron las acciones adelantadas por el Ministerio del Deporte en las que se evidenció que están dirigidas a un grupo reducido de PcD.

Inclusión laboral, se clasifica como poco pertinente en razón a que los objetivos son limitados respecto de las necesidades, enfocándose en acciones tendientes a la generación de nuevos empleos, sin establecer actividades que generen condiciones óptimas para el desempeño laboral del trabajador que posee alguna limitación.

Análisis presupuestal

En el análisis de la información presupuestal la CGR estableció que, para el cumplimiento de las acciones de las líneas evaluadas, el Gobierno Nacional ejecutó de manera trasversal $558.325 millones en el periodo 2018-2021, cifra que representa 0,06%, del Presupuesto General de la Nación; la transversalización contribuye a invisibilizar los recursos invertidos de manera directamente para atender las PcD.

Gráfico 2. Presupuesto ejecutado por Línea 2018 - 2022. Millones de pesos constantes de 2022

En conclusión, las acciones y recursos de las líneas evaluadas del eje 4 de la política pública de discapacidad son ineficaces e inequitativas, por cuanto la población beneficiada es baja y las acciones ejecutadas presentan un avance de 18% respecto de las metas. Así mismo, ninguna de las líneas evaluadas es pertinentes frente a las necesidades de las PcD.

Todo lo expuesto, evidencia los retos y desafíos para la garantía de derechos individuales y colectivos de la población con discapacidad en Colombia puesto que, los resultados de esta evaluación exponen que las entidades no cumplieron las acciones y metas propuestas a pesar de ser poco retadoras. Por tanto, el desafío para el Estado sigue siendo el de contribuir y generar un verdadero impacto y transformación en el mejoramiento de la calidad de vida de las PcD.

Referencias

CCICDPD. (2016). Informe Alternativo de la Coalición Colombiana por la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

CGR- Contraloria Delegada para Población Focalizada. (2022). Evaluación línea de salud, educación, habilitación/rehabilitación e inclusión laboral del eje No. 4 “Desarrollo de la Capacidad “de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social - PPDIS. Bogotá: CGR.

Consejo Economico de Política Economíca y Social. (2004). CONPES 80 .

DANE . (2022). NOTA ESTADISTICA: Estado actual de la medicion de discapacidad en Colombia .

DANE. (2018). CNPV- 2018.

Ministero de Salud y Proteccion Social . (2013). Concepto habilitacion-rehabilitación.

Minsiterio de Salud y Proteccion Social. (2013). politica-publica-discapacidad-2013-2022. Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/politica-publica-discapacidad-2013-2022.pdf

Naciones Unidas. (2006). Convencion de los Derechos para las Personas con Discapacidad .

OMS. (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Obtenido de http://www.sidar.org/recur/desdi/pau/cif.php

Sistema Nacional de Discapacidad . (2022). ¿ QUe es el SND?

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