Resumen

El Estado es el mayor comprador del país y a través de las Compras Públicas Sostenibles (CPS) refleja el poder del consumidor en el establecimiento de criterios que consideren aspectos ambientales, sociales y económicos.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha establecido que el requisito mínimo para ser consideradas compras sostenibles es que existan efectos positivos en una dimensión y no existan deterioros en las otras dos. De manera que, a través de las compras públicas sostenibles los gobiernos pueden reformar los mercados de acuerdo con su poder de compra e influencia en la regulación.

No obstante, la Contraloría General de la República ha identificado vacíos y fallas en la implementación de las CPS en Colombia, que han restado fuerza a la oportunidad de dinamizar las adquisiciones del sector público con base en criterios ambientales. Los análisis que sustentan esta conclusión se abordan a lo largo de este documento, con base en auditorías y requerimientos de información realizados a las entidades líderes del tema en el país: el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) y la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (CCE).

Planteamiento del problema

Las compras públicas son el medio para que las entidades estatales adquieran los bienes y servicios que requieren para cumplir con sus objetivos misionales y materializar las políticas públicas (CCE, 2018, p. 3). En Colombia las compras públicas representan el 15% del PIB, dinamizando el desarrollo del país (CCE, 2022, p. 2). Reconociendo la importancia de las compras públicas, la Agenda 2030 ha incorporado el ODS 12 que busca “garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”, con el ánimo de contribuir a una economía basada en el uso sostenible del capital natural y la inclusión de estándares ambientales y sociales dentro del consumo y producción nacional.

En la misma dirección, el CONPES 3918 de 2018 adoptó la “meta 12.7. promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales”, cuya entidad líder para su implementación es la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (CCE). En línea con este compromiso se desarrolló el Plan de Acción Nacional de Compras Públicas Sostenibles 2016-2020, que define las compras públicas sostenibles (CPS) como: Satisfacción de las necesidades mediante la adquisición de bienes y servicios amigables con el ambiente a través de la utilización eficiente de recursos a lo largo de su vida útil, que se ajustan a los principios de economía, eficacia, eficiencia, oportunidad y transparencia; y que en su producción o suministro se han apegado a normas sociales establecidas.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) emitió una actualización de la “Guía conceptual y metodológica para las compras públicas sostenibles” en 2017, con criterios de sostenibilidad para las diferentes categorías de compras, priorizadas de acuerdo con su nivel de impacto ambiental. Por su parte, Colombia Compra Eficiente (CCE) emitió la “Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente”, con base en las fichas del Minambiente. Sin embargo, la implementación de las CPS es voluntaria por parte de los compradores, de manera que el establecimiento de un puntaje adicional por el cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental dentro de los procesos de contratación depende de cada adquirente y CCE recomienda que los criterios de sostenibilidad ambiental no sean de obligatorio cumplimiento con el ánimo de mantener la oferta de bienes y servicios.

Lo que se ha convertido en un impedimento que, en lugar de motivar un avance progresivo hacia las CPS, las ha mantenido estáticas a nivel general en el país. Esto se refleja en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), plataforma en donde ningún criterio de CPS es considerado para seguimiento, sumado a la inexistencia de un indicador relacionado con la meta 12.7. de manera que no se genera ningún reporte de parte de las entidades compradoras, ni de parte de CCE que permita concluir respecto a los avances en la implementación de las compras públicas sostenibles en el país. Ante este panorama, la Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales (DDS-VCA) de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, prioriza este tema, como parte de sus funciones de verificación del desempeño de la institucionalidad pública con una visión integral, sobre la ejecución de las políticas públicas, ejecución de recursos, y si los resultados han contribuido o se traducen en beneficios a la población. La DDS-VCA abordó aspectos clave para el análisis de la meta asociada al ODS 12, como el enfoque integrado de gobierno y el principio de “no dejar a nadie atrás”. A partir de estos elementos se pretendió dar una mirada al estado de las CPS específicamente en el sector ambiental, delimitada a los insumos de oficina, aseo y cafetería, en el periodo 2016-2022, con el objetivo de examinar la suficiencia de los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos dentro de las guías de CPS, verificando quién y cómo se comprueba su cumplimiento.

Contexto normativo

El contexto normativo internacional que soporta las compras públicas sostenibles se recoge en el Gráfico 1. La dinámica mundial promueve la producción y el consumo sostenible, incluyendo al sector público como dinamizador de la economía a través de las adquisiciones con criterios sociales y ambientales.

Gráfico 1. Contexto normativo internacional CPS

En Colombia, la Constitución Política de 1991 consagra principios e instrumentos encaminados a configurar una “constitución verde”, estableciendo los derechos y deberes que se deben observar para la conservación y protección ambiental, así como postulados que representan la necesidad de incorporar criterios económicos y sociales en pro de la ciudadanía.

Estos postulados han sido recogidos por las diferentes normas que rigen el sistema de contratación pública, como son, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, donde cada uno de ellos en concordancia con la reglamentación ambiental, social y económica vigente define la necesidad de efectuar adquisiciones con criterios de sostenibilidad (Minambiente, 2017, p. 16). En la misma dirección, el Estatuto General de contratación de la Administración Pública (ley 80 de 1993) señala explícitamente en su artículo 65 que “(…) una vez liquidados a terminados los contratos, según el caso, la vigilancia fiscal incluirá un control financiero, de gestión y de resultados fundados en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales”.

En el año 2010 Colombia desarrolló la “Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible – Hacia una cultura de consumo sostenible y transformación productiva-”, como consecuencia de los compromisos adquiridos por Colombia de manera voluntaria en el marco del Proceso de Marrakech1. Esta Política se dirige a los diferentes actores, tanto del sector público como privado, en busca de orientar el cambio de los patrones insostenibles de producción y consumo, con la finalidad de contribuir a la reducción de la contaminación, favorecer la integridad ambiental de los bienes y servicios, y estimular el uso sostenible de la biodiversidad.

El Decreto 4170 de 2011 creó la Unidad Administrativa Especial: Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (CCE), teniendo como objetivo el “desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado” (Minambiente, 2017, p. 15). El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en el capítulo X —crecimiento verde— habló de proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad, y adoptar las estrategias para incrementar las compras públicas sostenibles. Para el 2015 la Agenda 2030 introduce la meta 12.7 “Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales”.

En la misma dirección, el Plan de Acción Nacional de Compras Públicas Sostenibles 2016-2020 (PAN) busca principalmente anclar las CPS en el país, promover su implementación, reducir las barreras y generar alianzas. En 2018 se elabora el CONPES 3934, donde se establece que “el crecimiento verde hace referencia a aquellas trayectorias de crecimiento que garantizan el bienestar económico y social de la población en el largo plazo, asegurando la conservación del capital natural y la seguridad climática”.

A su vez, Colombia Compra Eficiente, como rector del sistema de compras públicas, desarrolló la “Guía de compras públicas socialmente responsables” en atención a la necesidad de afianzar los compromisos adquiridos por el Estado Colombiano en materia de derechos humanos y empresa, lograr la implementación efectiva de los Principios de Naciones Unidas en el sistema de compras públicas, garantizar el respeto de los derechos humanos en los términos establecidos en el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas en Colombia y avanzar el agenda 2030 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. En el 2017 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió la “Guía conceptual y metodológica sobre compras públicas sostenibles”, la cual tiene como objetivo apoyar a los actores involucrados en los procesos de contratación para la implementación exitosa de CPS en Colombia, a través de:

• Servir como lineamiento para la implementación de las CPS en las entidades públicas (Nacionales, Departamentales y Municipales).

• Ayudar a expertos y profesionales de las compras públicas a comprender la relevancia de la sostenibilidad como criterio de adquisición.

• Ofrecer orientación y herramientas a las personas responsables de compras públicas para facilitar la implementación de CPS.

• Apoyar a las personas y organizaciones involucradas con las CPS a la hora de monitorear e informar logros e impactos (Minambiente, 2017, p. 3).

Resultados y discusión

La Contraloría General de la República realizó en 2021 una auditoría de desempeño2 para “evaluar la implementación de las compras públicas sostenibles (CPS) en Colombia de conformidad con las políticas y prioridades nacionales considerando aspectos de resiliencia” analizando las vigencias 2016 a 2020 y cuyos sujetos de control fueron la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Nacional de Planeación. Con base en los resultados de esta auditoría y el interés de abordar el tema específicamente desde el componente ambiental, la DDS-VCA realizó requerimientos de información actualizada de acuerdo con los aspectos clave priorizados. Los resultados de este análisis se presentan en el Grafico 2.

Gráfico 2. Aspectos clave evaluados CPS.

A continuación, se revisan a detalle los resultados del análisis de cada aspecto clave, que como se observa, presentan una calificación entre baja y nula.

Instrumentos de planeación y planificación

Luego del establecimiento de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, el Plan de Acción Nacional de Compras Públicas Sostenibles 2016-2020 ha sido la ruta para seguir en materia de adquisiciones sostenibles. Este plan presenta 7 estrategias con líneas de acción y actividades específicas.

No obstante, el país lleva dos vigencias sin un plan de acción actualizado a las necesidades en la materia, lo que significa que, a la fecha, no se ha incorporado la retroalimentación derivada del seguimiento al Plan de Acción Nacional hasta la vigencia 2020. Minambiente está trabajando en el proyecto de actualización de este Plan, en donde se identifican vacíos importantes, como la falta de indicadores de seguimiento, pues lo que se presenta como indicadores resulta ser las metas de cada línea de acción. De la misma manera, no se han identificado los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades propuestas, ni los responsables de su implementación.

Si bien Minambiente aclara que la actualización de un nuevo Plan de Acción Nacional de CPS requerirá de ajustes de conformidad con la orientación del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, se denota ausencia de acciones en las vigencias 2021-2022, pues el seguimiento debería permitir la actualización oportuna contemplando las dinámicas políticas, económicas y sociales alrededor del tema. Estas fallas en los instrumentos de planificación se ven reflejados también en la ausencia de estrategias, actividades, metas, indicadores y recursos dirigidos a la implementación de las CPS a nivel territorial.

Mecanismos de coordinación y articulación

Los compromisos asociados a la implementación de las compras públicas sostenibles en el país están encabezados por Colombia Compra Eficiente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Nacional de Planeación, quienes conforman el Comité Coordinador Nacional (CPS-CCN).

Las respuestas de las tres entidades reflejan falta de coordinación y poca articulación, pues si bien cada entidad cumple con sus competencias específicas, no se evidencian avances desde el enfoque integrado de gobierno, de manera que ante las CPS el Estado no ha actuado como un solo cuerpo encaminado al logro de las metas establecidas, sino cada entidad procura el cumplimiento de sus obligaciones sin que ninguna esté cumpliendo el rol de articuladora, dejando pasar las fragmentaciones, duplicidades, superposiciones y lagunas en este tema. La ausencia de coordinación y articulación se evidencia no sólo a nivel nacional, pues no todas las entidades regionales y territoriales tienen establecidas metas a corto plazo relacionadas con las CPS, y muchos esfuerzos se han concentrado en generar fichas propias con criterios de sostenibilidad, que si bien pueden tener como base las fichas de Minambiente, no son comparables ni presentan un seguimiento oportuno, bajo la justificación de la diversidad de necesidades de adquisición de cada entidad y cada sector.

Indicadores

El DNP sostiene4 que luego de la adopción de las metas en cada uno de los países, el siguiente paso corresponde a la definición de indicadores desde las entidades líderes de la meta, que para este caso en particular corresponde a Colombia Compra Eficiente. Como resultado de la auditoría de desempeño realizada en 2021, la CGR pudo identificar que el indicador “Porcentaje de la inversión realizada en compras sostenibles de bienes y servicios priorizados en las entidades estatales” aún no cuenta con línea base. Al indagar respecto a la retroalimentación asociada a los indicadores del ODS 12.7, el DNP reportó el indicador “Porcentaje de las compras públicas gestionadas a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) y SECOP II”, que, si bien permiten hacer seguimiento a metas relacionadas con las compras públicas, no es útil para el análisis de las CPS, ni incluye ningún tipo de criterio de sostenibilidad.

Minambiente informó que, al tratarse de mecanismos a través de los cuales se materializan políticas horizontales, su medición debe realizarse caso a caso a partir del examen de los indicadores definidos por la entidad al momento de estructurar sus procesos de selección. Sin embargo, esto no justifica la ausencia de un indicador de seguimiento que permita recopilar información a nivel nacional y territorial y aporte al desarrollo de los informes anuales de implementación de los ODS.

Sistemas de información

El SECOP5 (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) es la plataforma de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos; al ser voluntarias las CPS por parte de las entidades públicas adquirentes, el SECOP no incluye ningún campo asociado a esta información dentro de los procesos de contratación.

La respuesta de CCE6 menciona la existencia de un campo tipo lógico no obligatorio dirigido a identificar los contratos con obligaciones ambientales o con obligaciones posconsumo, lo que no necesariamente se relaciona con los criterios de sostenibilidad definidos para las CPS. Por lo que desde el SECOP no es posible identificar los procesos de contratación que involucran las CPS y el seguimiento requeriría entrar a cada contrato de forma individual para verificar si quedaron contempladas obligaciones relacionadas con criterios de sostenibilidad. El SECOP cuenta con un portal de análisis de datos de compra pública7 , en donde los datos de sostenibilidad aparecen en blanco, al no contenerse criterios ni indicadores que alimenten una base de datos relacionada con este tema; por lo que es importante considerar, no solo la necesidad de incorporar estos requerimientos de información dentro del SECOP, sino del acompañamiento necesario para que sea diligenciado únicamente cuando se trata de CPS y no se confunda con procesos, trámites o permisos ambientales propios de la gestión ambiental.

Seguimiento

Según el DNP8 , “para el seguimiento se definen los indicadores de avance y de cumplimiento frente a las acciones y actividades planteadas para cada línea estratégica, las cuales permitirán conocer en qué grado se están alcanzado los objetivos propuestos”, por lo que el seguimiento del PAN se realiza a través de la evaluación del cumplimiento de las metas trazadas por parte de los miembros del Comité Coordinador Nacional.

Minambiente es el ente encargado de hacer seguimiento al PAN, pero la falta de su actualización oportuna, así como la ausencia de indicadores, reflejan a su vez deficiencias en el seguimiento a los objetivos, las acciones, plazos, responsables y recursos, que no fueron definidos de forma efectiva desde la formulación y tampoco han incorporado la retroalimentación necesaria. Minambiente remitió a la DDS-VCA los resultados de un piloto de diagnóstico9 del estado de avance de la implementación de las compras públicas sostenibles basados en sus ocho etapas, allegando las respuestas de 51 entidades públicas, 10 de ellas pertenecientes al sector ambiental. El análisis de este documento permitió identificar deficiencias conceptuales, puesto que las entidades asocian los proyectos de sostenibilidad incorporados en los planes de acción institucionales con las compras públicas sostenibles, que deberían hacer parte de los planes de adquisición anuales.

En este sentido, los profesionales especializados en CPS son un elemento básico para implementarlas dentro de la institución, al promover los cambios y desarrollar las herramientas necesarias que dinamicen las adquisiciones sostenibles. Lo anterior va de la mano con la necesidad imperante que señalan las entidades consultadas, de asesoría y capacitación por parte de los líderes del tema a nivel nacional, así como lineamientos más claros y vinculantes dentro de los procesos de contratación. Otra necesidad identificada se relaciona con el establecimiento de indicadores que permitan evidenciar el impacto de las acciones encaminadas hacia las CPS en cada institución, pues las guías vigentes establecen que cada entidad es autónoma en establecer los criterios de sostenibilidad y los indicadores de seguimiento según sus necesidades, pero se requiere un acompañamiento y retroalimentación constante.

Esquema financiero

La DDS-VCA investigó en las bases de datos de SECOP I, SECOP II y SECOP Integrado, además de datos financieros asociados al sector ambiental en las vigencias analizadas, verificando la imposibilidad de identificación de los recursos invertidos, no solo en los procesos de contratación con compras públicas sostenibles, sino los valores de inversión de las entidades para promoverlas, capacitar a sus funcionarios, comunicar a sus proveedores, etc.; las entidades públicas no diferencian en sus planes de adquisición los recursos que corresponden a CPS, sumado a los problemas mencionados en el SECOP para este tema, por lo que se requirió puntualmente al DNP10, a Minambiente11 y a CCE12 respecto a la inversión realizada entre 2016 y 2022, de acuerdo con las competencias de cada entidad.

Los datos reportados por el Minambiente y CCE corresponden a “entidades públicas con mayores volúmenes de contratación con obligaciones ambientales” como acumulado, sin la información específica de los objetos contratados, ni el comparativo con los volúmenes de contratación pública total por vigencia, lo que permite evidenciar que los problemas conceptuales alrededor del tema se presentan desde las mismas entidades líderes. Minambiente reportó un listado de contratos correspondiente a los profesionales especializados en CPS para las vigencias analizadas, sin mayor detalle del objeto del contrato, lo que no permite verificar el enfoque de los recursos.

Ninguna de las entidades reportó recursos dirigidos a capacitaciones, ni acompañamiento técnico a los compradores; tampoco se reportaron recursos dirigidos al acompañamiento y sensibilización de los proveedores, quienes serían los primeros interesados en mantenerse actualizados y participar en la implementación de CPS desde la mirada del productor o prestador del servicio. Así mismo, no se identifican recursos asignados hacia sistemas de información de seguimiento, desarrollo técnico del tema en el país, la actualización del mismo PAN, en concordancia con la ausencia de acciones desde las entidades líderes una vez vencido el PAN en 2020. Puntualmente, se reportó la inversión en la formulación del Plan Nacional de Compras Públicas Sostenibles 2016-2020 con un presupuesto de 241.166 dólares en el periodo comprendido entre mayo del 2015 y abril de 2017.

En materia de financiación, tampoco se identifican instrumentos o recursos puntuales del presupuesto nacional dirigidos a la promoción de las CPS en el país para las vigencias analizadas.

Resultado de la implementación respecto a la meta

Como ya se mencionó, la meta 12.7 de los ODS “Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales” no cuenta con un aterrizaje real en el país, de manera que no se han propuesto metas puntuales a corto, mediano y largo plazo de acuerdo con el horizonte de la Agenda 2030.

Cubrir este vacío es el primer paso para una implementación de las CPS en el país, puesto que permitirá contemplar las acciones y recursos, así como los indicadores de medición, de acuerdo con los avances tangibles que se propongan.

Además del análisis desde la DDS-VCA, se identifican algunos retos, desafíos y amenazas desde el piloto de diagnóstico realizado por Minambiente, que se señalan con el ánimo de contemplar la percepción de las entidades compradoras, como implementadoras directas de la política de CPS:

• Preocupación porque los procesos se declaren desiertos ante la falta de proveedores que cumplan criterios de sostenibilidad obligatorios.

• Preocupación por escases o retraso en la provisión de suministros, por no cumplir los criterios de CPS.

• La necesidad de educación, promoción y difusión de las CPS en todos los niveles de la cadena comercial.

• Recursos económicos limitados para las adquisiciones de bienes y servicios con el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad.

• El no fortalecimiento de las capacidades de las áreas responsables de la contratación de CPS dentro de las entidades es una amenaza para una exitosa implementación.

Finalmente, se evidencia la dificultad de hacer seguimiento al comportamiento de las CPS desde el sector ambiental, pues todas las debilidades abordadas conducen a que, no se puedan abordar detalles más puntuales como el cumplimiento y suficiencia de los criterios de sostenibilidad determinados por el Minambiente en sus fichas de sostenibilidad, ya que no existe información disponible al respecto.

Conclusiones

Las CPS son una de las metas de la Agenda 2030 que, como un cuerpo de objetivos, deben avanzar de manera integrada, considerando a todos los actores vitales y sin desatender ninguno de los enfoques, ni de las metas.

La implementación de las Compras Públicas Sostenibles en el país presenta debilidades significativas, dado que no existe una meta nacional relacionada acorde con la Agenda 2030, ni un indicador que permita el seguimiento a las CPS en el país. Desde 2020 no hay actividades ni presupuesto específico para la promoción e implementación de las CPS en el país. Es indispensable la actualización del Plan de Acción Nacional y la creación de mecanismos de medición y seguimiento para la retroalimentación de las CPS de acuerdo con las dinámicas de las compras públicas a nivel nacional y territorial.

Se evidencia una ruptura en la cadena de valor, porque en el país existe una estructura más desarrollada para promover la producción limpia (p.e. Sello Ambiental Colombiano) pero desde las entidades públicas como adquirentes de bienes no se promueve la adquisición sostenible de bienes y servicios, lo que desincentiva a los proveedores en su esfuerzos e inversiones hacia la sostenibilidad. La información correspondiente a compras públicas sostenibles actualmente es propia de cada institución, considerando que los niveles de implementación de las fichas técnicas para adquisición de bienes y servicios es variable, de acuerdo con sus necesidades y procesos de contratación. Esta falta de información conlleva a desconocimiento del panorama de la CPS en el país.

El establecimiento de metas e indicadores relacionados con las CPS debe ir acompañado de procesos de sensibilización y capacitación de compradores y proveedores hacia una cultura de la sostenibilidad, de manera que se busque una apropiación de la sostenibilidad en la cotidianidad de las instituciones. Las fichas de CPS elaboradas por Minambiente cuentan con criterios de sostenibilidad que involucran aspectos sociales y ambientales de manera integrada.

No obstante, actualmente sólo se da puntaje adicional obligatorio en los procesos de compras públicas que incluyen aspectos sociales como la contratación de personas en condición de discapacidad, o la contratación de personas víctimas de desplazamiento por la violencia, razón por la cual es importante buscar herramientas que dinamicen de la misma manera criterios ambientales clave en la promoción del cuidado y conservación ambiental, y que al generar puntajes adicionales, promuevan su inclusión en las dinámicas de competencia de los proveedores, de manera que no deshabiliten oferentes, pero si los motive para la realización de esfuerzos internos en búsqueda de la sostenibilidad.

Los equipos de trabajo de las entidades compradoras, especializados en CPS, ocupan un rol fundamental en la compresión, aprovechamiento y desarrollo de herramientas relacionadas con este tema, así como en la retroalimentación constante con los proveedores. Finalmente, a pesar de la delimitación del sector, de la categoría de las adquisiciones y del periodo temporal, el identificar desde SECOP si los contratos para insumos de oficina, aseo y cafetería adquiridos por el sector ambiental cumplen con criterios de sostenibilidad, reviste una gran dificultad pues ni siquiera en el objeto del contrato se mencionan criterios asociados a las compras públicas sostenibles.

Referencias Bibliográficas

Casier, L., Huizenga, R., Perera, O., Ruete, M., & Turley, L. (2015). Implementando Compras Públicas Sostenibles en América Latina y el Caribe. The International Institute for Sustainable Development.

Colombia Compra Eficiente. (2018). Guía de competencia en las compras públicas. https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_competencia_0.pdf

Colombia Compra Eficiente. (2022). Guía de compras públicas sostenibles con el medio ambiente. https://sigi.sic.gov.co/SIGI/files/mod_documentos/anexos/955/cce-eicp-gi16._guia_de_cps_v1._marzo2022_comm_emae.pdf

Contraloría General de la República. (2021). Evaluación de la implementación de las compras públicas sostenibles (CPS) en Colombia de conformidad con las políticas y prioridades nacionales considerando aspectos de resiliencia”. [CGR-CDGPEIF - Nro 037. Noviembre 2021]. Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras.

Minambiente. (2017). Compras públicas sostenibles—Guía conceptual y metodológica. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Minambiente. (2021). Análisis diagnóstico del Plan de acción de compras públicas sostenibles (PACPS)

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