SI BIEN RESULTA COSTOSO FINANCIAR los sectores de la educación, la ciencia y la tecnología, seguramente la cuenta de cobro por no hacerlo será siempre mucho más elevada.

En el caso de Colombia, la pandemia encontró un sistema de educación superior en crisis por las reformas implementadas a partir de la apertura económica que congelaron en términos reales los aportes del Gobierno a las universidades estatales (SUE, 2012), mientras ellas aumentaron su cobertura en un 294 % en consonancia con la creciente demanda de programas universitarios en la juventud.

Así, las necesidades adicionales de infraestructura, bienestar y contratación docente, entre otras, dejaron de asumirse con recursos públicos y las universidades debieron entrar en la lógica del rebusque para financiar con recursos propios –provenientes de matrículas y extensión– estos quehaceres. Desde 1993 hasta el 2018 el Gobierno acumuló una deuda histórica estructural con las universidades estatales estimada en 18,2 billones de pesos (Peña, 2018).

Mientras las universidades estatales se encontraban en una profunda crisis presupuestal, se destinaron recursos crecientes a financiar la oferta de créditos educativos con el Icetex, orientados en su mayoría a estudios en las universidades privadas. Este rubro pasó de significar el 2,1 % del gasto público en educación superior en el 2000, al 20,1 % en el 2016 (Martínez, Pertuz, & Ramírez, 2016). En el 2002, por ejemplo, las familias que se endeudaron mediante el Icetex fueron cerca de 60 mil, mientras que para el 2018 esta cifra ascendió a 630 mil 668 usuarios, de los cuales el 92 % son estratos 1, 2 y 3 (Icetex, 2019).

Efectos de la pandemia

Para controlar la velocidad de transmisión del Covid-19 se ha orientado, acertadamente, al aislamiento y virtualidad en todos los niveles de la educación. Sin embargo, a mitad de 2020, según el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, en el 96 % de los municipios del país menos de la mitad de los estudiantes de todos los niveles tenían acceso a las herramientas tecnológicas necesarias para recibir clases virtuales. Esto representa una dificultad evidente, sumada a la falta de formación dirigida a los docentes en tecnologías y nuevas pedagogías, así como la ausencia de garantías básicas de bienestar para los estudiantes.

Además, la crisis económica que aún atraviesa el país ha afectado especialmente a la juventud, sector que presentó en el último trimestre de 2020 un desempleo 9 puntos porcentuales superiores al promedio nacional, siendo el desempleo juvenil femenino la cifra más preocupante, por ubicarse 17,8 puntos porcentuales por encima del promedio. Como si esto fuera poco, el DANE encontró que más de 2 millones y medio de hogares dejaron de comer tres veces al día en medio de la pandemia y las proyecciones de crecimiento económico fueron reiterativamente más pesimistas que las anteriores.

Ante este panorama, dada la caída del Producto Interno Bruto y la suspensión de actividades de una porción importante de las empresas, con las que las universidades realizaban extensión, el margen de rebusque de recursos propios en el sector privado, por parte de las universidades, se estrechó cada vez más. Para poner un ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional de Colombia se estimó una disminución en los recursos propios recaudados por extensión, matrículas y estampillas (entre otras fuentes) en 32.881 millones de pesos, que se sumaron al faltante acumulado, dejando a la Institución con un déficit de 77.466 millones de pesos en marzo de 2020, casi el doble que antes de la pandemia (Universidad Nacional de Colombia, 2020).

La situación era clara: mientras los ingresos de las universidades públicas caían como consecuencia de la crítica situación de la economía nacional, dada la imposibilidad de autofinanciarse, las necesidades en términos de dotación tecnológica para estudiantes y profesores, los apoyos de conectividad a internet, vivienda y alimentación para sus estudiantes crecían cada vez más.

Por otra parte, una nueva carga especial se desprendió también de los costos nuevos asociados a los fundamentales aportes que han hecho las universidades a la sociedad colombiana para enfrentar el virus: disponer de sus hospitales universitarios y sus unidades de cuidados intensivos, de sus laboratorios para el procesamiento de pruebas de Covid-19 e investigaciones sobre el SARS-CoV2 , los respiradores artificiales, entre otros varios y valiosos aportes que no contaron con el respaldo financiero del Estado.

Las comunidades universitarias de las instituciones estatales solicitaron al Gobierno nacional que subsidiara en su totalidad la matrícula de los estudiantes en pregrado y posgrado (estimadas en 600.000 millones de pesos), con el propósito de contrarrestar la deserción y una inyección de recursos para suplir la caída en las fuentes de recursos propios que amenazaba su funcionamiento (El Espectador, 2020). Ninguna de las dos medidas se adoptó. La situación fue tan crítica que incluso la Universidad de Antioquia tuvo que incurrir en un crédito por 36.000 millones de pesos para poder funcionar en el 2020 (Arboleda, 2020).

En el caso de las universidades privadas, que se financian en su mayoría a través de matrículas, los estudiantes pidieron que se considerara una disminución en ellas, en consonancia con la caída en sus ingresos familiares y en una carta que enviaron sus representantes estudiantiles al Icetex y a Ascun pidieron que se consideraran suspensiones en el pago de los créditos educativos al menos por seis meses y, en algunos casos, la condonación del saldo acumulado (El Espectador, 2020). Esto se podría financiar a partir de los excedentes acumulados por el Icetex y está autorizado por el artículo 191 del Plan Nacional de Desarrollo vigente.

Medidas adoptadas

A pesar de las múltiples propuestas, el plan del Gobierno nacional y el presupuesto asignado para la educación superior pública, antes y durante la pandemia, fue el mismo, a excepción del limitado subsidio para matrículas aprobado en 79.500 millones de pesos, para distribuir entre 63 instituciones de Educación Superior (IES) que solo cubrió el 12,18 % del valor de las matrículas.

Lo demás ha sido el programa de “Generación E”, que cuenta con dos líneas para estimular el acceso a la educación superior, pero existía desde antes del 2020 y, al parecer, se concibió por el Ministerio de Educación como una medida suficiente para contrarrestar los efectos del Covid-19.

En vez de adicionar recursos para el funcionamiento de las IES públicas, el Ministerio de Educación les ofreció que se endeudaran con Findeter y un respaldo en el Fondo Nacional de Garantías para las operaciones de crédito que decidieran realizar. Pero con los recursos congelados e insuficientes y previendo otro crítico año 2021, pocos efectos tuvo esta medida.

En el caso del Icetex, se aprobó un plan de auxilios excluyentes entre sí, que se consideró insuficiente por parte de los estudiantes de las universidades privadas y de los usuarios de la institución, al no contemplar condonaciones parciales en casos críticos, ni suspensión de pagos sin intereses adicionales durante 6 meses al menos. Incluso, la Corte Constitucional orientó que no se cobraran intereses en periodos de gracia, como proponía el Gobierno y el Icetex.

Alternativas

Al 5 de enero de 2021, del Fondo para la Mitigación de la Emergencia Económica (FOME) solo se ha desembolsado el 52 % de los recursos allí destinados para la atención de la crisis por la pandemia (Observatorio Fiscal, 2021). La educación, la ciencia y la tecnología han probado ser esenciales especialmente en circunstancias como las actuales y requieren de una prioridad en la agenda política y presupuestal del país. Aún es tiempo de tomar medidas decisivas para que las IES puedan seguir aportando decididamente al desarrollo nacional, a la salud de la población y para que la educación se conciba como un derecho.

Si bien los recursos adicionales asignados a las IES públicas, fruto del acuerdo del 2018 en el marco del paro nacional universitario, han sido fundamentales en este momento de crisis para su funcionamiento, evidentemente no se contaba para este momento con una pandemia de estas proporciones y, sobre todo, con sus impactos económicos; por tanto, estos recursos no contemplan las nuevas y agudas necesidades de 2020. Ahora se hacen necesarias medidas adicionales no contempladas antes de la crisis sanitaria.

De los 19,3 billones de pesos sin usar en el FOME y de los excedentes del Icetex, el Ministerio de Educación y el Gobierno nacional podrían subsidiar fácilmente la exigencia de “Matrícula Cero” que los estudiantes y profesores hemos solicitado, descargar a las familias temporalmente del pago de los créditos educativos y financiar el funcionamiento de las IES estatales que hoy se encuentra en riesgo (Acrees, 2020). Aún estamos a tiempo. EC