La extracción de minerales e hidrocarburos ha sido una de las principales fuentes de desarrollo económico y social a lo largo de la historia del país. En la actualidad, el sector minero-energético, que combina la producción de minerales y petróleo con la prestación de servicios públicos como la energía eléctrica y el gas, es el segundo renglón de la economía nacional, con un aporte de casi 13 % del PIB. Adicionalmente, uno de cada tres dólares de la inversión extranjera directa, y más del 50 % de las exportaciones provienen de este sector. Entre impuestos, derechos económicos y dividendos, aporta cerca del 13 % de los ingresos corrientes de la Nación.

Las regalías que generan los proyectos de minería e hidrocarburos, más de 24 billones de pesos en el bienio 2019-2020, constituyen una de las principales fuentes de desarrollo económico regional y representan, en promedio, el 30 % de los presupuestos de inversión de los municipios y departamentos.

A pesar de su protagonismo en el progreso económico y social del país y sus regiones, en los últimos años el entorno para el desarrollo de proyectos mineros y petroleros se ha tornado poco favorable. Esto se debe, en gran parte, a la reforma al Sistema General de Regalías de 2011-2012, impulsada por el gobierno pasado bajo el principio de “repartir la mermelada en toda la tostada”, que disminuyó las asignaciones para las regiones productoras de manera significativa y generó un enorme malestar en estas comunidades.

A lo anterior se suma el hecho de que el sistema tuvo un diseño predominantemente centralista, en el que la mayoría de las decisiones sobre cómo se debían invertir estos recursos se tomaban desde fríos escritorios en Bogotá. Consciente de este desequilibrio, una de las principales promesas del entonces candidato Iván Duque fue la de corregir los errores de esa reforma, para devolverles recursos y autonomía a las regiones productoras, sin disminuir las asignaciones a las regiones no productoras. Esta promesa, además, estaba guiada por un principio claro y necesario: producir conservando y conservar produciendo, el cual propone lograr un mejor equilibrio entre la actividad extractiva con todas las de la ley y la conservación de nuestra biodiversidad y medioambiente.

El presidente cumplió su promesa y hoy celebramos con entusiasmo la nueva reforma al Sistema General de Regalías que aprobó, casi de manera unánime, el Congreso de la República. Esta reforma, que lideró e impulsó el Gobierno Nacional, y que se benefició de mejoras importantes en un juicioso y deliberativo trámite legislativo, pone a las regiones en el centro del sistema, les da la autonomía que se merecen y, además, llega en un momento clave para la reactivación económica.

La reforma tiene tres principios fundamentales. Primero, prioriza la inversión regional sobre el ahorro, lo cual permite acelerar la reactivación económica con equidad y cumplir la promesa de incrementar los recursos a las regiones productoras sin disminuirles los ingresos a las no productoras.

Así, los municipios y departamentos mineros y petroleros más que duplican sus recursos, al pasar de recibir el 11 % al 25 % del presupuesto de regalías, mientras que la asignación regional se mantiene en 34 % y se destinan mayores recursos para los municipios más pobres del país, incrementando las asignaciones locales de 11,7 % a 15 %.

Para incentivar la reactivación en 2021, la ley permite que en ese año se ejecuten todos los saldos del sistema que no estén comprometidos, unos 4,7 billones de pesos, con prioridad para sectores intensivos en mano de obra como vías terciarias, electrificación rural con conectividad, y agua y saneamiento básico.

El segundo principio, la descentralización del sistema, les otorga mayor autonomía y responsabilidad a los entes territoriales. Por ejemplo, el número de Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) se redujo de 1.152 a tan solo 8, lo cual significa que del total de los recursos, el 70 % se asignarán sin necesidad de pasar por estas instancias.

Adicionalmente, por primera vez, todo el ciclo de inversión de los proyectos, desde la planeación, pasando por la viabilización y, por supuesto, la ejecución, estará en cabeza de los entes territoriales.

El tercer principio es la implementación de procesos más robustos de planeación, acompañados de un riguroso sistema de seguimiento y control a la ejecución de los proyectos de inversión, para asegurar que los recursos se traduzcan en obras y beneficios para las comunidades.

Para tal efecto se realizarán mediciones de desempeño y se activarán mecanismos de acompañamiento y protección de los recursos, incluida la suspensión de los giros para