Entrevista a Rubén Darío Gallo, asesor de despacho del vicecontralor en funciones de contralor, Carlos Mario Zuluaga Pardo.

¿Qué le permite a la Contraloría General de la República tener la capacidad de ejecutar el cobro coactivo? ¿Cuáles son los beneficios?

La estructura Constitucional del Control Fiscal en Colombia (numeral 5 del artículo 268) dotó al contralor general de la República de la función de ejercer la jurisdicción coactiva frente a los montos contenidos en los títulos ejecutivos que son producto del proceso de responsabilidad fiscal, de los procesos sancionatorios fiscales y de las sanciones pecuniarias producto de la sanción disciplinaria.

La retención de esta facultad ejecutora en cabeza del órgano de control resulta conveniente porque brinda celeridad, inmediatez y especializa el recaudo de estos recursos.

¿A cuánto asciende lo recaudado en, aproximadamente, el año y medio de gestión de la actual administración de la Contraloría General de la República?

Los resultados de la función ejecutora en cabeza de esta Contraloría no tienen precedentes. La entidad se aplicó a la tarea de concretar procesalmente la búsqueda de bienes susceptibles de medidas cautelares, a concretarlas y a determinar con rigor la responsabilidad fiscal de quienes ejercen la gestión de los recursos públicos.

Son 1,89 billones de pesos los que se han logrado recaudar como producto del cobro coactivo de los títulos ejecutivos que deviene de la responsabilidad fiscal.

¿Esto es más o menos frente a la gestión pasada?

Entre el 2018 y 2019, en el mismo periodo de contraste, a través de los procesos de cobro coactivo se logró recaudar 87 mil millones, con lo cual hay un crecimiento del 1.900 %. En el cuatrienio pasado, 2018 – 2022, esta función recaudó un total de 220 mil millones.

¿A qué se debe el incremento de esta suma de dinero y que sea una cifra récord?

Este logro encuentra justificación en diversas causas, pero debemos destacar principalmente tres:

1) El rigor con el cual se constituye el título ejecutivo, es decir, con el cual se adelanta la actuación en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal. Baste señalar que, por ejemplo, en los primeros 18 meses de las anteriores administraciones se profirieron 169 y 265 fallos con responsabilidad fiscal por valor de 100 mil y 160 mil millones, respectivamente. En estos primeros 18 meses, la Contraloría ha proferido 477 fallos con responsabilidad fiscal por valor de 2,96 billones de pesos.

2) La política de satisfacer la necesidad de búsqueda de bienes y el decreto y práctica de medidas cautelares sobre los presuntos responsables del daño patrimonial al Estado en el trámite del proceso de Responsabilidad Fiscal.

3) La mayor y mejor pertinencia en el análisis y vinculación de los garantes, compañías de seguros al proceso de responsabilidad fiscal.

¿Cuáles serían los cobros pendientes que quedan para el resto de 2024?

El reto del cobro coactivo en cabeza de la Contraloría General de la República es enorme. Si vemos que actualmente existen a nivel nacional cerca de 2800 procesos de cobro coactivo en los cuales los títulos ejecutivos suman 7.5 billones de pesos y que muchos de ellos son de difícil cobro, entenderemos que la entidad debe acudir a múltiples alternativas que le permitan concretar esos recaudos, pero así lo está haciendo.

RELACIONADOS