El desafío inmediato es lograr el cierre de estas brechas buscando que las mujeres se inserten en condiciones dignas, equitativas y evitando la segregación, lo cual es esencial para el bienestar de la sociedad y puede generar beneficios como el incremento del PIB del país, la disminución de la presión al sistema de salud y la posibilidad de acceder a una pensión, quitando presión a las finanzas del Estado.

ES INNEGABLE RECONOCER los avances sociales en el proceso de cierre de brechas y disminución de la desigualdad que ha logrado el Estado colombiano durante los últimos 100 años: una mejora en los ingresos de buena parte de la población, el acceso a los servicios públicos, disminución de la mortalidad materna e infantil y la ampliación de la cobertura en educación y salud, son solamente algunos de ellos. No obstante, persiste un amplio número de problemáticas sociales estructurales en el país (desempleo, discriminación, corrupción, violencia), que no han permitido avanzar y progresar a la nación al ritmo deseado.

Aspectos Esenciales

Las brechas y desigualdades son conceptos que están íntimamente relacionados con la idea de exclusión social. Estas son condiciones que limitan el desarrollo de ciertos sectores de la población y que, a menudo, tienen una influencia significativa en su calidad de vida. En este sentido, las brechas sociales hacen referencia a desigualdades que tiene una población en cuanto a su posibilidad de gozar de una calidad de vida digna y justa (vivienda, servicios de salud, educación, etc.), en relación con otras sociedades que sí gozan de esos de rechos (CEPAL, 2020), mientras que la desigualdad se refiere a la distribución asimétrica de ventajas y desventajas en una sociedad, y puede estar relacionada con factores sociológicos y culturales como la pertenencia a ciertos grupos étnicos o socioeconómicos (Spicker, 2009; Moszowski Van Loon et al., 2022).

El análisis de las brechas y desigualdades es fundamental para identificar y entender los problemas que enfrentan ciertos sectores de la población en áreas como la educación, la salud, el trabajo, y la búsqueda de la inclusión y focalización de programas y política públicas. En el caso de la pobreza, se ha avanzado en la comprensión de este fenómeno ahora visto como una situación multidimensional que incluye no solo la falta de recursos económicos, sino también la falta de acceso a servicios básicos como la educación, la salud y la infraestructura pública, así como la discriminación y exclusión de ciertos grupos de la población (CEPAL, 2020; Spicker, 2009).

Avances para el cierre de las brechas

Frente a lo anterior, es importante mencionar que antes de la Constitución de 1991, no existía en el país un reconocimiento jurídico y social de las poblaciones que requerían un trato diferencial. Por ejemplo, en la Constitución de 1886, las mujeres no eran consideradas ciudadanas, lo que impactaba en sus derechos civiles; la sociedad de la época desconocía la diversidad sexual, y la misma era considerada un delito hasta 1980; los derechos de los niños, niñas y adolescentes estuvieron regulados a partir de 1946 (Ley 83) para luego ser desarrollados en el Código del Menor y los programas de atención integral solo se enfocaban en menores de 7 años; los grupos étnicos en Colombia no contaban con reconocimiento jurídico, social y cultural, lo que reflejaba una homogenización de la identidad de la sociedad en términos de una sola lengua, raza y religión.

A partir de la Constitución Política de 1991 se estableció el enfoque diferencial en Colombia, con el objetivo de promover la igualdad y la dignidad humana en diferentes grupos poblacionales asociados al género (mujeres y población LGBTI), pertenencia étnica (negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros - NARP, pueblos indígenas y población Rrom), discapacidad y ciclo de vida (niños adolescentes, jóvenes, adultos, y adultos mayores). Este reconocimiento ha llevado a la implementación de políticas públicas y programas que buscan reducir las brechas y desigualdades en áreas como la educación, salud, trabajo y la inclusión social. A pesar de esto, todavía hay retos por superar en términos de la implementación efectiva de estas políticas y la lucha contra la discriminación y la exclusión en Colombia.

Grandes desafíos y tareas pendientes

El análisis actual de las brechas y desigualdades en Colombia requiere ser analizado a partir de varias miradas. A través de cada uno de los grupos de las diferentes poblaciones focalizadas, descritas previamente, se encuentran aspectos llamativos.

Por ejemplo, el Gráfico 2 ilustra la incidencia de pobreza monetaria y extrema en Colombia, donde se observa que los porcentajes más altos se encuentran en las zonas periféricas del país. Por su parte, el coeficiente de Gini como indicador de desigualdad, muestra una concentración de la riqueza en las mismas áreas geográficas (DANE, 2021ª), al igual que para las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Este concepto de NBI busca determinar si las necesidades básicas de la población están cubiertas y clasifica a los grupos que no alcancen un umbral mínimo como pobres.

En Colombia existen brechas estructurales entre la población rural y urbana, y para dar un ejemplo, la región amazónica, a pesar de su riqueza natural, genera solo el 1% del PIB nacional y tiene una de las mayores tasas de NBI y pobreza monetaria extrema. (IEPRI, 2022, p. 114). Vale la pena considerar a los grupos étnicos, quienes presentan mayores índices de pobreza multidimensional, necesidades básicas insatisfechas, limitaciones en el acceso a salud y educación, y brechas superiores al 30% en acceso a servicios públicos.

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) también presentan altos índices de pobreza multidimensional, y las cifras de muertes por desnutrición en niños con pertenencia étnica presentan un crecimiento sostenido. Las mujeres también enfrentan inequidades en el acceso a ingresos propios, especialmente en zonas rurales y es estructural en el sentido que se mantiene en el tiempo como lo evidencia el Gráfico 6.

Ahora bien, si se revisan las brechas y desigualdades de los diferentes sectores sociales (salud, educación, trabajo e inclusión social), sin perder de vista las particularidades y ejercicios de conceptualización de cada uno de ellos, es inevitable identificar resultados que se muestran por lo menos, llamativos. Para el caso del sector salud, su entendimiento desde un enfoque de salud pública ha evolucionado con los cambios sociohistóricos, culturales, políticos y científicos, influyendo en la generación de políticas públicas actuales en el sector (Gómez A., 2002).

Bajo el principio económico de que los recursos son escasos y deben distribuirse de la mejor manera posible para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas (Gimeno Ullastres et al., 2006), se ha enfatizado la importancia de combatir las diferencias socioeconómicas (Wilkinson y Pickett, 2009). Margaret Whitehead definió las inequidades en salud como “todas aquellas diferencias en salud innecesarias, evitables y además incorrectas e injustas”, lo que fundamenta el modelo de los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) de la OMS (Whitehead, 1992). Los DSS son “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluidas las fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana” (World Health Organization, 2010).

En Colombia, algunas políticas recientes han incorporado la perspectiva de equidad con el objetivo de cerrar brechas sociales y económicas, lo que ha tenido un impacto positivo en la salud poblacional (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). Según lo anterior, los DSS tendrían un impacto directo en los resultados en salud, tal como lo muestra el Gráfico 7.

❯ Entre los retos de las políticas públicas dirigidas a grupos con enfoque diferencial se encuentran superar las brechas de desigualdad, contar con una caracterización, identificación y localización más acertada de las poblaciones, mejorar la transversalización de las acciones y recursos, y la coordinación y articulación interinstitucional.

De otra parte, la educación en Colombia ha enfrentado una importante brecha en infraestructura y recursos, que ha persistido a lo largo del siglo XXI, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para mejorarla. Según el CONPES 3831 del 3 de junio de 2015, existe un déficit de 51.134 aulas y una deficiencia en servicios públicos en las instituciones educativas.

Además, el MEN (2022, pp. 15–16) en mayo del 2022 evidenció que la mayoría de las sedes no cumplen con la norma de sismo-resistencia ni cuentan con estudios o proyectos para subsanar esto, y que el 24% de los predios tienen riesgos naturales. La falta de infraestructura y recursos adecuados tiene efectos negativos en la calidad de la educación y la permanencia de los estudiantes.

El Gráfico 8 ilustra la asignación de recursos en 2022 por medio de la Curva de Lorenz que indica el grado de desigualdad en la distribución de los recursos en el territorio nacional. Evidenciando que hay una focalización de recursos en ciertas zonas del país que reciben más recursos que otras y específicamente, según los análisis realizados, se encontró que en promedio se destinaron $588.712 pesos por estudiante a nivel nacional en recursos del FFIE para el año 2022 tomando como denominador el SIMAT1 . Las regiones por encima de ese promedio son Pacífico -leve-, Centro Oriente, Centro Sur y Eje Cafetero, mientras que las regiones por debajo son Llanos y Caribe, ubicadas incluso cerca y por debajo del promedio, más una desviación estándar negativa respectivamente, siendo regiones con las NBI altas, lo que sugiere la necesidad de reflexionar sobre cómo se asignan los recursos a las diferentes zonas, especialmente aquellas con mayores NBI.

En lo que respecta al sector del trabajo, se han logrado avances sociales, aunque no al ritmo deseado, como la creación de un servicio público de empleo, el fortalecimiento de los mecanismos de protección al cesante y la implementación y financiamiento de estrategias para proteger a adultos mayores (programa Colombia Mayor) y trabajadores de bajos ingresos (programa de beneficios económicos periódicos -BEPS-), entre otros programas y estrategias gubernamentales. Sin embargo, aún no se han logrado superar las cifras negativas de los principales indicadores del sector, como la tasa de desempleo y la tasa de informalidad laboral, que indican la ausencia de un importante número de trabajadores dentro del sistema de protección social.

Además, estos indicadores no reflejan otras problemáticas sectoriales, como los bajos ingresos de gran parte de la población, el subempleo y la precarización laboral, que han llevado a desigualdades en la distribución del ingreso y al aumento de la pobreza y la pobreza extrema. En particular, las mujeres son las más afectadas por estas problemáticas, debido a las condiciones sociales y económicas del país, la presión para ejercer roles tradicionales en función del género y la falta de apoyo en el cuidado del hogar.

Las cifras de desempleo en el país muestran que la brecha entre hombres y mujeres ha sido negativa para ellas en las últimas décadas, con un pico importante en la década de los 80, y una tendencia al aumento a partir del 2015. Esto ha llevado a un aumento de la vulnerabilidad y la inestabilidad laboral para las mujeres que logran ingresar al circuito laboral del país.

En cuanto a la ocupación informal según el sexo, las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que la participación de las mujeres en esta forma de trabajo es menor, en promedio un 41 %, en comparación con los hombres que es del 59 %. Durante el periodo 2010-2021, se observa un incremento en la brecha, “aparentemente” a favor de las mujeres (OIT, 2022). Sin embargo, esta situación refleja la dificultad de las mujeres para acceder incluso a este tipo de ocupaciones de baja productividad y remuneración.

No obstante, el trabajo informal se ajusta en muchos casos a la necesidad de las mujeres de disponer de tiempo para ejercer tareas de cuidado en sus hogares, consiguiendo empleo en actividades segregadas como estilistas y manicuristas, que se caracterizan por una alta inestabilidad laboral. Otro aspecto de las brechas laborales por sexo se refiere a los jóvenes, que son ampliamente ignorados en las políticas estructurales de empleo, lo cual se acentúa en las mujeres debido a una menor presencia en el sistema educativo en las poblaciones de menores ingresos y casos de temprana maternidad, entre otros factores.

Si bien la tasa de desempleo promedio entre 1991 y 2021 para el total de jóvenes puede considerarse alta (20,60%) (Banco Mundial, 2022), la brecha de desempleo entre hombres y mujeres jóvenes es mayor y con tendencia a incrementarse, en la medida en que las políticas no se diseñan para garantizar su permanencia en el tiempo y su sostenibilidad.

Una última brecha laboral examinada, y a su vez la más crítica para las mujeres, se registra en las zonas rurales del país, donde se presentan empleos de baja calidad. De acuerdo con las cifras de la OIT para el periodo 2010-2021, la tasa de participación en la fuerza de trabajo promedio de las mujeres fue de un 41,05%, frente a un 83,35% para los varones durante el mismo periodo (OIT, 2022). Esto refleja el importante papel de las tareas del hogar no remuneradas en estas zonas, debido al arreglo menos flexible de asignación de roles, así como las enormes falencias educativas y otras dinámicas existentes en el mercado de trabajo a nivel rural.

Por tanto, el desafío inmediato es lograr el cierre de estas brechas, buscando que las mujeres se inserten en condiciones dignas, equitativas y evitando la segregación, lo cual es esencial para el bienestar de la sociedad y puede generar beneficios como el incremento del PIB del país, la disminución de la presión al sistema de salud y la posibilidad de acceder a una pensión, quitando presión a las finanzas del Estado, entre otros. De otra parte, la inclusión social busca precisamente superar muchas de las barreras anteriormente descritas y garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse plenamente y participar activamente en la sociedad.

La inclusión social es un proceso de construcción social que implica la eliminación de las brechas y la creación de entornos más justos e igualitarios que promuevan el bienestar y la calidad de vida para todos los ciudadanos. Por todo lo mencionado, para la reducción de la pobreza, objetivo central de agendas globales para el desarrollo, en la Constitución Política de Colombia (artículo 366) se priorizó el gasto público social para la mejora de la calidad de vida y el bienestar general de la población, sobre todo de los ciudadanos con desventajas económicas y sociales, al cubrir sus necesidades insatisfechas de educación, salud, vivienda, nutrición, empleo y servicios públicos.

La implementación de programas en el sector de inclusión social2 orientados al cierre de brechas sociales para superar la pobreza, como los programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC)3 y no condicionadas (TMNC)4 ejecutados por Prosperidad Social, cobra cada vez más relevancia al punto que varios programas de este tipo se volvieron políticas de Estado y fueron adoptados como medidas prioritarias para mitigar los efectos de la pandemia por Covid-19 en los niveles de pobreza.

Por sexo y etnia, la pobreza monetaria de las mujeres de grupos indígenas fue de 63,6% en 2021 y la pobreza extrema de 34,7%.

En el país se pasó de pagar TM por $3.67 billones a 5.6 millones de beneficiarios en 2019 ($650.069/beneficiario) a $12.32 billones a 11.8 millones de beneficiarios en 2022 ($1.040.848/beneficiario). Sin embargo, aunque con los programas de TM referidos se busca contribuir a la superación y prevención de la pobreza5 ; debilidades en su ejecución evidenciadas por la Contraloría Delegada para la Inclusión Social6 , como el pago total en 2021 de $22.062 millones a beneficiarios que no cumplen requisitos y con los que podría haberse atendido necesidades insatisfechas de personas que tienen derecho a esas ayudas, para reducir las desigualdades y avanzar en el cierre de brechas de pobreza, definidas por la CEPAL (2020) como las diferencias en indicadores de pobreza7 entre grupos de población o áreas geográficas.

Según las cifras del DANE, entre 2019 y 2021, 2.151.330 personas más llegaron a la situación de pobreza monetaria y 1.421.881 a la situación de pobreza monetaria extrema, retroceso en la reducción de la pobreza que para el 2021 no alcanzó las cifras previas a la pandemia8 y que implica que 19.6 millones de personas en el país carecían de los ingresos para suplir sus necesidades insatisfechas. Por sexo y etnia, la pobreza monetaria de las mujeres de grupos indígenas fue de 63,6% en 2021 y la pobreza extrema de 34,7% frente a la pobreza monetaria de 59,6% y la pobreza extrema de 34,7% de los hombres de esos grupos mientras en el 2021 la pobreza monetaria de las mujeres de los centros poblados y rural disperso sin ayudas institucionales fue de 53,5% y la pobreza extrema de 28,6%, con la particularidad de que las brechas de género persisten aún con las ayudas9 (DANE, 2022). Esto sucede pese a que la Constitución de 1991 consagra en su artículo 13 el derecho a la igualdad de todas las personas, y la Ley 732 de 2002 busca favorecer a las mujeres rurales.

Aún no hay concreción de estas disposiciones en el mejoramiento de los derechos de estas mujeres, aunque el inicio de la medición de brecha de género, la creación de trazadores presupuestales de género y los avances hacia la remuneración de las economías de cuidado, promueven el cierre de brechas de género, y ese proceso se debe agilizar para salvaguardar además la vida de los niños y niñas que nacen y crecen en situación de pobreza o pobreza extrema.

Según el dominio, aunque en las cabeceras la pobreza monetaria aumentó de 32,3% en 2019 a 37.8% en 2021, estuvo por debajo de los niveles de pobreza monetaria de los centros poblados y rural disperso (47.5% en 2019 y 44.6% en 2021), con una diferencia de 15.2 p.p. entre la pobreza monetaria urbana y la rural antes de la pandemia y de 12.5 p.p. entre la pobreza extrema urbana y rural10. La informalidad laboral que prima en lo rural, entre otros factores estructurales, impiden que los ingresos de los pobladores rurales les permitan cubrir sus necesidades insatisfechas, más si son pequeños productores.

Las brechas sociales hacen referencia a desigualdades que tiene una población en cuanto a su posibilidad de gozar de una calidad de vida digna y justa (vivienda, servicios de salud, educación, etc.), en relación con otras sociedades que sí gozan de esos derechos, mientras que la desigualdad se refiere a la distribución asimétrica de ventajas y desventajas en una sociedad, y puede estar relacionada con factores sociológicos y culturales como la pertenencia a ciertos grupos étnicos o socioeconómicos.

El Plan Nacional de Desarrollo propuesto para el periodo 2022-2026 prioriza el cierre de brechas urbano-rurales, mediante la entrega masiva de tierras, la construcción de vías terciarias, el impulso de la economía popular que incluye las actividades rurales agrarias y no agrarias, entre otras medidas de la reforma rural integral como parte del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz. Esto requiere de la acción coordinada de las instituciones involucradas para que la atención sea integral y eficaz no solo en lo económico sino también en lo social.

En 2021, la brecha entre la incidencia de la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema de la población víctima y el promedio nacional fue de 10,8 p.p. y de 5,7 p.p. respectivamente y las víctimas de desplazamiento forzado reportan tasas de pobreza levemente superiores frente al total de víctimas. Pese a los esfuerzos realizados por el Estado para la implementación de la Ley 1448 de 2011, el cierre de estas brechas exige más celeridad en los procesos de restitución de tierras, reparación e indemnización de las víctimas, sin desatender los demás aspectos de que trata la Ley y disponer de los recursos para su cumplimiento.

Sobre el Índice de Pobreza Multidimensional, tratado en varios apartes de este artículo y que pasó de 17.5% en 2019 a 16% en 2021, vale precisar que el desempleo de larga duración, el trabajo informal y la inasistencia escolar aún superan las cifras que se tenían antes de la pandemia y que requiere la adopción de medidas estructurales para recuperar el retroceso dado por efectos de la pandemia y consolidar una clase media menos vulnerable a la pobreza.

Lograr las metas previstas para reducir la pobreza requiere de un crecimiento económico sostenido por encima del 5% anual, una reducción de la pobreza monetaria al 33% para 2026 y del GINI a 0.49, entre otras medidas11. Además, se debe mejorar la focalización de beneficiarios de las TM, ampliar su cobertura, mejorar las condiciones de ingreso, permanencia y salida de los programas, y garantizar la entrega real del subsidio a través de modelos apropiados de pago.

También se debe articular la oferta institucional de programas de superación de la pobreza a nivel nacional y territorial, incluyendo a beneficiarios en condiciones de discapacidad, víctimas del conflicto armado, mujeres cabeza de familia, grupos étnicos, entre otros.

Cierre de brechas y acciones desde El Control Fiscal

Desde la CGR, se han realizado recientemente importantes análisis como contribución al esfuerzo de todas las entidades del Estado para buscar la disminución de las brechas de inequidad y desigualdades de la población colombiana.

De una parte, la pandemia de Covid-19 puso a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de salud en todo el mundo y evidenció la utilidad de la Contraloría Delegada para el Sector Salud (CDSS) en el control preventivo y concomitante de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que representan una parte importante del Presupuesto General de la Nación (PGN). A pesar de los avances en indicadores socioeconómicos y sanitarios, aún se mantienen inequidades en el sector salud que han sido evidenciadas por la CGR.

Uno de ellos identificó brechas de eficiencia en el gasto en salud por recobros de medicamentos y otro encontró que no necesariamente existe una consistencia entre la inversión per cápita de recursos destinados a los Planes de Intervenciones Colectivas (PIC) con una disminución en las desigualdades en salud en los departamentos, a través de la medición del índice de desigualdad de la pendiente, por lo cual es necesario seguir evaluando la efectividad de la inversión pública en salud, más allá de su cumplimiento legal (CGR, 2020).

Lograr las metas previstas para reducir la pobreza requiere de un crecimiento económico sostenido por encima del 5% anual, una reducción de la pobreza monetaria al 33% para 2026 y del gini a 0,49.

Por su parte, en el sector educación, la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte desarrolló un estudio en el cual presenta varios análisis de política pública en educación, entendida la misma como un derecho humano fundamental y una herramienta clave para el desarrollo económico, social y político de un país12.

Los análisis traen a colación dos reflexiones, por un lado, la inversión en infraestructura educativa en Colombia, específicamente, la asignación de recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y la asignación de recursos para alimentación escolar en el año 2022.

A su vez, la delegada Sectorial realizó un análisis de la política pública de alimentación escolar en Colombia en el año 2022. Esta política busca contribuir a la permanencia de los estudiantes en el sistema y proporcionar nutrientes durante la jornada escolar. Los recursos destinados a la política pública de alimentación en 2022 ascendieron a $1.522,29 mil millones, distribuidos desigualmente por regiones, lo que sugiere una focalización de recursos en algunas zonas del país.

El análisis incluyó una comparación per cápita por estudiante registrado en el SIMAT, encontrando que los recursos asignados en promedio para el año 2022 son de $218.262 pesos por estudiante a nivel nacional.

Para lograr una inclusión social real, se requiere una gestión eficiente de los recursos públicos y una institucionalidad sólida, que promueva la implementación de programas sociales enfocados en las necesidades de la población.

Las regiones que recibieron más recursos per cápita -por encima del promedio- son la región Caribe, Centro Sur y Llanos, mientras que Pacifico, Eje cafetero y Centro Oriente reciben menos recursos. Sin embargo, al analizar la asignación de recursos per cápita en relación con los porcentajes promedio de NBI por región, se encontró una mejor congruencia entre la asignación de recursos y los NBI.

Aunque la política de alimentación escolar en Colombia según este análisis está focalizada hacia donde más NBI existen, hay espacio para mejorar el programa, sobre todo el seguimiento y el inicio a tiempo de la entrega del alimento junto con el inicio de la jornada escolar que ha sido parte de los hallazgos más recurrentes y de esta forma cerrar brechas en las diferentes regiones del país.

Igualmente, la Contraloría Delegada para el Sector Trabajo (CDST) adelantó el seguimiento a través de auditorías y actuaciones especiales de fiscalización al Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional (Auto 110 de 2013) debido al caos en el traslado de funciones del Instituto de Seguros Sociales a Colpensiones, y que fue levantado mediante la Sentencia 774- de 2015, con gran impacto sobre la calidad de vida de muchos adultos mayores y sus familias en el país.

Finalmente, en el año 2022, la Contraloría Delegada de Inclusión Social (CDIS) realizó una Actuación Especial de Fiscalización a los recursos públicos destinados por Prosperidad Social en 2021 para TMC y TMNC, incluyendo los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, Colombia Mayor y Devolución del IVA. El informe reveló debilidades en la ejecución de las transferencias, como la identificación de beneficiarios que no cumplían con los requisitos, lo que resultó en hallazgos fiscales por $22.062 millones (CGR, 2022).

Es alentador saber que la CGR, a través de sus delegadas con enfoque social, está trabajando en el seguimiento y control de las políticas públicas sociales en Colombia.

Conclusiones

Entre los retos de las políticas públicas dirigidas a grupos con enfoque diferencial se encuentran superar las brechas de desigualdad, contar con una caracterización, identificación y localización más acertada de las poblaciones, mejorar la transversalización de las acciones y recursos, y la coordinación y articulación interinstitucional.

La implementación efectiva de políticas públicas que aborden las inequidades de estos grupos poblacionales es fundamental para garantizar una sociedad más justa y equitativa en Colombia. Para finalizar, es alentador saber que la Contraloría General de la República, a través de sus delegadas con enfoque social, está trabajando en el seguimiento y control de las políticas públicas sociales en Colombia.

Es necesario seguir avanzando en la construcción de políticas públicas efectivas que aborden la problemática de la pobreza, disminuyendo las brechas en educación, salud, empleo y en especial atención con los grupos vulnerables. Para lograr una inclusión social real, se requiere una gestión eficiente de los recursos públicos y una institucionalidad sólida, que promueva la implementación de programas sociales enfocados en las necesidades de la población.

Debemos seguir trabajando en la construcción de un futuro más equitativo e inclusivo para todos los sectores de la sociedad, para garantizar el acceso a los derechos fundamentales y reducir las brechas de desigualdad. Solo de esta forma podremos avanzar hacia un desarrollo sostenible y próspero para Colombia.

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