LA CÁMARA DE REPRESENTANTES aprobó el año pasado el proyecto de ley que propone la transformación estructural del sistema de salud en Colombia, pero aún faltan dos debates, en la Comisión Séptima y en la Plenaria del Senado para que sea Ley de la República. Así, en total se debatieron 143 artículos, de los cuales se aprobaron 133 y se eliminaron 10.

Este año, ya se dieron los primeros pasos para avanzar en este tema. El primero de ellos se concretó el pasado 18 de enero cuando el proyecto se presentó en la Secretaría General del Senado a la Comisión Séptima. Una vez surtido este paso, se deben designar a los ponentes para que las discusiones se reanuden en marzo de 2024.

Aunque hay dudas sobre la viabilidad financiera de la reforma a la salud, la discusión comenzará este año con un llamativo dato de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), que aseguró que la reforma a la salud tendrá un costo adicional al sistema de $140 billones. Ana María Vesga, presidente ejecutiva del gremio, afirmó lo anterior tras analizar un estudio de viabilidad del proyecto, presentado por el Ministerio de Hacienda.

Entre los ejes fundamentales a resaltar de la iniciativa sobresalen el que garantiza una atención en salud cercana a la población, sin barreras de acceso y sin discriminación, y el que busca cuidar a las personas del territorio nacional con equipos de salud durante todas las etapas vitales, buscando prevenir la enfermedad, predecir desenlaces futuros y responder de manera integral y efectiva a las necesidades de salud en el lugar que sea necesario.

También está el que pretende organizar Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud para que todas las personas sean atendidas en el lugar más cercano a su domicilio, de forma continua e integral y sin fragmentaciones, y fortalecer la atención en salud para las poblaciones marginadas, rurales y dispersas.

Así mismo, el proyecto seguirá financiando el sistema de salud con recursos públicos, pagar oportunamente y con tarifas justas a Clínicas y Hospitales una vez presten los servicios de salud, y brindar condiciones laborales dignas y justas para los trabajadores de la salud.

En el ABC del proyecto de reforma sobresale además el garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones de políticas públicas y cuidado de los recursos, fortalecer la autonomía de los profesionales de la salud, y planear la salud basada en la articulación de los diferentes sistemas y fuentes de información.

El Gobierno Nacional también pretende con su iniciativa garantizar que el manejo del dinero será transparente y con múltiples mecanismos de control y seguimiento para su uso eficiente; fortalecer la red pública hospitalaria, e identificar todos los medicamentos prescritos dentro del sistema: qué se prescribe, dónde, a quién y cuánto vale, lo que permitiría asegurar la disponibilidad de los medicamentos.

Finalmente, buscaría crear Instituciones de Salud Itinerantes para la atención de la población que habita en zonas dispersas y de difícil acceso, avanzar en la soberanía farmacéutica con la producción de vacunas, y desarrollar el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, el cual permitirá a los colombianos estar más sanos y mejor cuidados.

Para el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, la iniciativa se ha debatido a profundidad. “Hemos logrado consensuar muchos de los artículos y, de esa manera, cuando se revise en el Senado van a ver que hemos logrado concertar para seguir trabajando sobre lo construido. También vamos a actuar para solucionar los graves problemas que existen en muchas partes del país, sobre todo en los sectores campesinos, rurales y los sectores marginados de las grandes ciudades de Colombia".

El funcionario también recalcó que ahora desde el Senado “seguirán en la búsqueda de un modelo que reconozca la salud como un derecho fundamental para los colombianos y no como un negocio”.

Sin fundamentalismo ni dogmatismo

El Gobierno Nacional no ha celebrado del todo la aprobación en la Cámara de Representantes de la reforma, y se ha mostrado más bien cauto ya que en el Senado de la República su discusión es a otro precio, y en donde cabe la posibilidad que la iniciativa pase por una prueba de fuego.

Desde varios sectores, tanto privados como estatales son muchas las dudas y reservas que existen en torno al proyecto que busca reformar el sistema de salud en Colombia. En su columna en el periódico El Tiempo titulada ‘Es hora de debatir sobre la salud, sin fundamentalismos ni dogmatismos’ el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, invita a que en esta discusión se tengan en cuenta los resultados de las auditorías de la Contraloría General de la República a los recursos girados a las Empresas Promotoras de Salud (EPS).

“Dentro de la auditorias que se han efectuado, hemos encontrado que algunas EPS pagan con recursos de la UPC intereses de mora, valores administrativos, sanciones y multas. De ahí que se haga necesario revisar porque las EPS ejercen, de manera discrecional, el pago de deudas a unos prestadores de manera inmediata y a otros no. Las cifras muestran, por ejemplo, que la red hospitalaria pública del país esta desfinanciada, dado que no están dentro de las prioridades de pago por parte de la EPS”, resalta el funcionario en su columna.

Así mismo, el contralor Zuluaga subraya que no están desconociendo que las EPS tengan mayores pretensiones de recursos del gobierno. Sin embargo, insiste, no se entiende que frente a los giros de la UPC por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) se hable de $13 billones en deudas de las EPS a las IPS y proveedores. “Es urgente saber hacia dónde se movieron los recursos, por lo que se está evaluando hacer un levantamiento del velo corporativo”, advirtió.

También aseguró que la Contraloría General está adelantando una auditoría de desempeño al flujo de los recursos del sistema de salud para determinar las debilidades y cuellos de botella que presenta el sistema, ejercicio que se realiza por primera vez y que audita alrededor de $240 billones.

“Por eso yo les he pedido respetuosamente a las EPS y a otros actores que se discuta sobre la financiación del sector, pero que despoliticemos la discusión la discusión de la reforma de la salud, por respeto a los colombianos, per respeto a los pacientes, por respeto a la institucionalidad, como también hemos sido categóricos en el tema. Esto no se trata de una postura a favor o en contra del Gobierno, se trata de una postura que está reflejada y soportada en las cifras”, dejó en claro el Contralor en funciones.

Gobierno vs. gremios

Aunque el articulado aún no ha sido aprobado por el Senado de la República, y no ha pasado a control por la Corte Constitucional, el ministro Jaramillo reactivó el pulso con varios de los sectores de la salud al afirmar que “haremos realidad la reforma. Ya la hemos consensuado con pacientes, EPS y comunidad. Con ellos llegamos a un acuerdo desde el punto de vista técnico. Nos hace falta el acuerdo político”.

Así, las declaraciones del funcionario generaron una reacción en los diferentes actores y gremios del sector.

El primero en hacerlo fue su antecesor Alejandro Gaviria, quien señaló que “en el debate se espera que podamos llegar a acuerdos, y es que en estos meses ha ocurrido algo que en este país no había ocurrido y es que el gobierno tiene un congreso en contra, no hay una coalición mayoritaria para este gobierno, y que eso le permite abrir los ojos y decir "yo quiero llegar a un acuerdo”, eso nos puede dirigir a una reforma que sea mejor, que logre retornar a la ruta reformista, gradualista y con acuerdos, y dejar a un lado sueños disruptivos, no basados en mayorías, sino en minorías que creen que van a resolver con unos pocos artículos un problema de esta complejidad”.

En la misma línea Denis Silva, vocero de Pacientes de Colombia, gremio que agrupa a más de 196 organizaciones de pacientes, al recalcar que según el jefe de la cartera, el Gobierno Nacional alcanzó un acuerdo con pacientes, EPS y comunidad, sin embargo, aclaró que esta organización no fue consultada, ni considerada en dicho proceso. “No es cierto que los movimientos de pacientes representativos del país, las asociaciones de usuarios, la sociedad civil y los gremios de las EPS hayan hecho parte de un acuerdo nacional por la reforma a la salud”, destacó.

Así mismo, el gremio de los pacientes pidió al Ministerio que se haga pública la lista de participantes involucrados en el consenso, al tiempo que se releven los criterios de la selección que emplearon. Sugirieron que se convoque a un “verdadero Acuerdo Nacional en Salud”.

Por su parte Gestarsalud, gremio que reúne a las EPS del régimen subsidiado, dijo que ellos no han logrado un “consenso técnico” con el Ministerio de Salud sobre la reforma del sector. Igual comentario señaló la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), que en este caso agrupa a las EPS del régimen contributivo, al asegurar que no se ha llegado a un consenso técnico, como lo afirmó el ministro Jaramillo.

La controversia

El punto principal de discordia entre ambas partes radica en que con la reforma el sistema en Colombia deba tener un pagador único y público.

Para el exministro Gaviria, que “un pagador único haya funcionado en algunos países como en Corea, que tiene un estado mejor que el nuestro y unas capacidades acumuladas en temas informáticos superiores, no significa que se pueda aplicar en Colombia con el modelo del Seguro Social, el cual generó una deuda en ocho meses y lo quebró. Si se destruyen las EPS, porque este es un debate que no he entendido, ¿qué es destruir para construir?”, puntualizó.

Así mismo, diferentes organismos como el centro de estudios económicos, ANIF, se centró en otro efecto: el impacto en la pobreza.

El expresidente del centro, Mauricio Santamaría, aseguró que los indicadores de pobreza monetaria y pobreza extrema podrían incrementarse alrededor de un punto porcentual. “Esto si se tiene en cuenta el costo en términos de ‘gasto de bolsillo’ en que incurren los ciudadanos al pagar por sus servicios de salud y cómo lo impactaría la reforma”, dijo.

De acuerdo con Santamaría, en términos de salud, el gasto que hacen los hogares en Colombia para cubrir la salud es de 15%, mientras que el promedio de la OCDE es 19,2 % y el de los países latinoamericanos es 38,6 %. “Eso quiere decir que los latinoamericanos cuando se enferman tienen que poner $38 de su bolsillo de cada $100 para pagar su servicio de salud. En Colombia, ponemos $15, y estamos lejos de muchos otros países donde les cuesta mucho más”, explicó el economista.

Santamaría indicó que, partiendo de ese criterio, desde ANIF se estimó el impacto que tendría la reforma de salud en términos de pobreza, en caso de ser aprobada como está hoy.

“Si se aumenta el gasto de bolsillo en salud tendríamos un incremento de casi 1,5 puntos en pobreza monetaria, y en pobreza extrema monetaria sería un incremento de 1 punto, lo que nos alejaría de la meta que se puso el Gobierno de 9,6%. Llegaríamos a una pobreza monetaria extrema de 13,4%. Estamos hoy en 12 %”, comentó.

Así las cosas, bajo un escenario en que sea el doble de gasto de bolsillo en salud, la cifra de pobreza monetaria, que en 2021 estaba en 39,9 %, se elevaría a 40,8 % según los cálculos de Anif, lo que implicaría pasar de 19,6 millones de personas en esta situación a 20,36 millones. Y en el caso de la pobreza monetaria extrema se pasaría de 6,11 millones de personas a 6,61 millones de ciudadanos.

RELACIONADOS