El año que está terminando significó grandes retos para la economía colombiana con unos desafíos que hemos sacado adelante en un contexto de pandemia y cuyos resultados nos hacen sentir orgullosos.

Somos conscientes de que tenemos que continuar en la senda del crecimiento, recuperar una mayor cantidad de empleos y, en general, seguir levantando la economía para que este proceso de reactivación, que ya iniciamos,-siga a un ritmo sostenible.

Asimismo, somos optimistas, pues sabemos que esta es una tarea en la que no podemos improvisar, sino que, por el contrario, debemos luchar, día a día, para alcanzar la meta del país que soñamos. Es por esto que desde hace varios meses definimos la hoja de ruta de la política fiscal para los próximos 10 años. Lo hicimos para determinar, precisamente, la perspectiva sobre el comportamiento de las principales variables macroeconómicas y fiscales en este período de tiempo y prepararnos y trabajar en la consecución de las metas propuestas.

Hoja de ruta

Esta hoja, contemplada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021, definió una política expansiva en el corto plazo y un ajuste gradual en el mediano plazo que garantice la estabilización y la reducción de la deuda pública.

Fue así como este año nos enfocamos en jalonar la recuperación del tejido social y la actividad económica con gastos adicionales, lo que se seguirá haciendo en 2022, pero en menor medida. De 2023 en adelante vislumbramos una reducción más pronunciada del estímulo fiscal y un incremento en los ingresos permanentes del gobierno, que contribuirían a la reducción del pasivo público en el mediano plazo.

Todo esto enmarcado en una proyección de crecimiento del PIB por encima del 8,5 % para el final de este año y un déficit fiscal por debajo del 8 %, lo que se constituye en una demostración de que la política fiscal está dando resultados.

A esto se suma un Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 con la inversión pública más grande de la historia ($69,6 billones) y cuyo monto definitivo fue de $350,4 billones.

El PGN está programado para dinamizar la recuperación social, económica y fiscal del país después de casi dos años de pandemia.

Este crecimiento de la inversión pública busca alentar un círculo virtuoso de mayor capacidad productiva, mayor generación de empleo y mayor protección a los sectores más vulnerables de la población, en línea con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Asimismo, y por primera vez, se incluyeron en el presupuesto las políticas de Estado que impulsarán la lucha contra la pobreza y la desigualdad, como el programa de matrícula cero.

En líneas generales, este presupuesto es el instrumento para garantizar la continuidad de los programas de gasto más importantes para los colombianos, como los de familias en acción, subsidios de vivienda, régimen subsidiado de salud y los programas de inclusión social y reconciliación.

El PGN 2022 materializa un amplio consenso nacional sobre las prioridades actuales de la política fiscal: primero, abordar lo social; segundo, apoyar la reactivación económica generadora de empleo; y tercero, reducir, de forma gradual y ordenada, el déficit fiscal.

Es así como las tres grandes apuestas del PGN 2022, en sintonía con la Ley de Inversión Social, son: continuidad de programas sociales como Ingreso Solidario, PAEF, devolución IVA y tradicionales; impulso a la generación de empleo, con énfasis en jóvenes y mujeres; y reducción gradual del déficit, en armonía con una postura fiscal compatible con la senda de sostenibilidad definida en la regla fiscal, que propicie un acceso favorable del país a los mercados de capitales.

Frente a 2021, el presupuesto de inversión del nivel nacional (sin incluir establecimientos públicos) crece en inclusión social y reconciliación 57,9 %; en salud y protección social se incrementa 37,9%; y en educación aumenta 19,6 %.

En contraste, el presupuesto de la nación para 2022 es austero en funcionamiento: este rubro aumenta 3 % con respecto de 2021, gracias al recorte en adquisición de bienes y servicios donde hay una gran apuesta por la eficiencia en el gasto público.

Para el próximo año tendremos retos en materia de eficiencia y presupuesto programático. En este sentido, los distintos desafíos son: modernización de la información de gestión financiera pública para seguir avanzando hacia estándares internacionales; adopción de un clasificador programático como eje de la conexión entre la planeación y el presupuesto ( funcionamiento e inversión); y avance en la formulación de una política nacional de eficiencia del gasto, desde la perspectiva del proceso presupuestal.

Por esto el PGN 2022 se construyó con racionalización de gastos operacionales, en línea con las políticas de austeridad previstas en la Ley 2155 de 2021 y la garantía de cubrimiento de los principales programas estatales.

Quiero destacar que pese a la inflexibilidad presupuestal, el PGN 2022 busca aumentar la participación del gasto social. Del gasto total sin deuda, el 66,8 % se destina a los sectores sociales; con 47,2 % para trabajo y seguridad social; 25,4 % para salud; 22,3 % para educación; y 5,1 % para otros rubros de este tipo.

Apropiaciones para inversión pública

Adicionalmente contempla las apropiaciones definidas en el Plan Operativo Anual de Inversiones Públicas (POAI) aprobado por el Conpes, entre estas las que forman parte del Plan para la Reactivación de la Economía y las autorizadas mediante el mecanismo de vigencias futuras; asegura la financiación de programas sociales que benefician a la población más vulnerable; acata las sentencias y mandatos de los jueces y de las altas cortes; y honra los compromisos de la nación con sus servidores, las instituciones de educación superior públicas y pensionados, y con sus acreedores, internos y externos, entre otras obligaciones.

Asimismo, se asignan los recursos para atender los acuerdos internacionales suscritos por la nación, en especial, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y el de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que define la Agenda de Desarrollo Global hasta el 2030 para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. También contempla los recursos para atender el cumplimiento del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera.

De otra parte, el PGN 2022 está ajustado a las posibilidades reales de financiación del país y marca el comienzo de una senda de sostenibilidad social y fiscal, dentro de un marco institucional de amplios consensos nacionales, capaz de armonizar las obligaciones nacionales de gasto emanadas de la Constitución Política y sus leyes reglamentarias con la expansión de la inversión requerida para superar las secuelas sociales y económicas que ha dejado la pandemia.

Las asignaciones aprobadas para 2022 tienen en cuenta la actual coyuntura económica, política y social del país, incluyendo el efecto de la crisis sanitaria originada por la pandemia del COVID-19.

Los gastos serán ejecutados sobre la base de las posibilidades fiscales de la nación. Las asignaciones están programadas demandando los mejores usos posibles para los recursos existentes y la eficiencia de su gestión, buscando elevar la oferta de bienes públicos y mejorar la distribución del ingreso, dentro de un contexto de sostenibilidad fiscal.

El monto total del PGN, su composición y financiamiento están programados con el fin de proteger a la población más vulnerable, así como para potenciar el crecimiento del PIB y la diversificación de las exportaciones. Esto con el propósito de cerrar las brechas sociales y de desarrollo entre regiones en un escenario macroeconómico estable, donde el consumo y la inversión crezcan sin elevar el déficit fiscal ni el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

De igual forma, el PGN está sustentado sobre presupuestos conservadores que gracias al buen desempeño de la economía y de los precios internacionales del petróleo, observados en lo corrido de 2021 y las perspectivas para 2022, auguramos que le proporcionen al país un margen de maniobra holgado para alcanzar los objetivos allí planteados.

El monto del PGN asciende a 29,3 % del PIB. Del gasto total, 17,5 % del PIB está destinado a funcionamiento, 6 % a pagar el servicio de la deuda pública y 5,8 % a inversión. Sus fuentes de financiación son 14,3 % del PIB, ingresos corrientes; 12,3 % del PIB, ingresos de capital; y 2,7 % de recursos propios de los establecimientos públicos, rentas parafiscales y fondos especiales. Dentro de los primeros, 14,1 % corresponde a ingresos tributarios y 1,1 % a recaudos no tributarios, principalmente, tasas y multas. Dentro de los ingresos de capital, 8,6 % son desembolsos de crédito y 3,9 % excedentes financieros y otros.

La composición del gasto refleja la intención gubernamental de continuar apoyando, de forma fiscalmente responsable, la recuperación social y económica del país que, por causa de la pandemia, vio afectado, de forma similar a lo ocurrido con economías similares, su PIB potencial en alrededor de 7,6 puntos porcentuales.

Es claro que el Presupuesto General de la Nación 2022 está diseñado para ser plenamente compatible con la programación macroeconómica y, así, consolidar la tradición colombiana de manejo responsable de su política monetaria, cambiaria y fiscal; pero, ante todo, es un presupuesto que materializa el consenso nacional de impulsar un modelo de crecimiento económico inclusivo y sostenible.

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