SIN DUDA, EL 2020, año marcado por el coronavirus y sus nefastas consecuencias en materia de salud pública, como la pérdida de millones de puestos de trabajo, el incremento en la tasa de informalidad laboral y el retroceso en materia de pobreza, nos dejó también, al menos, dos enseñanzas en materia agropecuaria.

Por un lado, la contribución irremplazable de nuestro sector en materia de seguridad alimentaria y su papel de garante en la estabilidad y generación de empleo en las zonas rurales reafirmó la importancia estratégica que tiene para la seguridad nacional. El campo le cumplió a Colombia, y es momento de que el país le cumpla al campo.

Por el otro, en el sector agropecuario se ha manifestado la seguridad alimentaria de los colombianos, también, de alguna manera, se ha logrado sostener la paz territorial en la ruralidad porque se ha sabido mantener a la población ocupada. Asimismo, en el sector agropecuario también hay parte de la recuperación de la economía.

Por esto, desde la Sociedad de Agricultores de Colombia hemos hecho algunas propuestas que contribuirán de manera significativa a la reactivación económica que debe ser una prioridad en este nuevo año.

Nuestra primera propuesta es la construcción de vías terciarias y de vivienda de interés social. Son 40 millones de hectáreas de frontera agrícola, para las cuales solo hay 175 mil kilómetros de vías terciarias de las que solo el 10 % se encuentra en buen estado.

La inversión que se haga en construcción y mejoramiento de vías terciarias es un motor de empleo y, además, ese empleo que tanto se necesita genera consumo. Las vías terciarias son un dolor de cabeza para nuestros productores y más ahora que llegó el régimen de lluvias porque se deslizan
las montañas, las carreteras se vuelven lodazales, los camiones se demoran hasta 6 horas en trayectos que podrían recorrer en 40 minutos; ese es el pan de cada día.

Eso incrementa el costo del transporte, les reduce la competitividad a nuestros productores y si el consumo está deprimido: menos ingresos, mayores costos. En consecuencia, la situación es lamentable.

Cifras del Invías y del Ministerio de Transporte dan cuenta de que por cada mil millones de inversión en vías terciarias se generan 290 empleos. Tenemos mucha expectativa en este tema, porque el Gobierno se comprometió con recursos que ya están apropiados para el Presupuesto General de 2021 - 2022 y que permitirán que en dos años se haga lo que no se hizo en décadas en cuanto a construcción de vías terciarias.

Asimismo, gobernadores y alcaldes, gracias a la ley de regalías, tienen hasta 2 billones de pesos en la bolsa de asignación regional para construir carreteras, una oportunidad histórica para ejecutar presupuesto en la construcción de vías terciarias que no solo beneficia a los productores del campo sino también es clave para la generación de empleo.

El segundo tema que contribuiría a la reactivación es la reforma laboral que tanto necesita Colombia. Una general, porque la tasa de informalidad nacional es del 42 %, pero, sin duda, Colombia necesita darle a la ruralidad un régimen laboral propio.

Es inaceptable y vergonzoso que nuestro país tenga una tasa de informalidad del 86 % en el campo y si estamos diciendo que el sector agropecuario mantuvo la empleabilidad, imagínense si hay un efecto multiplicador o una dinamización de nuestros sectores productivos y existe un régimen laboral que les dé la protección social que tanto están reclamando los colombianos.

Lo tercero y dado que el coronavirus llegó para quedarse, es la economía digital. El país necesita conectividad digital, que la señal de telefonía celular y de internet llegue no solo a las cabeceras municipales sino también a las zonas rurales donde están nuestros productores y eso también genera empleo porque se tienen que hacer obras de adecuación para llevar este tipo de beneficios.

La educación también es muy importante. Una educación y una formación para el cambio de mentalidad, aprender de los nuevos patrones de consumo de los consumidores y ajustarnos a ese tema.

Lo quinto, es el tema de consolidar una política de género o de mujer rural. El campo tiene 12 millones de habitantes, de los cuales 5,8 millones son mujeres. Y aquí quiero destacar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno, en cabeza del presidente de la República, Iván Duque, y con el liderazgo de la vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, para dar avances nunca antes vistos en este tema. Las mujeres rurales tienen la posibilidad de generar ingresos adicionales a sus hogares en las explotaciones productivas o, si hay un régimen laboral propio, para que puedan tener empleabilidad en el resto de la economía agropecuaria y agroindustrial en el país.

Sexto, la política de crédito es un factor clave para generar los incentivos necesarios para ayudar en la reactivación. Incentivos vía tasa de interés a la asociatividad, a la integración vertical, a favorecer a los grupos poblacionales o temas de género o jóvenes que genere la inversión en el campo y que contribuya a hacer las inversiones necesarias para resolver Sexto, la política de crédito es un factor clave para generar los incentivos necesarios para ayudar en la reactivación. Incentivos vía tasa de interés a la asociatividad, a la integración vertical, a favorecer a los grupos poblacionales o temas de género o jóvenes que genere la inversión en el campo y que contribuya a hacer las inversiones necesarias para resolver los cuellos de botella de comercialización que quedaron en evidencia en el marco de la crisis por culpa de la pandemia. A eso le sumaría el tema de los cuellos de botella de comercialización que quedaron en evidencia en el marco de la crisis por culpa de la pandemia.

A eso le sumaría el tema de la seguridad jurídica de la propiedad rural para verdaderamente atraer al campo la inversión que genere empleo. Hay que actualizar la Ley 160 de 1994 en dos criterios tan importantes como es de la expropiación y la extinción del derecho de dominio por inexplotación. Confiamos en que este Gobierno vuelva a radicar ese proyecto para que se dé una discusión y se quiten esas inseguridades jurídicas que limitan la inversión en nuestro país.

Y un tema que es estructural para el sector: consolidar la despolitización de las entidades públicas y robustecer la institucionalidad sectorial. Hay que continuar fortaleciendo al ICA, al Invima, a Finagro, al Banco Agrario, a la Agencia de Tierras, entidades fundamentales para la transferencia de conocimiento, para la irrigación de crédito, para garantizar la admisibilidad de nuestros productos en los mercados internacionales, eso es fundamental.

Y dos temas finales, el aprovechamiento de los acuerdos comerciales que ha suscrito Colombia, que tienen que venir de la mano de esa muy buena gestión que vienen haciendo Procolombia, el ICA y el Invima para lograr la admisibilidad, pero aquí también hay que ser claros, con nuestros vecinos la relación agropecuaria no es la mejor.

En el comercio agropecuario con los países andinos, Colombia es perdedor y por eso le hemos solicitado al Gobierno y el presidente Duque se comprometió a hacerlo durante su año en la Presidencia Pro-Témpore, la revisión de la comunidad andina de regiones para que con pragmatismo se logre un comercio que sea bilateral y no unilateral.

Y, finalmente, el tema tributario. Si el Gobierno o el país está pensando en una reforma tributaria lo que no puede ocurrir es que nuevamente se dé la intención de gravar la comida de los colombianos con un IVA del 19 %.

Así las cosas, el 2021 será un año de oportunidades para que los sectores públicos y privados tomen decisiones acertadas que contribuyan a resolver muchas de las debilidades que salieron a flote en el marco de esta emergencia sanitaria.

En el caso del sector privado, indiscutiblemente la visión de mercado, la conformación de economías de escala o esquemas asociativos, el desarrollo de procesos de integración vertical, el tener una mayor cercanía al consumidor final, desarrollar estrategias de mercadeo innovadoras haciendo uso de herramientas digitales, entre otras, son caminos que hoy más que nunca se hacen necesarios y que dependen en su mayoría de la voluntad y de una nueva visión por parte de los productores.

En el caso del sector público, la generación de incentivos o herramientas para fomentar estos cambios serán un gran apoyo. Pero, indiscutiblemente, herramientas como el ajuste al régimen laboral para combatir efectivamente ese vergonzoso nivel de informalidad a nivel nacional que hoy ronda el 50 %, la construcción de vías terciarias que generan empleo y, por tanto, consumo, y que ya cuenta con presupuesto tanto del Gobierno nacional como a través del Sistema General de Regalías, la puesta en marcha de un verdadero sistema de compras públicas de alimentos que beneficie tanto a ciudadanos en condición de vulnerabilidad como a pequeños productores y las acciones concretas para fortalecer la capacidad emprendedora de las mujeres colombianas y en especial las del campo, no dan espera.

Y, como si fuera poco, no hay que olvidar que el 2021 también marcará el inicio de la carrera por la Presidencia de la República, y en ese escenario la suerte del sector agropecuario y el futuro del mercado laboral colombiano formarán parte fundamental del debate político.

Así las cosas, el plato está servido para que el 2021 sea un año transformador y de recuperación para la economía colombiana y, en particular, para nuestro sector. EC