LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA y la forma como se realice será uno de los asuntos vitales que marcarán el rumbo de Colombia en los próximos años por el impacto que tendría sobre el ambiente, la economía, las finanzas y la vida de todos los colombianos. Será, además, una importante prueba de la capacidad y responsabilidad de la Contraloría General de la República (CGR).

La CGR ha realizado seguimiento a las políticas de sustitución de energías fósiles por las de menores emisiones, proceso promovido desde la expedición de la Ley 1715 de 2014 de integración de energías renovables no convencionales y ampliada por la Ley 2099 de 2021 sobre la transición energética. Dentro de los logros, se destaca el avance normativo y regulatorio para la diversificación de la generación de energía eléctrica mediante fuentes no convencionales que permitieron la inclusión de proyectos nuevos eólicos y solares con energía comprometida en las subastas de 2019 y 2021.

La CGR ha sido respetuosa de las posturas que el actual Gobierno ha planteado y puesto en marcha en esta materia, en la medida en que se valora el interés de proteger y preservar los recursos naturales, pero también ha hecho llamados respetuosos sobre inquietudes, consecuencias o responsabilidades que se pueden desprender de la puesta en marcha de políticas que terminen afectando el patrimonio fiscal de la Nación y de los colombianos.

Nuestro país se comprometió a reducir en 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 y a llegar a la carbono-neutralidad en 2050, sin embargo, es un asunto de interés nacional que se debe poner en perspectivas reales, en especial, porque la transición energética debe hacerse de manera justa, segura, confiable, responsable y eficiente. La transición no es un tema lineal, pues no se trata simplemente de reemplazar una energía por otra, sino de analizar factores importantes como la infraestructura de producción almacenamiento y transporte, potencia y disponibilidad de los energéticos, al igual que los efectos fiscales.

Dependencias y finanzas

Sin ser una nación petrolera, la dinámica de la industria energética reviste una gran importancia en Colombia, en especial en el comportamiento económico y fiscal. Se estima que en 2022 el sector aportó cerca del 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) y tan sólo la exportación de petróleo y sus derivados representaron el 33,7 % en la balanza comercial. En este mismo año, el sector minero energético representó 56,1 % de las exportaciones y aportó, en el último bienio, $33 billones en regalías a las regiones, recursos que financian agua potable, salud, educación y alcantarillado. También generó 90.000 empleos anuales, demandó bienes y servicios locales a colombianos por el orden de $11.0 billones anuales y destinó $453.103 millones a inversión social, contribuyendo al bienestar de las regiones1.

Sólo Ecopetrol contribuye con cerca del 4 % de los ingresos del Gobierno Nacional y para 2023 se estima que esta empresa entregará cerca de $52 billones en regalías, impuestos y dividendos.2 Por eso, recientemente planteé la necesidad de que se abra una discusión profunda: como Estado incorporamos al Presupuesto General de la Nación un promedio de $83 billones al año, producto de la explotación y exploración de los hidrocarburos y si vamos a suspender esas actividades hacia el futuro, en el mediano plazo, en 5 u 8 años, ¿Cómo se van a reemplazar esos recursos o qué gastos se van a suprimir? Por esto la CGR ha hecho varios llamados a la prudencia y rigor técnico con el que se debe asumir el debate, en especial si afectan las finanzas públicas y la economía, pues no hay que olvidar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible que también han sido asumidos por el país, buscan precisamente que se alcance el desarrollo económico con sostenibilidad no sólo de los recursos naturales sino de los recursos que financiarán las diversas políticas sociales.

>La CGR debe enfocar su vigilancia a la transición energética a través de diversas acciones. Debe realizar un seguimiento riguroso al desempeño de la gestión pública en este ámbito, garantizando la eficiencia y eficacia de las acciones emprendidas.

Una transición que concilie

Es evidente que el país enfrenta el reto de conciliar dos objetivos: el primero, dejar de depender de manera significativa de la producción petróleo, carbón, entre otros commodities, que por su naturaleza tienen cotizaciones muy volátiles y sobre las cuales tiene poca injerencia en los mercados internacionales, además de su limitada capacidad de generar valor agregado.

Esto implica recomponer el aparato productivo nacional para impulsar sectores con mayor complejidad, de valor agregado y con amplia demanda en los mercados, que conlleve a un sistema económico robusto, resistente a las coyunturas negativas internas y externas, generador de empleos estables y de calidad; y con la capacidad de diversificar la canasta exportadora.

El segundo objetivo está relacionado con el avance del país en el uso de energías más limpias, el cual es pertinente hacerlo de manera gradual y segura para minimizar los efectos adversos sobre variables económicas como la inversión, el empleo, las finanzas públicas, la competitividad, la inflación, por mencionar las más evidentes; a la par del deber de garantizar la seguridad energética.

>La transición no es un tema lineal, pues no se trata simplemente de reemplazar una energía por otra, sino de analizar factores importantes como la infraestructura de producción, almacenamiento y transporte, potencia y disponibilidad de los energéticos; al igual que los efectos fiscales.

La no muy buena noticia es que la transición energética con mayor participación de las energías limpias no va al ritmo que se esperaba. El gobierno anterior se comprometió a generar 3.487 megavatios de fuentes eólicas y solares, mediante el esquema del cargo por confiabilidad y las subastas de renovables, pero tienen retrasos significativos e incluso algunos han sido cancelados.3 Estamos ante un punto crítico, ya que de 24 proyectos solo 9 térmicos están en operación (sólo 456 MW), los restantes han declarado tener inconvenientes.

El futuro de la expansión de la generación eléctrica, según lo indica la Unidad de Planeación Minero Energética será con plantas solares (63 %) y plantas eólicas (18 %), lo que modificará la actual composición del parque de generación compuesto por plantas hidráulicas (68 %), plantas térmicas (31 %) y tipo fuentes renovables no convencionales (2,2 %).4 En este contexto, es pertinente mantener plantas térmicas de respaldo y contribuir con el suministro de carbón y gas para garantizar la oferta de energía segura; debe prevalecer la autosuficiencia y el suministro del servicio.

El gas en la transición

La Transición energética justa, segura, confiable y eficiente propuesta en el PND 2022-2026, ampara el impulso a las energías limpias y al uso de minerales estratégicos con el fin de reducir la dependencia del modelo extractivista, pero también se plantea que los excedentes del petróleo y del carbón servirán para financiar economías alternativas con una inversión del orden de $114.4 billones (10 % del Plan Plurianual de Inversiones).

Por otra parte, se debe tener en cuenta que recursos como el Gas Licuado de petróleo (GLP) y el gas natural (con reservas suficientes para 8 años), son energéticos que pueden servir de puente para la transición energética, al sustituir fuentes más contaminantes. El gas licuado de petróleo, por ejemplo, evita la quema de leña y por su facilidad de transporte a zonas rurales y apartadas del territorio nacional, beneficia la salud y el medio ambiente.

Tal y como lo ha advertido la CGR, frente a la producción de gas natural existe un riesgo latente para su abastecimiento, toda vez que no hay señales claras para incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos, a pesar de que sí se promueve su uso domiciliario e industrial, así como también el uso del GLP en el parque automotor. Ante este escenario, las compañías podrían optar por cesar sus inversiones y las industrias podrían decidirse por la utilización de otros combustibles, atrasando con esto la transición energética.

Transiciones claras

En ningún momento se quiere desconocer que la transición energética ya está en marcha, que es un eje fundamental en el crecimiento económico sostenible y que Colombia está avanzando en la generación de energía a partir de fuentes renovables.

Sin embargo, se debe resaltar también que los lineamientos de política de esta transición incluidos en el CONPES 4075 de 2022, señalan que para gozar de una matriz energética limpia, los combustibles fósiles tienen aún un rol importante, además de la dependencia de otros sectores económicos de estos energéticos, para ser eficientes y competitivos en sus procesos.

Las reservas de hidrocarburos deben ser suficientes para cubrir el proceso de transición sin riesgo a la confiabilidad en el abastecimiento, la soberanía energética y, en general, la economía. Para la CGR no es claro cómo será la participación y la transformación de los procesos productivos a cargo de la industria que hoy depende del carbón y de los hidrocarburos, por lo que hacemos un llamado en varios frentes, a las instituciones y sectores del país, para ampliar las alternativas frente a esta transformación necesaria, con una política pública integral, eficiente y responsable, para que se haga con la gradualidad requerida y se tomen líneas de acción que permitan el cumplimiento de las metas propuestas y los compromisos adquiridos internacionalmente.

Se trata de lograr la diversificación de nuestros sectores económicos hacía la incursión en nuevos modelos de negocio sostenibles, generando un reemplazo que tenga el menor impacto sobre nuestras principales variables macroeconómicas.

Es importante que el Gobierno realice una mayor pedagogía en sus pronunciamientos referentes a la transición energética y aclare si esta se hará de manera gradual y progresiva, sin desconocer la importancia que en la actualidad juega el sector minero energético para la economía y las finanzas públicas. Hay que incluir a los usuarios, que son los grandes consumidores y los que finalmente pagan la transición de las grandes inversiones, y que también pagan las consecuencias negativas que pudieran prevenirse.

> Tal como lo ha advertido la CGR, frente a la producción de gas natural existe un riesgo latente para su abastecimiento, toda vez que no hay señales claras para incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos, a pesar de que sí se promueve su uso domiciliario e industrial, así como también el uso del GLP en el parque automotor.

No es claro aún para la CGR el orden de los planes, proyectos y costos de las actividades a realizar, con sus respectivos responsables y preocupa que siendo el transporte de carga y de pasajeros, la deforestación y los procesos agropecuarios, los de mayor impacto en cuanto a emisiones, estos no figuren de manera precisa en la política de transición energética.

Para el uso de energías más limpias, Colombia debe hacer su tránsito de manera gradual y segura, con los objetivos claros y firmes, definiendo estrategias viables de mediano y largo plazo, no sólo por las exigencias y compromisos a nivel mundial en materia medioambiental, sino también por el agotamiento de nuestra producción interna.

La CGR debe enfocar su vigilancia a la transición energética a través de diversas acciones. Debe realizar un seguimiento riguroso al desempeño de la gestión pública en este ámbito, garantizando la eficiencia y eficacia de las acciones emprendidas. Asimismo, es crucial revisar el cumplimiento de los planes de desarrollo, las leyes y los documentos CONPES asociados. La verificación de los resultados de las inversiones es otro aspecto fundamental, asegurando su transparencia y efectividad.

Además, la CGR debe llevar a cabo análisis de los futuros proyectos de ley relacionados. La CGR mantendrá un seguimiento permanente para que la política pública de transición en curso, así como las inversiones asociadas a la misma, logren sus resultados con la mayor eficiencia y oportunidad.

Referencias Bibliográficas

CGR. Contralor recomienda prudencia y rigor técnico en debate sobre transición energética y que intervención de comisiones de
regulación mire necesidades de usuarios y respete leyes de libre mercado. 7 de febrero de 2023.
• CGR. Contralor recomienda al Gobierno mayor pedagogía sobre transición energética y que aclare si se hará de manera gradual y
progresiva. 28 de febrero de 2023.
• CGR. Control fiscal a la transición. Documento equipo Vicecontralor, marzo 2023.
• CGR. La importancia del sector minero-energético, el futuro de la política energética y la coyuntura actual.
• CGR. Hay que buscar un equilibrio en la transición energética”, dice el Contralor en funciones y pide al Gobierno que defina un
mecanismo que garantice la sostenibilidad fiscal.
• CGR. MinMinas se compromete a revelar costos de la transición energética antes de finalizar el año. 17 de octubre de 2023.
• DNP. Bases Plan Nacional de desarrollo 2022-2026. Colombia Potencia Mundial de la vida, pág. 157-181.
• Ministerio de Minas y Energía. Transición Energética Justa: Rutas que nos preparan para el futuro.
• Ministerio de Minas y Energía. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente, pág. 159.
• Rodríguez Becerra, Carlos. Discurso del Foro Transición Energética: Luces para el Futuro. 28 de febrero de 2023.
• Suárez, Hadar. López, Liliana. Delgado, Diana. Avance en los proyectos de generación a partir de fuentes no convencionales,
Estudio Sectorial, dic. 2021.

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