POR AÑOS, EL MANEJO DE LA DEUDA PÚBLICA que ha generado todo tipo de controversias entre los más avezados y eruditos economistas del país, concentra nuestra atención en esta entrega de la revista institucional de la Contraloría General de la República. El tema resulta aún más atractivo por el hecho de encontrarnos ad portas de un nuevo gobierno que se enfrentará a unos indicadores económicos con signos poco favorables hacia el futuro tras dos años de una pandemia que nadie podía prever.

En la presente edición de Economía Colombiana autorizados analistas se ocupan de examinar a fondo el estado actual y las previsiones más aconsejables para hacerle frente a la deuda a cargo del Gobierno Nacional Central y su impacto sobre la política de estabilidad económica.

Según el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, César Arias, las políticas puestas en marcha por el gobierno lograrán la reducción de la deuda como porcentaje PIB, tres años antes de lo previsto en el marco fiscal de mediano plazo. Sostiene que los niveles de la deuda pública en el sector han alcanzado niveles históricos de sostenibilidad.

Pero también se conocen otras voces que plantean inquietudes de fondo como la de los profesores Jorge Iván González y Roberto Ariza, para quienes “existe cierto consenso en que una deuda es sostenible si la dinámica del PIB es mayor a la de las tasas de interés. En sí mismo, este principio es válido, pero los hechos están mostrando que este postulado básico no se ha cumplido”.

Por otra parte, el exministro Juan Camilo Restrepo, al referirse a las tareas pendientes en el ajuste fiscal, subraya que “seguimos manejando uno de los déficits fiscales más altos de la región, lo que requerirá esfuerzos adicionales en los años venideros para alcanzar una sostenibilidad aceptable en las finanzas públicas”.

Entre tanto, el profesor de economía Isidro Hernández Rodríguez observa que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y su Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional diseñaron una estrategia de endeudamiento para el periodo comprendido entre 2018 y 2022 que tiene como objetivos alcanzar una emisión óptima de acuerdo con las tasas de interés vigentes en cada año, los plazos y las monedas (divisas) que reduzcan los riesgos de liquidez y solvencia; conseguir la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo y profundizar el mercado de capitales del país.

No existe duda de que uno de los temas que se abordarán a partir del segundo semestre de este año, con el inicio del nuevo gobierno, tiene que ver con el manejo de las pensiones. Lo analizan en esta edición los catedráticos de la Universidad de los Andes Óscar Becerra, David Pérez Reyna y Hernando Zuleta, quienes sostienen que si bien el gasto público para pensiones no es extremadamente alto, sí mantiene una presión constante y significativa sobre las finanzas públicas. “Sumando aproximadamente 3,5 % del PIB por año, el gasto público en pensiones es uno de los rubros más importantes del presupuesto nacional. El diseño actual del sistema se caracteriza por una serie de ineficiencias que deberían ser corregidas: el gasto se concentra en muy pocas personas y beneficia desproporcionadamente a las de ingresos relativamente altos”.

Mejorar estas fallas será uno de los ejes centrales de la discusión de una próxima reforma pensional y entender sus consecuencias es fundamental para el futuro de las finanzas públicas.

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