Durante los últimos cuatro años la política en Estados Unidos ha sufrido cambios notables que deben ser comprendidos para poder analizar las alternativas de políticas de drogas hacia Colombia en la nueva administración estadounidense. Estas variaciones son de tal magnitud que tanto el control de las drogas, como el papel de Colombia como aliado importante de Estados Unidos, no fueron temas relevantes durante la campaña electoral de 2020. Por esto, antes de hablar de alucinógenos, es necesario analizar primero el porqué la agenda del presidente estadounidense, Joe Biden, está encaminada, en primer lugar, a revertir un buen número de las políticas que la administración Trump implantó entre 2016 y 2020.

Legado de Trump y desafíos de Biden
El presidente Donald Trump cambió la forma de hacer política interna e internacional en Estados Unidos. El millonario y expresentador de un exitoso programa de televisión que lee y estudia poco o nada, considera que las relaciones humanas son siempre transaccionales en las que uno gana y otro pierde.

Aunque para muchos no parezca inteligente, tiene una vivacidad social brillante. En efecto, supo sentir los agravios y frustraciones de una parte importante de la sociedad estadounidense que se sentía perdedora en el proceso de globalización de las últimas cuatro décadas. Le respondió al inconsciente de un grupo grande de ciudadanos frustrados y resentidos. De ahí el gran éxito de sus eslóganes: Make America Great Again (“Haz que América vuelva a ser grande”) y America First (“América primero”).

Trump nunca explicó cómo iba a cumplir esas promesas, ni cómo iba a reindustrializar al país o a generar nuevos empleos bien pagos para quienes habían perdido sus trabajos. Sin embargo, sus lemas y la manera de hablarle al pueblo atrajeron y emocionaron a sus seguidores, muchos de los cuales hoy son fanáticos trumpistas. En Estados Unidos nunca se había visto un caudillismo tan simple y efectivo como el de Trump.

Una vez en el poder, rechazó las políticas formuladas con ayuda de expertos y discusiones importantes dentro de la administración. El andamiaje de formulación de políticas gubernamentales creado a partir del New Deal de Franklin Delano Roosevelt fue atacado como un “estado profundo” dominado por profesionales educados en muy buenas universidades que no se acercaban o entendían a la sociedad estadounidense real. Por esto, una de las promesas de la campaña de Trump fue acabar con ese “estado profundo” que se aprovechaba del resto de la ciudadanía.

De igual manera, en el ámbito internacional consideró que los organismos multinacionales que surgieron después de la segunda guerra mundial y los tratados firmados por Estados Unidos eran esfuerzos para crear un “estado profundo” mundial que socavaba la soberanía y primacía estadounidenses. Así, atacó a la ONU “por estar dominada por China”, retiró al país del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, despreció las alianzas tradicionales con países democráticos como los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con el argumento de que ellos no contribuían lo suficiente a la defensa de Europa; y eliminó la financiación estadounidense a la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros.

Asimismo, su visión transaccional del mundo lo llevó a rechazar acuerdos multilaterales de comercio para buscar pactos bilaterales en los que Estados Unidos resultara ganador. Sus políticas de comercio fueron proteccionistas y opuestas a las de libre comercio, contrarias a las que el partido republicano siempre había promovido. Impuso aranceles para proteger empleos industriales, medidas que no siempre contribuyeron a las metas buscadas. Por ejemplo, estas posturas llevaron a China a restringir las importaciones de soya de Estados Unidos, lo que causó problemas en estados agrícolas que habían votado por Trump. Además, vetó los nombramientos para llenar las vacantes en el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el propósito de impedir su funcionamiento, en aras de que no pudiera revisar las políticas comerciales que su gobierno venía implementando.

También retiró al país del acuerdo nuclear con Irán porque consideró que él, unilateralmente, podría poner suficiente presión a ese país para forzarlo a una nueva negociación en la que Estados Unidos resultara ganador. La política de America First terminó siendo una de America Alone (“América sola”) que es coherente con el profundo sentimiento aislacionista y de excepcionalidad que persiste en Estados Unidos.

La restricción a la inmigración fue otra política internacional coherente con lo anterior. Así, los inmigrantes, especialmente los latinoamericanos, fueron utilizados por Trump como chivos expiatorios de las debilidades estructurales de la sociedad estadounidense que han salido a flote en las últimas décadas.

La estrategia de Trump explotó las divisiones latentes dentro de la ciudadanía para gobernar como caudillo. Apelando a los sentimientos y emociones primarias, logró convencer a muchos (más de 74 millones de electores en 2020) con una serie de “factos alternativos”, temores y conspiraciones no basadas en ninguna evidencia. Un ejemplo de esto fue la histeria contra el “castrochavismo”, muy útil para que el expresidente ganara en la Florida.

Las políticas de Trump generaron una polarización política y un desprecio por los opositores no visto desde la guerra civil del siglo XIX. Las discusiones durante la campaña política recordaban a las que ocurrieron en Colombia desde mediados de la década de los años 30 hasta el comienzo de la violencia en los años 60. A veces parecía que la elección del 2020 iba a ser entre Stalin y Hitler o Mussolini.

Para entender la política estadounidense es importante conocer lo que se podría llamar el conflicto en el inconsciente del país que existe entre las libertades garantizadas por su “carta de derechos” y las políticas del “Estado de Bienestar”. La “Carta de derechos” (las primeras 10 enmiendas a la Constitución) es una lista de las libertades que el gobierno federal no puede restringir: libertad de expresión y de religión, derecho a la privacidad, al debido proceso, a crear milicias y armarse para proteger a la nación, entre otros. Muchos interpretan estas libertades como una lucha para minimizar el poder del Estado federal.

Es notable que la Constitución no garantiza derechos positivos como son el derecho al voto, a la educación, a la salud, a la comida, a la vivienda, a los servicios públicos, etc. Estos dependen de los congresos y de la legislación de cada Estado. El hecho es que los estados son soberanos, pero el gobierno federal no lo es. El papel de este ha sido limitado por los estados a la defensa y seguridad del país, a manejar la moneda y las finanzas públicas, y a las relaciones internacionales políticas, diplomáticas y comerciales.

La carta de derechos promueve un individualismo darwinista muy fuerte entre algunos ciudadanos que consideran que las políticas de derechos humanos son comunistas y antiestadounidenses. Para estos ciudadanos, factores como la gran desigualdad en las distribuciones de riqueza, ingreso y oportunidades de educación y progreso individual son irrelevantes porque son resultado de la superioridad racial o individual de los exitosos. Es notable cómo dentro de este grupo hay muchas personas de bajos recursos y con poca educación que admiran a los grandes multimillonarios a quienes consideran modelos del éxito posible. Estos constituyen una parte importante del apoyo a Trump.

A pesar de estas creencias profundas, las crisis económicas, el racismo, la amplia pobreza, el estancamiento y caída del ingreso de muchos, y otros problemas en el país más rico y poderoso del mundo, han generado movimientos políticos para garantizar una mayor igualdad y proporcionar derechos positivos mínimos a todos los ciudadanos. Estos movimientos han ganado fuerza en reacción al individualismo acérrimo trumpista.

La división está en la raíz de la actual polarización política que padece el país. El gran desafío para el presidente Biden es revertir políticas del gobierno anterior, promover derechos positivos y convencer a sus opositores de la necesidad de cambios para resolver las actuales crisis que enfrenta Estados Unidos.

Cambios que Biden busca implementar
Su primera política es fortalecer el sistema de salud para enfrentar el Covid y organizar la disponibilidad y distribución de las vacunas. Biden prometió tener 100 millones de personas vacunadas durante los primeros 100 días de su mandato, una promesa que cumplió.

Esta medida se está complementando con un aumento en el gasto público para extender el seguro de desempleo y ayudar a familias y a empresarios que están en riesgo de quiebra; proyectos muy grandes de infraestructura y de protección ambiental; y medidas para disminuir la discriminación y segregación de facto que se ha desarrollado en los últimos cuarenta años.

En el ámbito internacional el gran reto es revertir el legado de Trump y restablecer a Estados Unidos como líder de los países con democracias liberales. Esto requiere que actúe como un miembro que promueve y colabora con la comunidad mundial, no como uno que busca aprovecharse de los demás para obtener beneficios económicos. Esto no es fácil, porque Estados Unidos siempre ha tendido a tener políticas internacionales, pero no relaciones internacionales. El país se jacta de ser el líder de la democracia liberal en el mundo, pero esto no se ha reflejado en una política de estado consistente con ese principio. Su política internacional ha sido determinada por intereses internos: compañías inversionistas, temores políticos, exportaciones de armas, entre otros. Con frecuencia ha apoyado a gobiernos autoritarios y profundamente antidemocráticos. En otras palabras, no ha entendido el papel que tiene en el mundo en razón a su tamaño, armamento y riqueza.

Durante su campaña, Biden prometió cambiar la política mercantilista de Trump y rápidamente ha avanzado re-adhiriendo al acuerdo de París, apoyando a la OMS, a la OTAN y a la OMC, abriendo comunicación con Irán sobre el acuerdo de proliferación atómica, ofreciendo un camino hacia la ciudadanía a los “soñadores”, indocumentados que habían sido llevados a Estados Unidos cuando eran niños; reorganizando el manejo de la frontera con México, estableciendo un diálogo con China en el que se mencionan los problemas de derechos humanos en ese país, entre otros.

Cabe señalar que Trump tuvo relaciones amistosas con muchos Estados autoritarios y su gobierno no priorizó los derechos humanos. No así para la coalición que eligió a Biden, donde los derechos humanos son muy importantes. Esto se expresa en el apoyo al movimiento black lives matter (“Las vidas de los negros son importantes”), el cambio en política de inmigración, y esfuerzos para lograr que la policía, que en muchas ciudades se había de facto militarizado, se vuelva mucho más comunitaria y respetuosa de los derechos humanos.

Este cambio de énfasis se ha empezado a ver en la política exterior. Por ejemplo, en su primera conversación con Xi Jinping, Biden trajo a colación el tema de los uigures.

Biden, Latinoamérica y drogas
Como se puede observar, el menú de problemas políticos importantes que enfrenta Biden es muy amplio y durante la campaña electoral las drogas psicoactivas adictivas casi nunca fueron mencionadas. La adicción a los opioides legales era generalmente el problema que más salía a discusión. Pero, aún así, no ha tenido una alta prioridad en la agenda del presidente estadounidense.

En Estados Unidos hay un proceso de “domesticación” de la marihuana que comenzó en 1996 cuando California la aprobó para usos medicinales. Otros estados y jurisdicciones han continuado liberalizando la producción y consumo y después de la elección de noviembre de 2020 quedó totalmente regulada para todos los usos en seis estados. La marihuana medicinal incluyendo el Tetrahidrocannabinol (THC) es legal en 38 estados. En el resto, a excepción de Idaho, los productos del Cannabidiol (CBD) no psicoactivo son legales. Se espera que algunos estados más regularán el uso recreativo del THC, y que el gobierno federal enmiende su ley sobre sustancias controladas de 1970 para liberalizar el consumo de marihuana. En este caso, lo más probable es que establezca controles diferentes para el THC, el CBD y las demás drogas que se encuentran en la planta de marihuana.

A pesar de estos posibles cambios, hay un número importante de estados conservadores en los que será difícil que sus congresos estatales aprueben usos recreativos para el THC.

Los desarrollos legales sobre la marihuana han debilitado el poder político de Estados Unidos para exigir que otros países restrinjan el consumo de drogas. Sin embargo, aunque en los círculos de críticos e intelectuales de Europa y América Latina hay algunos tibios esfuerzos para hablar de legalizar los usos recreativos de la cocaína, esto no parece ser viable dentro de las Naciones Unidas o en Estados Unidos.

La marihuana ha sido considerada una droga suave, lo que ha facilitado su aceptación, aunque los aumentos en el contenido de THC en la planta ya hacen que en la OMS haya quienes consideren algunas de sus variedades como drogas duras. Pero el temor generalizado al consumo de cocaína en el mundo no permite un proceso que consienta prever, durante los próximos años, una exportación de cocaína para usos recreativos a Estados Unidos.

En la administración Biden es de esperar que las políticas de drogas enfaticen los temas de salud pública: prevención, tratamiento, rehabilitación y resocialización de adictos, el respeto a los derechos de los usuarios y pequeños vendedores, formas de regular a las policías locales para que no utilicen las políticas de drogas para extender la discriminación y mantener la segregación de facto a las comunidades raciales minoritarias y, en general, tratar de contribuir a la solución de la desigualdad estructural que padece el país.

En cuanto a América Latina, la prioridad de Biden es resolver la situación de los países centroamericanos por donde pasa la mayoría de la cocaína y de donde sale la mayor parte de refugiados e inmigrantes indocumentados que llegan al país a través de México. Atacar el narcotráfico en los países centroamericanos al noroccidente de Costa Rica es una prioridad del nuevo gobierno.

Biden y Colombia
La relación de Duque con Biden es compleja. Los reportes sobre una aparente intromisión en el proceso electoral de colombianos residentes en la Florida, con conexiones con el Centro Democrático, que apoyaron la candidatura de Trump, han molestado al nuevo gobierno estadounidense. En efecto, a pesar de la tradición de Colombia como socio importante para Estados Unidos en Latinoamérica, la administración de Biden ha estado muy distante de la de Duque.

El presidente colombiano felicitó a Biden el día de su posesión, pero este no le respondió sino el pasado 17 de febrero, cuatro semanas más tarde, después de que el Gobierno colombiano hubiera dado protección temporal al millón setecientos mil venezolanos que se estima están indocumentados en el país. En esta carta Biden aplaude la decisión de Colombia hacia los venezolanos.

La nota es corta (180 palabras), escueta y tiene un tono formal. La demora en dar respuesta al presidente Duque indica que la administración Biden está molesta con la actividad política de colombianos en la Florida.

Afortunadamente, la agenda internacional de Biden es extraordinariamente compleja, y Colombia no es tan importante como para que la presunta actividad política de colombianos a favor de Trump genere una retaliación. No obstante, es posible esperar algunos cambios en la actitud de Estados Unidos hacia Colombia que reflejan las prioridades de derechos humanos y protección ambiental.

Por otro lado, el énfasis del nuevo gobierno en los problemas de derechos humanos dentro y fuera de Estados Unidos, presionará para que el Estado colombiano reaccione en respuesta a las masacres de civiles que han surgido en el país, así como a los crecientes asesinatos de líderes sociales, y excombatientes guerrilleros.

En relación con los cultivos de coca se puede esperar que disminuya el empuje para utilizar la aspersión aérea y suba la presión para aumentar la presencia estatal en las zonas de siembra. Por esto, el gobierno estadounidense consideraría que el cumplimiento de lo acordado en el acuerdo de paz con las Farc debe ser considerado a cabalidad porque esta sería la mejor política para erradicar la coca y promover los derechos humanos en las zonas de cultivos ilícitos.

Es probable que Biden promueva políticas hacia los adictos y usuarios con mayor enfoque en salud pública y menos sanciones punitivas.

Es de recordar que en 2017, Trump, en respuesta al aumento en los cultivos de coca, amenazó con descertificar nuevamente a Colombia. Esa fue una bravuconada porque la descertificación, establecida en 1986, es totalmente irrelevante hoy. Con la nueva administración, amenazas de este tipo no son probables.

Estas conclusiones sobre la posible dirección de Biden hacia Colombia son deducciones basadas en la evolución política reciente de Estados Unidos. Sin embargo, el devenir de ese país es tan incierto que hace que las conclusiones sean solo indicativas.

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