El inicio de una nueva administración en Estados Unidos invita a revisar la dinámica del comercio bilateral para el período 2021 - 2025, en medio de una crisis profundizada por la pandemia del COVID-19 que obliga a los países a concentrarse en recuperar y estabilizar sus finanzas.

Las primeras decisiones adoptadas por el gobierno estadounidense se centran en proteger su economía mejorando el clima comercial y de inversión. Estados Unidos, nuestro principal socio comercial e inversor, ve a Colombia convertido en un aliado importante regional en su agenda de cooperación económica, diplomática, de seguridad y ambiental (U.S. Department of State, 2021).

El Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Estados Unidos y Colombia reafirma una extensa relación económica. Este país ha sido el principal destino de las exportaciones colombianas con participación promedio del 36 % para el periodo 2000 - 2020 con predominancia de productos mineros (ver Gráfico 1). Para 2020 las exportaciones totales cayeron 21 % y hacia Estados Unidos disminuyeron 23 %; aun con la caída de 35 % en exportaciones mineras por la parálisis en la producción y el comercio mundial, por causa de la pandemia, su participación fue del 53 %.

En materia de importaciones Estados Unidos es el mayor proveedor entre el 2000 y 2020 con promedio de 28 % (ver Gráfico 2). Las principales importaciones corresponden a combustibles, 22 %; calderas y máquinas, 13%; productos químicos orgánicos, 8%; y cereales, 7%.

Se observa un comportamiento fluctuante en las importaciones con crecimiento entre 2009 - 2014; en los años subsiguientes descendieron como consecuencia del impacto ejercido por la contracción mundial del comercio. Las exportaciones han perdido participación desde 2012, año de entrada en vigencia del TLC, afectando la balanza comercial que ha sido deficitaria para Colombia a partir de 2014 (ver Gráfico 3).

La inversión extranjera directa (IED) que Colombia recibió entre 2000 y 2020 alcanzó 197.862 millones de dólares y Estados Unidos se ubicó como el primer país inversionista aportando el 20 %. Cerca de 500 empresas estadounidenses están instaladas en Colombia en sectores de software y servicios de TI, servicios financieros, minería, servicios profesionales, manufactura, comercio y productos electrónicos (ver Gráfico 4).

Las perspectivas que se perciben desde la administración de Joe Biden hacia Colombia no prevén mayores cambios con respecto del gobierno Trump. Los efectos en la política exterior de Estados Unidos estarán relacionados con asuntos laborales, ambientales, energéticos, de infraestructura, derechos humanos, paz, lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional, compromisos compartidos con los preceptos de democracia, prosperidad económica y seguridad, presentes en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

Hoy Colombia se reconoce como uno de los mercados más importantes y prometedores de la región con disposición para mejorar el clima de inversión bilateral implementando estrategias comerciales y regulatorias transparentes; sin embargo, la inestabilidad jurídica y situaciones relacionadas con la contratación pública generan incertidumbre desalentando la inversión, el empleo y la formalización.

Aunque se vislumbra una política comercial de perfil proteccionista que propenda por el consumo de bienes y servicios producidos en Estados Unidos, sin desconocer la importancia y dependencia que revisten los productos importados en su modelo productivo (Amcham, 2021), no se contempla la renegociación del TLC y la aplicación de aranceles específicos para productos colombianos, como sucedió con el aluminio.

Lo que sí se espera es que las exportaciones hacia Estados Unidos se fortalezcan y diversifiquen para lograr un mayor aprovechamiento del acuerdo y que el capital productivo estadounidense siga llegando a distintos sectores y regiones, supeditado a la dinamización de una agenda interna con mejor vocación exportadora.

Los empresarios colombianos pueden encontrar oportunidades comerciales y de relocalización de empresas con beneficios económicos y arancelarios contemplados en el acuerdo comercial, como el nearshoring (subcontratación o tercerización de actividades con salarios relativamente menos costosos que en el propio país), la venta de servicios, productos farmacéuticos o nuevos textiles, asociados a temas de innovación (Valora Analitik, 2021).

La firma histórica de los acuerdos de paz llevada a cabo en 2016 entre el Gobierno de Colombia y el grupo guerrillero de las Farc, propende por la estabilización de la democracia y el estado de derecho. Desde el lanzamiento del Plan Colombia, en el 2000, se ha reafirmado que la seguridad y el desarrollo de la ruralidad de Colombia sigue siendo fundamentales para facilitar las inversiones, por lo que el éxito de este acuerdo es una de las prioridades para Estados Unidos después de cuatro años apoyando los territorios poblados por exmiembros de las Farc.

Actualmente se proyectan oportunidades de desarrollo regional, especialmente en zonas de la geografía colombiana que cuentan con áreas dedicadas a los cultivos ilícitos, con acciones como la titulación de tierras y el financiamiento innovador a través de la Corporación de Financiamiento para el Desarrollo (Development Finance Corporation) que se pueden convertir en elementos efectivos de desarrollo rural, aportando al crecimiento, la productividad y la competitividad.

Esto, apoyado en la profundización de una política efectiva de erradicación y sustitución de cultivos que implica la disposición de recursos para dotar al campesinado de tierras y herramientas formativas empresariales orientadas al emprendimiento, la formalización y comercialización acompañados de esquemas asociativos ya que la agricultura es el sector más prometedor para ser el motor del comercio exterior colombiano hacia Estados Unidos (Amcham, 2021), aunque se requiere superar barreras no arancelarias con resultados en el mediano y largo plazos.

Otra coincidencia para el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo sostenible es mejorar las condiciones entre los intereses del gobierno de Estados Unidos y el pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, consagrado en el PND.

Dando respuesta a una política de Estado antes que a una política de gobierno, Estados Unidos, a través del CDCS (Country Development Cooperation Strategy), plantea diferentes metas y objetivos compartidos por medio de planes de inversión, empleo y exportaciones, entre otros, confirmando la continuidad de los lineamientos instaurados previamente.

Dentro del marco estratégico de la política estadounidense se busca fortalecer las instituciones gubernamentales, de lo que se puede deducir que el PND colombiano y las orientaciones de Estados Unidos tienen buena intencionalidad y claridad en las prioridades a atender, para lo cual se formuló el pacto por una gestión pública efectiva hacia la transformación de la administración enfocando el presupuesto público a resultados.

Por consiguiente, una Colombia en paz será un mejor aliado comercial de Estados Unidos, pues significará nuevos mercados y oportunidades de inversión para las empresas americanas. Los intereses estadounidenses se benefician si se fortalece la capacidad de respuesta de Colombia hacia sus ciudadanos, mejorando la transparencia y eficacia de las inversiones públicas, la seguridad interna, la democracia y el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho.

En este sentido, el Acuerdo Final está orientado hacia la promoción y el desarrollo regional, contribuyendo al crecimiento inclusivo, atendiendo el deber del Estado de hacer presencia en todo el territorio, promoviendo el avance equitativo de los habitantes de las zonas apartadas como participantes activos en la formulación e implementación de políticas públicas locales en procura de una mejor calidad de vida de las regiones.

En buena teoría, el efectivo aprovechamiento y potencialización de los lineamientos de las administraciones de los dos países serían una gran oportunidad para que Colombia sea un Estado estable social, económica y democráticamente, como se ha planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Al apoyar la transición de Colombia a la paz, Estados Unidos está reforzando a su aliado más capaz y dispuesto en la región, un socio sumamente significativo en términos económicos, importante destino de sus exportaciones en Suramérica y proveedor de productos de la industria extractiva, productos primarios, textiles, calzado y confecciones. Por estas razones, la administración Biden ha manifestado, diplomáticamente, su interés en que el proceso de paz avance de acuerdo con los compromisos pactados.

El impacto global del COVID-19 hizo de 2020 un año atípico y sus repercusiones se seguirán sintiendo en los diferentes sectores económicos que se vieron restringidos como consecuencia de las medidas adoptadas para contenerlo. La cadena del turismo, ocio y entretenimiento, que ya se había posicionado como un motor del crecimiento en todos los niveles, fue duramente golpeado al ser el primer sector con cierres y limitaciones a la movilidad.

Colombia es uno de los países más afectados en la región y se espera que con la vacunación masiva y su celeridad, se retomen las actividades y se genere la confianza para la recuperación de la economía, apoyados en los planes de reactivación.

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