Las naciones fuertes y organizadas saldrán fortalecidas , pero las débiles y caóticas saldrán aún más débiles, dicen algunos analistas. El coronavirus pone a prueba la organización y cohesión social, política y económica de todos los países del mundo.

No hay una solución fácil. Las mismas recetas están siendo aplicadas en países avanzados y emergentes, con determinación, temporalidad, información y disponibilidad de recursos por entero disímiles.

Ciudades tan avanzadas como Nueva York, y países como Italia y España han sufrido inmensos reveses, tienen colapsados sus sistemas de salud y enfrentan gran incertidumbre sobre cómo y cuándo saldrán de esta crisis. Cadenas mundiales de suministro e industrias enteras, como el turismo y la aviación, padecen una debacle de la cual no se podrán curar sin masivas ayudas estatales.

Nuestra vida económica es el resultado de numerosas acciones pasadas que imponen compromisos, muchos de ellos sustentados en contratos jurídicamente exigibles. Con la actuación económica presente y futura, los líderes de los negocios y los padres de familia usan su organización humana y tecnológica, y el esfuerzo y talento a su disposición para “producir” y honrar los compromisos que vienen del pasado.

En cada momento la economía tiene un número grande de empresas y un número grande de demandantes. De su actividad conjunta surgen los precios de transacción que les permiten a las empresas y demandantes hacer cálculos racionales sobre los costos y los precios que pueden obtener en el mercado, así como los canales para hacer llegar los productos a sus compradores potenciales, y la forma de recibir el pago. La competencia entre los productores es esencial para que los más exitosos en producir bienes al menor precio prevalezcan sobre los menos eficientes. Los consumidores premiarán a los eficientes.

En la situación actual, para mitigar el contagio del virus, la mayoría de las familias se han recluido en sus casas y muchas empresas han bajado sustancialmente su producción y demanda de insumos. A causa de esto pueden fallar algunas de las condiciones para que el mercado razonablemente garantice que ofrecerá a todo el mundo lo que quiere demandar.

La ausencia de clientes y la incertidumbre sobre cuándo regresarán al mercado dificultará crecientemente mantener en pie los negocios. Al mismo tiempo, familias y empresas enfrentan el hecho de que sus deudas y compromisos no están afectados por la cuarentena. Cada mes enfrentan los pagos de nómina, los impuestos sobre el año pasado, el pago de licencias de informática y patentes, los arriendos de inmuebles o equipo, las inversiones comprometidas, etc. Si en un momento dado empiezan a fallar los procesos que sustentan el cálculo económico y la formación de decisiones económicas racionales, se fractura la relación entre los compromisos que vienen del pasado y las actividades conducentes a honrarlos.

¿Cuál es el significado de las obligaciones que vienen del pasado, si razonablemente el presente y el futuro no aportan las condiciones para honrarlas? Ojalá esta pregunta nunca se produjera en una organización económica o, de manera extendida, en una sociedad. Estoy persuadido de que un cierre virtual de segmentos importantes de la economía, como el que estamos viviendo, puede llevar a que muchos empresarios y padres de familia se hagan esa pregunta fatídica.

Estos hechos justifican una intervención de las autoridades económicas, que “llene” los vacíos que el mal funcionamiento o la ausencia temporal de los mercados produzca en las decisiones económicas.

La idea es dar sustento a las decisiones de los empresarios y los padres de familia, permitiéndoles prever: 1) cómo cubrirán sus compromisos ante la caída de sus ingresos, 2) cuál puede ser, razonablemente, la duración de la situación anómala, hasta que sea posible volver a transar, recrear mercados, formar precios y tener previsión de costos, y 3) en qué condiciones financieras podrán acceder a recursos para hacer un puente sobre el bache económico que afecta a la economía, entre otras.

Si no se ayuda a los padres de familia y a los empresarios, las obligaciones del pasado y del presente pueden perder sustento económico y moral. En concreto, no habrá medios para cubrirlas ni moral de pago.

Esto es lo más urgente que deben hacer las autoridades, además de cubrir los costos extraordinarios del sistema de salud, no solo para los pacientes presentes, sino para los que vendrán en los próximos 12 a 18 meses.

¿Cómo y cuánto intervenir?

Afortunadamente, los centros internacionales de pensamiento y los de Colombia han aportado prontamente ideas sobre medidas para enfrentar los diversos frentes de la crisis. Las principales preocupaciones radican en el costo del gasto en salud, la eficacia para atender a los pacientes y la forma de preparar al sistema de salud para lo que viene en los próximos uno a dos años.

La estimación más frecuente de los costos adicionales en salud es de alrededor de 5 billones de pesos (aproximadamente 0,5 % del PIB). El segundo aspecto preocupante es la caída de la actividad económica, en particular durante el segundo trimestre del año, donde se sentirá el mayor efecto de la cuarentena. Para ese trimestre se ha estimado una contracción en el rango de 10 % y 30 % de la actividad real (sin la inflación).

Si fuera cierto el reinicio de la actividad económica desde junio de 2020, hay incertidumbre sobre la inclinación de su “rampa” de ascenso. Dependerá de la gradualidad que escojan las autoridades; la eficacia de los apoyos a familias y empresas; la disponibilidad de ahorros y la caja inicial de las empresas y familias al momento de la cuarentena, además de la velocidad para reactivar las cadenas de suministro, no solo nacionales sino internacionales. Sobre cada uno de estos aspectos hay una considerable incertidumbre.

Un tercer aspecto está relacionado con la caída del precio del petróleo, a raíz de la guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia, y de la eficacia del acuerdo alcanzado en la segunda semana de abril para recortar la oferta mundial y ponerle un piso al precio. Según los expertos, la caída en ingresos petroleros puede ser de 0,5 % a 1 % del PIB. La caída de la actividad económica y las menores ventas de petróleo tienen efectos fiscales, así como los mayores gastos asociados a la mitigación de la crisis.

En particular, el gobierno ha calculado en 1,5 % del PIB los planes de gasto. Si a esto se suma la caída de ingresos provenientes del petróleo, y la derivada de la caída en el PIB y el recaudo tributario, es posible que el impacto inicial se sitúe entre 2,5 % y 3 % del PIB. De ese orden sería el efecto sobre las finanzas del Gobierno Nacional; es necesario hacer un ejercicio específico que incluya a los entes territoriales. Dada la incertidumbre debemos contentarnos con estimaciones gruesas.

Un hecho reconfortante es que en marzo, en lugar de una caída del gasto de las familias, hubo un aumento real de 7,1 % (11,2 % sin descontar inflación). Estos son números sorprendentemente altos.  Las familias compraron de manera precautelativa, en previsión de las restricciones o racionamientos que pudieran presentarse. También nos informa la firma Raddar de una recomposición de gastos, con aumento en salud (+23 % real, en números redondeados), alimentación (+18 % real) y gastos varios (+20 %), mientras que redujeron entretenimiento (–60 % real), vestuario y calzado (–39 %) y transporte (–10 %).

Para 2020, Raddar estima que el consumo crecerá en un rango de +5 % a –8,6 %, lo cual refleja el alto nivel de incertidumbre que aqueja a las familias. El coronavirus es un evento históricamente único, en el que los modelos de predicción resultan débiles. En el caso de Colombia, no solo inciden los fenómenos de salud y aislamiento, sino también los menores ingresos petroleros y la subida súbita del tipo de cambio a niveles alrededor de 4.000 pesos por dólar.

El gobierno deberá proveer aportes a millones de familias vulnerables y a muchos sectores críticos, aparte, por supuesto, de la salud.Es el caso de los servicios públicos domiciliarios. Asimismo, necesitará diseñar apoyos oportunos para el turismo, los restaurantes y los servicios aéreos, y para muchas empresas de distinto tamaño que han dejado de percibir ingresos, pero cuyas obligaciones de nómina, deudas, arriendos, etc., siguen vigentes y aumentando.

¿Cuál puede ser el impacto total sobre el PIB? Es difícil saberlo, porque no hay señales definitivas sobre: 1) cuánto durará la cuarentena; 2) si habrá cuarentenas sucesivas; 3) cuándo estará disponible una vacuna; 4) cómo será la rampa de recuperación; 5) cuál será el grado de disciplina social alcanzado y si permitirá el funcionamiento económico sin reactivar gravemente las infecciones; 6) cuánto “tejido empresarial” y empleos se perderán de manera permanente, etcétera.

Por ende, fácilmente el costo final puede situarse en múltiplos de los números planteados por el gobierno y los analistas. No es descabellado contemplar que el costo final puede ser entre 3 % y 5 % del PIB. De hecho, distintos países han diseñado paquetes fiscales en rangos entre 5 % y 20 % del PIB, que hacen palidecer el paquete de Colombia de 1,5 % del PIB.

Un punto crucial es que, con el fin de lograr estos objetivos, el Estado debe contar con recursos suficientes. La línea del “Flexible Credit Line” (FCL) que tiene el Banco de la República con el Fondo Monetario Internacional hasta 2021, representa una fuente sustancial (cerca de 4 puntos del PIB), y oportuna para una crisis como la actual.

Esta puede no ser la única fuente adicional, aparte de las ya agenciadas por el Ministerio de Hacienda. Las autoridades nos deben tranquilizar sobre cómo se podrán pagar esos compromisos nuevos a través de los años, de tal manera que pueda ser desembolsada muy pronto y haya previsibilidad fiscal para los contribuyentes y los tenedores y compradores de deuda.

Analistas serios de la economía han planteado qué hacer con la Regla Fiscal y los efectos sobre la confianza internacional y local. En particular, las agencias calificadoras redujeron la calificación (Fitch) y la perspectiva (Standard&Poors). La tasa de cambio saltó en un momento dado hasta 4.200 pesos por dólar, e indicadores como el EMBI+ y los CDS reflejaron un deterioro de la confianza en el crédito soberano. Estos hechos, si bien lamentables, son inevitables. Si a un país y a un Estado se le reducen los ingresos y simultáneamente le aumentan los gastos, se reduce su capacidad de servir sus obligaciones internas e internacionales.

Esto es cierto inclusive para Colombia, con un récord impecable de casi 90 años en el cubrimiento pleno y cumplido de sus obligaciones. ¿Qué hacer con la Regla Fiscal? En las últimas semanas se ha hecho popular la expresión “aplanar la curva”. La misma hace referencia a esparcir en el tiempo las infecciones de la población, de tal manera que el pico no sobrepase la capacidad hospitalaria. El periodo de aplanamiento de la curva es altamente incierto e impone los costos sobre la economía que hemos comentado.

Por otro lado, el precio del petróleo cayó a 20 dólares por barril, y no hay garantía de que no regrese a ese nivel o menos, o se mantenga bajo por espacio de meses, mermando los ingresos fiscales; asimismo, hay necesidades esenciales de familias y empresas que deben ser cubiertas por el gasto público. El Comité de la Regla Fiscal analizará estos elementos y producirá una senda razonable para el ajuste fiscal poscoronavirus. Un último aspecto es la eficacia estatal y la probidad del Estado. Debemos cuidar que terceros no se lucren de la crisis. Ahora bien, debemos ser conscientes de que las decisiones para resolver esta crisis serán arriesgadas y tendrán márgenes de error que hay que saber entender.

La incertidumbre no debe ser un obstáculo para actuar cuando de por medio hay vidas por salvar. Las empresas del Estado o las que tienen participación estatal están abocadas a formar parte activa de la solución. Debemos entender que, con el fin de salvar vidas y puestos de trabajo, tendrán que tomar decisiones difíciles. Cuando las entidades de control las evalúen necesitarán tomar en consideración el nivel de incertidumbre, urgencia y celeridad requerido al tomar esas decisiones. Es posible que se cometan errores, como es humano en una situación de tal complejidad.

¿Cuánto debe durar la cuarentena?

Hay un debate interesante a escala internacional sobre quién debe definir la fecha o fechas de reinicio de las actividades económicas suspendidas: ¿los especialistas en epidemias, los políticos o los economistas? Pareciera haber un consenso de que los responsables deben ser los epidemiólogos, clínicos, infectólogos y psiquiatras (llamémoslos ECIS). Estos expertos son pragmáticos, en general, y señalan que una solución definitiva llevará entre 12 y 18 meses, de los cuales llevamos cuatro.

Adicionalmente, los ECIS, así como los economistas, indican que no nos debemos encerrar en el falso dilema de salvar vidas o salvar los empleos y la supervivencia de las familias. Son conscientes de que durante los 8 a 14 meses que faltan no es posible mantener parada la actividad económica. Una consecuencia indeseable de una parada demasiado larga es el riesgo de llevar a la insolvencia al propio sistema de salud.

El sistema de salud es complejo y abarca el tratamiento de muchas más dolencias. La salud de los colombianos depende de que el sistema funcione de manera apropiada. De la continuidad en la prestación de los servicios de salud depende la solvencia del sistema. La mayoría de las personas con padecimientos distintos al coronavirus, pero igual mente urgentes, no puede o no quiere ir en estas semanas al hospital. Tales personas deben volver a tratar sus dolencias y a curarse. Esto permitiría que el sistema de salud vuelva a funcionar integralmente y a generar ingresos críticos para su mantenimiento. De esto depende la salud de muchos colombianos.

No se debe salir de la pandemia con un sistema de salud debilitado, sino fortalecido. A través del tiempo estaremos abocados a lograr varios objetivos simultáneos: salvar vidas, salvar el sistema de salud y salvar de la inanición y la pobreza a millones de familias. Se ha planteado, equivocadamente, que la urgencia de reiniciar la actividad económica esconde favorecer a los empresarios, en particular a los más grandes. Tal vez los que más urgencia tienen de volver a producir y a circular por las ciudades, carreteras y aeropuertos sean los trabajadores informales, los independientes y los cuenta-propia.

Los expertos ECIS nos dirán cuándo terminar la cuarentena. El éxito de volver a trabajar y circular en sociedad dependerá de la disciplina personal, física y social. Así lo muestran países asiáticos, que con distanciamiento y disciplina en el cuidado personal ha logrado mantener a las personas saludables, trabajando y obteniendo ingresos. Indican que debemos darle unas semanas adicionales al “confinamiento horizontal” (que afecta a toda la población), y movernos a un “confinamiento vertical” (que afecta a los más vulnerables, a los infectados y a los que se sospecha que tengan el virus), al tiempo que se les permite a los adultos volver al trabajo y a los niños al colegio.

Es importante recalcar que, lo más probable, como indican las simulaciones de los epidemiólogos, es que haya cuarentenas sucesivas de dos o tres semanas, espaciadas a través del tiempo, hasta que exista la vacuna. La tecnología tendrá un papel esencial al momento de volver a trabajar. Debe estar disponible para identificar con rapidez a las personas que tengan síntomas. Durante estas semanas, las empresas se deben preparar tecnológicamente para hacer a sus empleados pruebas de temperatura e, incluso, de infección al entrar y salir de sus instalaciones, edificios, oficinas.

Es la mínima garantía que deben ofrecer para poder convocarlos de nuevo. Aquellas empresas de servicios que atienden al público necesitan contar con medios para saber si quien entra en sus instalaciones tiene síntomas. Las autoridades deben definir los protocolos para ayudar a esas personas a aislarse de inmediato.

El problema petrolero

La demanda mundial de petróleo ha caído entre 25 y 30 millones de barriles por día (mbd). Muchas empresas productoras han seguido bombeando a plena capacidad, pero al no poder vender la totalidad de su oferta, han optado por almacenar en tanques y barcos, donde ya se está agotando la capacidad. Por eso, inclusive si Rusia y Arabia Saudí no quisieran parar su producción, se dieron las condiciones para terminar su insensata guerra de precios y logar un acuerdo OPEP+Rusia.

Los grandes productores privados de Estados Unidos, como Exxon y Chevron, no quieren que los políticos se inmiscuyan en cuánto producen. Han hecho inmensas inversiones y son conscientes, como el resto de la industria, de que apagar pozos tiene consecuencias de largo plazo. En efecto, en los campos productores, la energía y las presiones en el subsuelo pueden cambiar de manera irreversible en algunos casos, de tal forma que sea costoso o imposible en algunos casos, retornar al nivel de producción precrisis.

Por otro lado, los precios del transporte han subido y los descuentos frente a las referencias WTI y Brent se han ampliado, haciendo el negocio menos rentable, o aumentando las pérdidas de los productores. La situación actual es lo que se puede calificar como “una tormenta perfecta”, en la que todo lo que podía salir mal, salió mal.

¿Cuánto se debe recortar la producción mundial? En el acuerdo alcanzado el 10 de abril, la OPEP+ (23 países compuestos básicamente por los grandes productores de Oriente Medio y Rusia) pactó reducir la oferta mundial en 9,8 millones de barriles día. Es decir, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait reducirán 2 millones de barriles adicionales a la cuota de recorte que habían acordado antes de la aparición del coronavirus. Estados Unidos, Brasil, México y Canadá se comprometieron a cortar 3,7 millones de barriles.

Estados Unidos no ha hecho un compromiso formal, pero ha manifestado que a los precios actuales su producción caerá de manera sustancial (producía más de 12 millones bd antes de la pandemia). Un indicador de la menor actividad de Estados Unidos es que de casi 900 taladros en labores de perforación a principios de 2019, había 680 a principios de 2020 y 550 al día de hoy.

La producción de fracking debe caer a causa de los bajos precios; finalmente, el presidente Trump ha sugerido que es posible que cierren las plataformas del golfo de México norteamericano, dado que el coronavirus ha hecho presencia en ellas. Esto pararía 2 mbd.

Si a los compromisos mencionados se suman las sanciones a Irán, Venezuela y las reducciones de producción de Libia, la disminución de producción puede acercarse a los 20 millones bd.

Una característica interesante es que los recortes acordados tendrán “escalones” de ascenso, en la medida en que la economía mundial recupere gradualmente la demanda. De esta manera, el acuerdo contempla entre junio y diciembre de 2020 un menor recorte de OPEP+, de 7,6 millones de barriles, y entre enero de 2021 y abril de 2022, de 5,6 millones.

Esta temporalidad es un buen indicador (de seguro equivocado, como todas las proyecciones actuales), de lo que puede ser la temporalidad de la crisis del COVID-19. Es decir, de acuerdo con la visión de estos participantes, el mundo tendrá una recuperación, desde el fondo a donde lleguemos, de un 25 % de la caída en el segundo semestre de 2020, seguida por otro 25 % a lo largo de 2021. Si la OPEP+ y sus aliados tuvieran razón, en 2021 la economía mundial estará “a media máquina”, y solo podrá recuperar su nivel precrisis en el segundo trimestre de 2022.

¿El recorte acordado será suficiente para subir los precios del petróleo? Aparentemente no, dado que el precio cayó 9 % frente a un anuncio que los mercados consideraron tímido. Además, se quejaron de que hay vacíos, el más protuberante de los cuales es la imposibilidad de saber si los países cumplirán efectivamente lo pactado. La OPEP y Rusia tienen reputación de no adherirse con vehemencia a sus promesas. Desde el inicio de la guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia, el precio ha caído 53 %.

Los menores ingresos esperados de las compañías petroleras se han manifestado en una caída del precio de las acciones. Ecopetrol, para citar el ejemplo más cercano, pasó de 20,1 dólares por ADR (que representa del valor de la acción) el 20 de febrero, antes de la pandemia, a 6,8 dólares por acción el 18 de marzo, y a 12 dólares el 8 de abril. Esto se ha traducido en una disminución de su valor de mercado (Market cap en el argot financiero) de 37,5 a 22,5 miles de millones de dólares. No ha sido la empresa más castigada pero, por supuesto, no ha escapado a la corrida de la bolsa en contra de la industria petrolera.

Algunas analistas pronostican que a esta fase de precios bajos le seguirá una de precios altos, en razón de las pérdidas permanentes que sufrirá la oferta, a causa del cierre de pozos. Por lo tanto, se deben tomar con cautela estos números de la bolsa, pues reflejan una situación transitoria y anómala. Lo más importante para Ecopetrol será “no desaprovechar esta crisis”, mantener sus costos bajo control, renegociar con sus proveedores, mantener la caja y una estricta “disciplina de capital”, sabiendo en qué gastar, en qué invertir, y seguir creyendo en las apuestas estratégicas que ha hecho para garantizar su crecimiento de largo plazo.