El sistema de salud en Colombia ha sido fuertemente cuestionado en todo momento y es común encontrar cada cierto tiempo un titular que dice “la salud en cuidados intensivos”.

En este marco las EPS son de las empresas más cuestionadas por el servicio que prestan o dejan de prestar y de ahí la importancia de hacer una reingeniería y asumir el papel para el cual fueron creadas.

Recientemente la Superintendencia Nacional de Salud, en desarrollo de las diversas actuaciones derivadas de las decisiones sobre toma de posesión de bienes y haberes por la liquidación de varias EPS, anunció que se han presentado severas interferencias que han generado dilación en los procesos administrativos.

Las decisiones adoptadas por la Supersalud han llevado a identificar nuevos y graves hallazgos sobre presuntos detrimentos de los recursos destinados a la salud, situaciones que ratifican la necesidad de las liquidaciones ordenadas, y que generan amplia preocupación respecto de la falta de transparencia con la que operan diversos actores del sector de la salud.

En desarrollo de los procesos de liquidación que adelanta la Superintendencia a través de agentes designados ha evidenciado hallazgos que ha puesto en conocimiento de los entes de control como graves afectaciones a los recursos de la salud; maniobras financieras para evadir el cumplimiento de disposiciones de intervención; concentración atípica en los pagos a la red de prestadores y por fuera de la capacidad real de servicio y atención instalada; simulaciones contractuales tendientes a manipular los indicadores financieros reportados y a desviar recursos del sistema a terceros.

Así mismo, beneficios a terceros con bienes dedicados a labores asistenciales; ocultamiento de pasivos, subregistro intencional de facturas adeudadas, manipulación de precios y de indicadores de atención y violación a deberes urgentes de cuidado en la atención de usuarios; constitución fraudulenta de patrimonios autónomos; y realización de gastos y contratos de prestación de servicios desproporcionados y no asociados a la prestación de servicios de salud y, falsedad en documentos, entre otros.

A septiembre del presente año de las 40 EPS que operan en el país (25 del subsidiado, 11 del contributivo y 4 mixtas), cuatro se encuentran en intervención forzosa para liquidar, otras 19 en vigilancia especial y una en un programa de recuperación. Es decir, más de la mitad presentan algún tipo de problema que requirió alguna medida de la Supersalud para proteger su estabilidad financiera o la prestación de los servicios.

Para Gustavo Morales, presidente de Acemi, gremio de las principales EPS del régimen contributivo, lo que pasa con estas EPS, incluida Cruz Blanca, es muestra de las dificultades estructurales que ha padecido el sistema de salud en los últimos años, principalmente por la insuficiencia de la Unidad de Pago por UPC (Unidad de Pago por Capitación) y las preocupantes demoras en el pago de los servicios que están por fuera del plan de beneficios y que se deben cubrir de manera inmediata.

El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo señaló que hay un grupo de EPS que está con planes de vigilancia e intervención muy cercanos por parte de la SuperSalud, para mejorar sus desempeños, específicamente en atención oportuna a los ciudadanos, en el cumplimento de sus obligaciones financieras y en la respuesta a los requerimientos que les han hecho como aseguradores.

"Eso es lo que ha venido haciendo el Gobierno nacional, tal y como lo anunció en su momento para mejorar el servicio en todos los aspectos y cerrar las inequidades y las desigualdades. En todos los frentes hemos venido avanzando y la SuperSalud está dando los pasos a los que se comprometió el Gobierno en la depuración de las EPS que no le cumplan al sistema y así se les garantiza a los afiliados que tengan cobertura permanente y que puedan escoger también otras EPS".

Desde el Ministerio de Salud, explicó, se está dando el marco normativo para facilitar la movilidad de usuarios de las EPS que deban salir del sistema, con el fin de que ellos y sus familias tengan continuidad en los servicios de aseguramiento.

A pesar de este panorama poco alentador, la encuesta de evaluación de los servicios de las EPS por parte de los usuarios, que cada año hace el Ministerio de Salud, reveló que en 2018 solo el 6% de las personas que participaron desaprobaron la atención que recibieron en los últimos seis meses, mientras que más del 70% señalaron que el servicio es bueno.

La encuesta también calificó el servicio que reciben las personas de sus aseguradoras en tres dimensiones como son el acceso, la oportunidad y la satisfacción. Compensar fue la EPS mejor calificada del régimen contributivo, le siguen Sánitas, Famisanar, Salud Total y Sura.

Por su parte, la peor calificada fue Medimás, así como Aliansalud, EPS SOS, Saludvida y Comfenalco Valle.

En el régimen subsidiado las mejores fueron Mutual Ser, Emdisalud, Cajacopi Atlántico, Asmet Salud y Caja de Compensación Familiar de Sucre. Las peores Comfachocó, Anaswayuu, Comfamiliar Nariño, Comfamiliar Cartagena, Comfaoriente y Medimás.

De esta manera el panorama de las EPS no está suficientemente claro, aunque se espera que con las medidas que ha venido adoptando el gobierno, a futuro el sistema se depure y queden las empresas que estén en capacidad de brindar un buen servicio a los ciudadanos.