EN EL MARCO DE LA MICROECONOMÍA se tratan temas relacionados con mecanismos y control de los precios, intereses y salario y sus implicaciones con el desarrollo macro y el ciclo económico. La política bancaria, estructura y fines de la Banca Central, así como el conjunto del sistema bancario privado y las políticas de crédito, son analizadas como componentes democráticos en la distribución del ingreso nacional de la economía real, con el fin de superar las desigualdades sociales.

La inflación y sus confusiones conceptuales, naturaleza histórica y consecuencias, es presentada como patología del atraso y la dependencia, producto de las imposiciones basadas en criterios y políticas ortodoxas de tipo político monetarista, mostrando las categorías históricas del atraso latinoamericano y los contrastes de países con economías ricas y sociedades pobres.

Las características históricas del atraso y dependencia en sectores clave como el comercio exterior, tecnología, comunicaciones, cultura y demás constelaciones del poder dominante, componentes de la marginalidad global, bajo el control monopólico de las empresas transnacionales y sus asociados locales. En el contexto se analizan los elementos del Estado y sus estructuras de poder, hacia dentro y hacia afuera.

El programa de nacionalizaciones en los campos del crédito, banca, recursos naturales estratégicos, transportes básicos, comercio exterior y servicios elementales y alimentos vitales, hacen que parte de propuestas alternativas de tipo histórico, cuyos diagnósticos fundamentales mantienen vigencia y las tendencias políticas actuales, en algunos países de América Latina, por lo cual es pertinente su lectura crítica en función de los aportes conceptuales sustantivos.

LA INFLACIÓN EN LA PATOLOGÍA DEL ATRASO
No obstante, la abundancia de análisis y reflexiones sobre el problema de la inflación en América Latina, aún estamos lejos de comprender su verdadera naturaleza histórica, su causalidad y su dinámica, así como su articulación a las diversas estructuras económicas, sociales, culturales y políticas de las sociedades latinoamericanas.

La casi totalidad de análisis científicos realizados en Colombia y en América Latina adolecen de cuatro graves e insalvables limitaciones:

a) la de adoptar una perspectiva restringidamente económica o limitadamente monetarista, aceptando una división de la sociedad en comportamientos estancos y desvertebrando los problemas del mercado y de los precios, del sistema de relaciones internacionales de cambio, de las formas de la nueva dependencia, de la organización política, del sistema de poder o de la estructura y de las relaciones de clase;

b) la de utilizar casi exclusivamente métodos cuantitativos de análisis, desestimando los factores o aspectos cualitativos;

c) la de asimilar o no diferencias la inflación como expresión de desajustes temporales y autoliquidables en los países capitalistas desarrollados –Estados Unidos, Inglaterra, Japón– y como fenómeno característico de los países atrasados y dependientes; y

d) la de aislar o no relacionar la inflación con el conjunto de fenómenos que expresan la patología del atraso y los desajustes estructurales en esas sociedades atrasadas y dependientes. Desde luego, un enfoque estructural de la inflación implica la adopción de un concepto nuevo y dialéctico de las ciencias sociales, una noción global y totalista de los problemas en las sociedades latinoamericanas y una estricta diferenciación de las nociones esenciales de crecimiento económico y desarrollo.

No solo en la teoría científica tradicional o la que se expresa en un modelo tan generalizado en América Latina como el de W. Rostow, sino en la terminología convencional de los organismos internacionales de Naciones Unidas, se establece una peligrosa identificación entre dos conceptos, definiendo el desarrollo en simples términos de crecimiento económico.

Esta confusión teórica se origina en el hecho de concebir el subdesarrollo partiendo de las condiciones y niveles de los países desarrollados que se adoptan como patrones o arquetipos históricos, midiendo, en consecuencia, el desarrollo, por medio de aquellos elementos o indicadores utilizados en aquellos países –Estados Unidos o Inglaterra– para señalar, en términos cuantificables, la línea general de su evolución económica. El más importante y generalizado de esos coeficientes es el producto o el ingreso real por habitante.

De acuerdo con esta concepción cuantitativista y limitadamente económica, se ha establecido un cierto nivel convencional del producto o del ingreso real por habitante, para determinar en qué punto histórico un país deja de ser subdesarrollado y gana, sin traumatismos, el rango de país desarrollado.

Semejante concepción no solo ha desviado el esfuerzo teórico de las sociedades latinoamericanas hacia problemas de carácter secundario o coyuntural, sino que ha orientado sus preocupaciones y su esfuerzo por faltas pistas. El decenio de la Alianza para el Progreso demuestra que, mientras persistan semejantes concepciones del subdesarrollado –de acuerdo con los esquemas teóricos e ideológicos exportados desde la Nación Metropolitana– América Latina puede crecer, pero no puede desarrollarse. Este hecho implica no solo una pérdida contra el tiempo, sino una profundización de las brechas que separan a los países latinoamericanos de los Estados Unidos, o de las grandes potencias mundiales.

Un punto esencial es, entonces, el que se relaciona con la diferenciación conceptual y política entre crecimiento económico y desarrollo conceptual, en cuanto es indispensable adoptar un criterio científico con el que sea posible descubrir en las sociedades latinoamericanas las raíces profundas del subdesarrollo o del atraso, definiendo las más importantes categorías teóricas de las ciencias sociales en América Latina, como la dependencia, la marginalidad global, el subempleo estructural de los recursos de desarrollo, el desequilibrio crónico en el sistema de relaciones internacionales de intercambio, la transformación de la Nación Metropolitana y de las áreas metropolitanas internas en los polos de atracción de los recursos de población, ahorro y tecnología, y política, en cuanto este deslinde teórico ha de conllevar la posibilidad de un correcto diagnóstico del atraso y de una acertada definición de la estrategia de desarrollo.

Solo cuando la América Latina aprenda a no confundir una con otra y a superar el simplismo tecnocrático de las llamadas tendencias desarrollistas estará en camino de ganar la original y elevada capacidad política de desarrollarse.

Crecimiento económico es un proceso lineal que se expresa en el incremento de los índices de productos por habitante: desde luego, si la población crece más rápidamente que la producción, no se podría hablar de crecimiento económico, ni siquiera en este sentido restringido, y que se fundamenta en la simple relación estadística producto-hombre. En la práctica histórica contemporánea, todos los países crecen –aun en sentido puramente vegetativo–, pero solo una minoría se desarrolla.

Desarrollo es un proceso global que implica una transformación radical de las condiciones económicas, sociales y políticas de una sociedad en su conjunto, en razón de haber ganado la capacidad de emplear plena y racionalmente la totalidad de recursos de desarrollo (humanos, físicos, culturales, financieros), de haber logrado la máxima expansión de las fuerzas productivas y de haber apoyado este proceso es una enérgica movilización del esfuerzo interno, de acuerdo con un cierto objetivo finalista o sea, aquello que constituye el núcleo ideológico de las fuerzas sociales conductoras del proceso de desarrollo y que se expresa en la imagen de una Nueva Sociedad.

Esta concepción se apoya en la experiencia histórica de los países desarrollados y de la América Latina, la que demuestra que el desarrollo es el resultado final de un proceso que resulta de una serie de transformaciones globales de la sociedad, que supone tanto una agresiva movilización del esfuerzo interno como una plena expansión de sus fuerzas productivas y que implica, necesariamente, la superación histórica de las condiciones de vida de un pueblo (ingresos, cultura, participación política, bienestar social, movilidad o escalas de ascenso), de acuerdo con un propósito nacional, esto es, con lo que cada sociedad quiere ser en la historia.

No existe un país desarrollado que se pueda definir como una economía rica y un pueblo pobre, ya que aun en sociedades capitalistas tan estratificadas como las norteamericanas, las formas de la concentración de la riqueza y el poder no son tan extremas y polarizadas como las existentes en América Latina.

Estas reflexiones se enderezan, entonces, a definir el crecimiento económico como una simple relación estadística entre el producto y la población que lo genera y el desarrollo como el resultado de un proceso global de transformaciones en las diversas estructuras de una sociedad y en sus condiciones de vida.

Las sociedades desarrolladas lo son en el sentido económico, social, cultural y político, su Estado, su cultura, su ciencia, su tecnología, su sistema de distribución de los ingresos y del poder, expresan ese desarrollo. Y a la inversa: las sociedades atrasadas no solo lo son en un sentido económico, sino en su ordenación social, en el comportamiento de sus clases, en su tipo de Estado, en su colonialismo cultural, en su organización política, en la extrema polarización dela riqueza y de la pobreza.

LAS CATEGORÍAS HISTÓRICAS DEL ATRASO LATINOAMERICANO
El núcleo teórico de este análisis es el de que la inflación –en América Latina– es una categoría que expresa los desajustes estructurales y la patología característica de los países atrasados y dependientes. Esa categoría no existe como un fenómeno aislado o estelar, si no como parte de una constelación de fenómenos sociales, solo perceptibles en la medida en que se adopta una perspectiva dialéctica y totalista de las sociedades latinoamericanas.

En la última década, pareció concentrarse el análisis científico-social en tres grandes áreas: la dependencia, la marginalidad social y la extrema polarización en la distribución del ingreso. El tema de la inflación se abordó, de preferencia, relacionándolo con el funcionamiento del sistema de relaciones internacionales de intercambio, con el mercado interno y con las políticas monetarias y fiscales. En solo dos décadas –las del cincuenta y el setenta– se ha logrado formar un audaz y coherente pensamiento crítico latinoamericano, capaz de descubrir la verdadera naturaleza de las sociedades latinoamericanas y de enunciar sus leyes. Este constituye el más importante acervo para que la América Latina construya su propia estrategia del desarrollo.

A grandes rasgos, es posible enunciar así el elenco de categorías científicas que caracterizan el atraso latinoamericano:

I. Dependencia creciente (comercial, financiera, tecnológica, cultural y política), no solo como forma de relación externa con la Nación Metropolitana (centro de la constelación de poder), sino como forma internalizada en cada sociedad (ideología, formas políticas, tipo de industrialización, patrones de consumo, cultura de la dependencia).

II. Marginalidad global, que comprende:

a. Participación decreciente y marginal en el sistema pluralista de mercado mundial o en particular en el mercado de productos primarios;

b. Subsistencia de grandes espacios estratégicos –el mar patrimonial en el Pacífico y en el Caribe, la cuenca amazónica, las regiones boscosas de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú– que existen como espacios vacíos o como polígonos coloniales de la potencia dominante (explotaciones forestales, pesca industrial en alta mar, etc.);

c. Marginalidad social de las mayorías pobres en las ciudades (cinturones de tugurios, desempleados, peones, trabajadores ocupados en economías marginales), y en los campos (minifundistas, campesinos sin tierra, peones y aparceros de latifundio);

d. Incomunicación y bloqueamiento social dentro de las constelaciones latifundistas.

III. Subempleo estructural de los recursos disponibles de desarrollo (originado en la naturaleza de las estructuras económicas, sociales y políticas existentes):

a. Recursos físicos de tierra y agua, dentro del marco de las estructuras latifundistas;

b. Población activa en las áreas de minifundio;

c. recursos forestales, mineros, petrolíferos, marítimos y fluviales;

d. Recursos de ahorro y tecnología: instalaciones industriales, capacidad científica y técnica, disponibilidades de crédito.

IV. Desequilibrio crónico y estructural en el sistema de relaciones internacionales de intercambio Centro-Periferia. En cuanto América Latina continúa exportando productos primarios, sin valor agregado (pese a los procesos de integración regional por medio de la ampliación física del mercado) e importa bienes de capital, materias primas y tecnologías de una elevada densidad de valor, como efecto del control ejercido por las Empresas Transnacionales sobre la industrialización básica, las fuentes de energía y el aparato de financiamiento.

Este modelo neocolonial de intercambio, así como la transferencia de recursos de ahorro y de población calificada desde los países latinoamericanos hacia los Estados Unidos genera un principio de déficit crónico y acumulativo en la balanza de pagos. Este déficit desencadena el proceso de endeudamiento externo creciente –más para pagar servicios financieros de endeudamiento que para desarrollarse– la destinación de una elevada proporción de los ingresos ordinarios de divisas (15 al 30 %) al pago de esa deuda. Este desequilibrio estructural desencadena fuerzas especulativas que inflan los precios de las importaciones (regalías, costos de las patentes y marcas, doble facturación de las materias primas, etc.), distorsionan los precios de las exportaciones o estimulan las incontenibles corrientes de la exportación clandestina.

Lo que se llama en Colombia “inflación importada” –como un método de exonerar de responsabilidad a las políticas económicas y a los grupos contralores del Estado– no es sino el costo de la dependencia comercial, tecnológica y financiera, así como la expresión de la hegemonía que ejercen las más poderosas fuerzas especulativas sobre la estructura de las relaciones internacionales de intercambio.

Un efecto de esta estructura es la tendencia histórica hacia la participación decreciente de América Latina en las exportaciones mundiales del 10,6 % en 1950 al 5,4 % en 1968. Colombia, pese a los procesos recientes de diversificación y de expansión de las exportaciones, ha visto descender su peso en el comercio mundial del 0,42 % en 1957 al 0,19 % en 1972.

V. Desequilibrio estructural en el sistema nacional de mercado, como efecto de la absoluta hegemonía de las grandes empresas, particularmente Empresas Transnacionales Norteamericanas, en líneas manufactureras como las químicas, farmacéuticas, eléctricas o metalmecánicas y de la proliferación de intermediarios en el anárquico mercado de bienes de consumo, particularmente los de origen agrícola y ganadero (carnes, aceites y grasas vegetales, cereales, etc.).

El proceso de industrialización sustitutiva dio origen a las modernas empresas industriales productoras de bienes de consumo –a partir de la gran depresión de los años treinta– por medio de una política proteccionista orientada hacia la constitución de mercados monopolios u oligopólicos. Semejante proceso se reforzó después de la Segunda Guerra Mundial, al transferirse a las economías dependientes los dos fenómenos que expresaron la audaz expansión del capitalismo norteamericano en la postguerra: la aglomeración y la multinacionalidad.

Por medio de las nuevas estructuras, las Empresas Transnacionales tuvieron bajo su control los mecanismos de maximización de la ganancia, en los países atrasados y dependientes: la doble facturación de las importaciones de tecnologías e insumos, las regalías, los costos de patentes y marcas, el pago de factores a las casas matrices, la utilización de los recursos de ahorro internos para el financiamiento de sus operaciones locales.

Las Empresas Transnacionales Norteamericanas entraron a operar en las áreas de industrialización básica, articulándolas estrechamente a la importación de bienes de capital, materias primas y tecnologías desde la Nación Metropolitana. Esta poderosa estructura tecnoindustrial se superpuso a las formas tradicionales del sistema de mercado local, en el que aún se conservan ciertas formas hispanocoloniales de negociación, de cuenta y medida, y en el que deben comercializar sus productos el enorme aluvión de pequeñas economías campesinas (aparceros, pequeños arrendatarios de tierra, colonos de hacienda, minifundistas, empresarios familiares):

a. La inflexible y creciente concentración del poder económico (propiedad, gestión e ingresos) en los diversos sectores de la economía nacional;

b. La acelerada marginalización de las pequeñas economías rurales y urbanas; y

c. El constante desencadenamiento de fuerzas especulativas que manipulan los agudos desequilibrios de esta estructura de mercado, desviando las corrientes de inversión y generando procesos, como el de sobrevaluación comercial de la tierra urbana y suburbana que hacen, prácticamente, imposible la construcción masiva de viviendas de interés social. De allí que mientras el Gobierno ha consagrado la importancia estratégica de la industria de construcción recluida en el recinto de las ciudades metropolitanas, el Instituto de Crédito Territorial haya visto absolutamente bloqueados sus programas de vivienda popular.

De otra parte, el sistema nacional de mercado solo puede operar dentro de los marcos limitantes del sistema de distribución del ingreso nacional entre las clases sociales: si el 60 % de la población colombiana, la más pobre, no alcanza a recibir el 15 % de ese ingreso y el 5 % (la población más rica) controla más del 40 %, ese mercado interno no puede ser profundo, integrado y denso, ni puede responder a las exigencias de las modernas economías de escala.

El hecho de que el Estado conserve los rasgos generales del mercantilismo y de que, sin embargo, oriente sus esquemas de desarrollo de acuerdo con una línea de liberalismo económico, desencadena una de las más graves contradicciones internas y explica la incoherencia de las políticas en relación con el comercio internacional y con el sistema nacional de mercado. En el modelo político llamado en Colombia “Las Cuatro Estrategias”, se asigna una categoría singular a la redistribución social del ingreso, con el objeto de aminorar las tensiones sociales de promover la ampliación y consolidación de la demanda.

Sin embargo, la práctica de la política tributaria conduce a cargar el peso de los impuestos directos sobre las rentas de trabajo, a cohonestar la evasión fiscal de las grandes rentas de capital y a propagar diversas formas de captación bancaria del ahorro popular (depósitos bancarios, fondos alimentados con las cesantías de los trabajadores públicos y privados, etc.), con el objeto de no presionar los ingresos o los consumos suntuarios de las clases ricas y de insertar a las clases pobres en la áreas marginales de la economía especulativa.

Dada la expansión descontrolada del gasto público, el desequilibrio en la estructura del presupuesto del Estado –entre ingresos ordinarios y exigencias de un complejo aparato institucional y burocrático– se constituye en una de las fuerzas más poderosas de desorden monetario, por la fácil vía de las emisiones destinadas al financiamiento del déficit.

Esta radical contradicción entre la inspiración neomercantilista de la política fiscal y la orientación liberal de la política del crecimiento económico se hace más insalvable y profunda en razón de la desordenada proliferación de instituciones descentralizadas del Estado, acentuando la exigencia de financiamientos deficitarios del presupuesto público.

Semejantes formas de expansión anárquica de los aparatos estatales –como efecto de las presiones políticas de las oligarquías dominantes y del ascenso de las clases medias– se han expresado en una divisa contribución estatal al proceso inflacionario por la doble vía de las emisiones monetarias y de la hipertrofia administrativa de los entes públicos.

Aparte del libro publicado por la CGR en 2006.

En el modelo político colombiano, el sistema de hegemonía compartida de los partidos contralores del aparato del Estado –identificados ideológicamente como dos partidos políticamente conservadores y económicamente liberales– ha descansado sobre el principio inflacionario de la paridad burocrática y presupuestal en cuanto implica una aguda hipertrofia del presupuesto público sometido a las reglas inexorables del cuoteo de poder, así como a la exigencia de políticas populistas o de control social destinadas a la preservación política del sistema (Idema, Defensa Civil, Acción Comunal, Acción Cívico-Militar, etc.).

Esta notable hipertrofia de los aparatos directos del Estado no sería políticamente comprensible sin la presencia de una constelación de factores: la regularización del estado de sitio, del estado de emergencia o de las facultades extraordinarias al Presidente de la República –con la consiguiente ampliación del aparato de fuerza–, el desmantelamiento de los controles democráticos y la asignación a la industria de construcción del rango de pieza maestra de la estrategia de desarrollo, en procura de acelerar los procesos de metropolización del país.

VI. Concentración extrema del poder económico (propiedad sobre la tierra, el agua, los medios de producción y los recursos financieros, comerciales y tecnológicos del desarrollo, así como la gestión y los ingresos) que determina, directa o indirectamente, tanto el progresivo desmantelamiento de diversas formas del Estado liberal de derecho como la correlativa concentración del poder político: ese proceso de demolición institucional ha ocurrido de diversas maneras en la historia latinoamericana, por medio de una irrupción violenta de fuerzas militares contrarrevolucionarias –en los casos de Brasil y de Chile– o de sofisticadas formas de democracia aparente, en las experiencias de Colombia o de Uruguay.

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