La COVID-19 ha afectado a millones de personas; sin embargo, en Asia la expansión inicial está actualmente controlada, en Europa ha avanzado con intensidad en algunos países y en otros hay señales de control del contagio; América, por su parte, es el punto de mayor nivel de riesgo en la expansión del virus.

A escala global, las medidas de confinamiento y de restricción a la movilidad han generado grandes efectos económicos, siendo el choque de oferta el principal impacto en el corto plazo, seguido de efectos sobre la demanda en relación con la confianza y consumo de bienes, el canal financiero mediante el costo de financiación, la destrucción de riqueza y otros canales como el comercio internacional a través del bloqueo de las cadenas globales de valor.

En términos de los precios del petróleo, variable crítica para la sostenibilidad fiscal de muchos países emergentes, la recesión global generada por la COVID-19 ha arrastrado los precios del petróleo, a pesar de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) ha acordado reducir la producción.

Este panorama global sigue cubierto por un manto de incertidumbre que genera interrogantes respecto a la pandemia, los tiempos del proceso de normalización y de retorno a las actividades productivas y comerciales, el riesgo potencial de eventuales nuevas olas de contagios y la disponibilidad de una vacuna o tratamiento, mientras que a escala económica surgen inquietudes sobre la efectividad de los estímulos y los efectos sobre la deuda pública y privada.

En ese contexto, la transmisión de este panorama global sobre la economía colombiana describe una serie de efectos que inician con una fuerte reducción de ingresos externos, asociada a un débil crecimiento global que no será compensado con la devaluación; un menor precio del petróleo que derivará en reducción sobre las exportaciones, el tipo de cambio, la inversión y las cuentas fiscales, y en el frente financiero se tendrá una mayor aversión al riesgo que afectará la valoración de los activos locales y el canal de crédito.

A escala sectorial, pese a que los efectos de la COVID-19 han sido generalizados, las ramas de actividad con mayor grado de afectación derivada del proceso de confinamiento se enmarcan en el turismo, hotelería y restaurantes, seguidas del transporte y el entretenimiento.

Luego están los sectores de la industria no alimentaria, la minería, la construcción y el comercio de bienes no básicos, y con un impacto menor se tienen los sectores de comunicaciones, servicios profesionales, gobierno, servicios públicos, agricultura, industria alimentaria y comercio de bienes básicos.

Prioridades y acciones de política pública

En este reto social y económico, la prioridad de todos ha sido la defensa de la salud pública y la vida de las personas, y con el enorme esfuerzo institucional que en múltiples frentes se ha evidenciado para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria, es claro que las realidades económicas y sociales que derivan de la actual coyuntura crean un sombrío escenario, con resultados que en series históricas no tienen comparación y, sobre todo, un panorama de riesgos en el cual se hace cada vez más probable un retroceso en los avances sobre reducción de la pobreza, el desempleo, la senda de crecimiento económico y el bienestar de la población.

Por ejemplo, en las dos últimas décadas se tuvo un gran éxito en la reducción de la pobreza, de niveles superiores al 50 % a un 27 % a finales del año pasado. Así mismo, la pobreza extrema que llegaba a cerca de 20 %, se logró reducir a un dígito. Se deben preservar esos avances a través del empleo y sus fuentes de generación, que son las empresas y su sostenibilidad.

No obstante, los resultados obtenidos por la gestión del Gobierno Nacional en el marco de la emergencia son destacables y han tenido prioridades firmes, acciones oportunas y medidas que han creado las condiciones necesarias para minimizar los efectos negativos de esta emergencia.

Estrategia integral

Ahora bien, el reto que enfrenta el país es crear y poner en marcha una estrategia integral de reactivación que contemple acciones que, preservando la salud pública, logren avances simultáneos en tres frentes:

Dinamizar el consumo y la inversión como fuentes de crecimiento económico;

Impulsar el desarrollo competitivo del país creando condiciones regulatorias óptimas y generando estrategias de formalización laboral y empresarial, así como de formación de la mano de obra y de trasformación digital que permitan acelerar la empleabilidad y la productividad, y

Acelerar la ejecución de proyectos estratégicos de los sectores productivo, minero-energético, de infraestructura y de desarrollo urbano, que jalonen la inversión pública y privada, y cuya ejecución se convierta en una fuente de generación de empleo oportuno y formal.

Empleo formal como un objetivo de país

Este nuevo escenario debe orientar a que la agenda nacional priorice las reformas estructurales, como la correspondiente al sistema laboral, y que deben ser la base de la creación de empleo, la protección social, la formalización y el emprendimiento.

Se debe avanzar en una modernización del sistema laboral, en el que se pueda ampliar el acceso de los jóvenes a la formación técnica y profesional con criterios de pertinencia, calidad y oportunidad; también se deben articular los programas de formación para el trabajo de acuerdo con las brechas de capital humano y la demanda del sector productivo.

En esa misma dirección se deben fortalecer vínculos entre entidades de educación terciaria y las empresas para la formación de técnicos y reglamentar de manera adecuada el empleo a través de plataformas digitales y el teletrabajo.

Todas estas transformaciones de los modelos productivos deben llevar a que se pueda desarrollar un correcto y efectivo marco de protección social, en el que sean posibles las contribuciones a la seguridad social por el trabajo por horas o días, y en caso del sector rural, establecer el salario integral que involucre todas las contribuciones.

En esa misma dirección se deben corregir imperfecciones y desbalances que desincentivan la contratación formal y generan ineficiencias en el sistema laboral, como la creación de un modelo efectivo de verificación de incapacidades para limitar abusos de la figura, eliminar o simplificar otras normas como la estabilidad laboral reforzada, el control de tercerización, y otras desactualizaciones del marco regulatorio laboral.

En este nuevo contexto, el tejido empresarial  es parte de la solución y base de la creación de empleo y la reactivación económica que  necesita el país

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