El gobierno de Virgilio Barco jugó un papel de trascendental importancia en la historia reciente de Colombia. Barco dirigió el país de 1986 a 1990, centrándose en la defensa del estado de derecho contra los grupos armados ilegales y en la implementación de políticas sociales respaldadas por un panorama económico favorable que emergía de la recuperación de una grave crisis económica y financiera ocurrida en la administración anterior.

El liderazgo de Barco durante este período se caracterizó por su compromiso por defender el marco legal del Estado en nombre de los ciudadanos y aprovechar las mejores condiciones económicas para impulsar el desarrollo social del país.

El año 1985 se constituyó en un momento traumático para la historia de Colombia. El país venía de una crisis económica y financiera sin precedentes que casi precipita la cesación de pagos de los compromisos internacionales. Los niveles de probreza bordeaban el 50 %, el M- 19 se tomó e incendió el Palacio de Justicia, el volcán del Nevado del Ruíz sepultó a Armero donde perecieron más de veite mil personas y, en un supuesto juicio político, las FARC asesinaron a más cien guerrilleros en Tacueyo. En 1986 tras el proceso fallido de paz con el M-19 y las FARC, Colombia estaba azotada por la violencia y el narcotráfico.

Virgilio Barco fue elegido en ese año con la esperanza de que se resolvieran los graves problemas de orden público que afectaban a Colombia, profundizara la recuperación de la economía y erradicara la pobreza. Los retos y las expectativas no eran menores.

MANEJO DEL MODELO ECONÓMICO

Al posesionarse el 7 de agosto de 1986 el presidente Barco dejó claras sus prioridades poniendo de frente el bienestar de las personas. El gasto público sería orientado a áreas sociales como la producción de alimentos, nutrición, salud, vivienda, agua potable, infraestructura y educación primaria, sobre todo en las zonas rurales y marginadas por el conflicto. Para lograr ese propósito planteó un plan de choque para la generación de empleo, además de un esquema tributario atractivo para la inversión en medio de un manejo responsable de la economía. Todo esto sin dejar de lado la consecución de la paz y la terminación de conflictos, condición sin la cual era imposible llevar prosperidad, dignidad, y tranquilidad a los colombianos.

Durante ese periodo tuve el honor y el privilegio de ocupar la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP) durante tres años y por espacio de un año el Ministerio de Desarrollo. Ese ministerio agrupaba por entonces a varios que hoy actúan de forma independiente: industria y comercio interno y externo, vivienda y tecnología.

Desde el DNP, en asocio con los ministros de hacienda, inicialmente César Gaviria y después Luis Fernando Alarcón y con el gerente del Banco de la República, Francisco Ortega, estructuramos en lo fundamental el manejo de la política económica en busca de mayores tasas de crecimiento para facilitar el financiamiento de la política social y de paz. Estando en el ministerio de desarrollo obtuvimos del presidente Barco la autorización para cambiar el modelo económico hacia uno que permitieran que Colombia se volviera más productiva y atractiva para la inversión extranjera.

En diversos aspectos la Administración Barco le dio continuidad a políticas que venían del Gobierno de Belisario Betancur y dio inició a otros procesos que en algunos casos tuvieron continuidad en el Gobierno de César Gaviria.

Como ocurre en todos los gobiernos quedaron cosas pendientes por lograr. Pero Barco tuvo la habilidad técnica para dirigir al grupo de personas que lo ayudarían a materializar su visión para el país, y la habilidad política para lograr la paz con el M-19, el Quintín Lame y el EPL, grupos guerrilleros que no solo se desmovilizaron, sino que recuperaron los derechos civiles para la participación electoral bajo reglas democráticas.

Asimismo, supo interpretar el deseo y la necesidad de los territorios de tener mayor autonomía política, fiscal y administrativa lo cual se tradujo en la elección popular de alcaldes y la transferencia de cuantiosos recursos y funciones a los entes territoriales.

La economía en 1990, último año del Gobierno Barco, estaba bastante sólida. El crecimiento promedio del PIB se había duplicado (pasó de 2,25 % a 4,67 %); había disminuido el desempleo (de 8,74 % a 6,79 %), el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos pasó de estar en más de 4 puntos del PIB a cero, y el fiscal de 2 % del PIB había caído a menos de 1 %. Por su parte el endeudamiento público terminó el periodo de gobierno en 14,3 % del PIB. El único indicador que creció y se mantuvo alto (por encima de 20 %) y muy por encima del que hoy tenemos fue la inflación.

Estos resultados se dieron en gran parte gracias a la coherencia macroeconómica y la responsabilidad en la distribución del presupuesto, característica constante del Gobierno Barco, distante del populismo y de la búsqueda de triunfos de corto plazo con efectos negativos en el largo plazo. Asimismo, se contó con claridad para concentrar la atención del Estado en la provisión de bienes públicos, dejando en manos privadas aquellas actividades empresariales posibles de desarrollar sin su intervención  de manera exitosa.

LUCHA CONTRA LA POBREZA

Al contrario de lo que muchos dirigentes políticos se atribuyen, Virgilio Barco fue el primer presidente de Colombia en fijar como objetivo central de su gobierno la lucha contra la pobreza. Entre las distintas iniciativas sociales priorizó tres ejes fundamentales: la atención a la primera infancia, el acceso al agua potable y al saneamiento básico, y la canalización de los recursos públicos a las zonas más pobres y afectadas por el conflicto.

La atención a la primera infancia, en su concepto, consistía en la protección de la dignidad humana que era anterior a cualquier medida de equidad. Era la lucha contra el origen mismo de la pobreza. Poco o nada se podía lograr en materia de educación cuando la calidad del cuidado de los niños era una catástrofe.

Esta lucha estaba soportada en la búsqueda de igualdad de oportunidades para toda la población, basada en el cuidado y la nutrición infantil a fin de evitar que los niños llegaran a la edad escolar desnutridos, poniéndolos en desventaja de cara al futuro. La posibilidad de la movilidad social nacía con el cuidado en la primera infancia, más adelante era demasiado tarde.

Por su parte, el acceso al agua potable y el saneamiento básico debía garantizar la condición de ser humano a toda la población. Sin agua potable no es posible la prestación adecuada del servicio de salud. Finalmente, a través de la continuación del Plan Nacional de Rehabilitación, se destinó la inversión pública hacia las regiones más apartadas y pobres del país, junto con la descentralización política y administrativa del gasto público que servirían de apoyo al logro de la paz con los grupos alzados en armas que disputaban al Estado el control de poder.

Protección de la primera infancia

En lo referido a la protección a la primera infancia hay un proyecto exitoso que merece ser destacado, que es el de las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Este proyecto se estructuró por instrucción directa del presidente quien estaba comprometido con el tema.

El ICBF había sido creado durante la Administración de Carlos Lleras Restrepo en la segunda mitad de la década de los sesenta. Durante el Gobierno de López Michelsen se le dio un gran impulso, sin mucho éxito en términos de cobertura, por el enorme costo de la forma como operaba el programa de atención a la primera infancia. Este estaba estructurado con base en la propiedad de los centros de atención y de la vinculación laboral de sus trabajadores al instituto. O sea que aumentar la cobertura a todo el territorio nacional era una utopía.

En consecuencia, con Jaime Benítez, director del instituto, diseñamos un esquema novedoso que promovía que una de las madres del barrio se hiciera cargo de 10 niños cada 10 días facilitando que las otras nueve fueran a trabajar y le pagaran el día entre todas a la que se había quedado cuidando a los niños. A cambio, el gobierno proveía alimentación y materiales educativos para los niños y recursos para adaptar su sitio de reunión en el lugar de residencia de las madres comunitarias.

Este proyecto fue muy exitoso desde sus inicios y evolucionó de manera satisfactoria. Gracias a este esfuerzo, pocos años después se logró la cobertura total de los niños, y además cumplió con el doble propósito de facilitar el trabajo femenino. En la actualidad existen más cien mil madres comunitarias, a las que progresivamente las ha ido remunerando el gobierno y haciéndolas beneficiarias de todas las prestaciones sociales.

Acceso al agua y saneamiento básico

Para ese entonces la cobertura era tremendamente baja, pues a nivel nacional el acceso al agua potable era del 56 % y en saneamiento básico del 40 %. Esto para no hablar de su calidad ni de como estaba distribuido territorialmente el servicio. Por ejemplo, en el Chocó estos indicadores no llegaban al 20 %. Con esa cobertura y sin cambiar las estructuras institucionales del sector era realmente poco lo que se podía hacer para mejorar la calidad de vida y la atención en salud de la población colombiana, y en especial de la población infantil.

Adicionalmente, había que tener en cuenta que para aumentar la cobertura del servicio de agua potable era imprescindible disponer de agua y de ahí la importancia de la protección de las cuencas. La trascendencia que se le asignó a este proyecto pasó por su reestructuración institucional en distintos aspectos. Algunos se lograron durante ese periodo de gobierno y otros se dejaron estructurados para el siguiente periodo.

AL TIEMPO QUE SE LOGRABAN GRANDES AVANCES EN EL FRENTE SOCIAL Y DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, SE TRABAJABA POR RESTABLECER EL EQUILIBRIO MACROECONÓMICO PUES SE TENÍA CLARO QUE SIN ELLO NO ERA POSIBLE EL CRECIMIENTO…

Institucionalmente el servicio de agua potable y saneamiento básico lo prestaba el Instituto Nacional de Fomento Municipal (Insfopal), adscrito al Ministerio de Salud, en asocio con 40 empresas públicas - las Empos y las Acuas- que eran del orden departamental y municipal. Como todas esas empresas tenían estructuras de propiedad diferentes y estaban financieramente quebradas, se requirió actuar en diversos campos. En primer lugar, se ordenó la liquidación del Insfopal y el traslado de la propiedad que tenía la nación en las Empos y Acuas a los entes territoriales.

En segundo lugar, se desvinculó del Ministerio de Salud y se pasó al de obras públicas con la esperanza de que desde ese ministerio se mirara al sector en términos de requerimientos de infraestructura y de su cubrimiento, situación que no ocurría bajo la administración del Minsalud donde el sector era considerado un fortín de la clase política.

Todas esas empresas estaban en situación financiera lamentable con una enorme deuda pensional. Por lo tanto, para que los traslados funcionaran fue preciso sanearlas, haciéndose cargo la nación de sus pasivos, en particular los pensionales. Una vez saneadas se buscó la forma de promover la inversión en el sector y para ese efecto se tramitó en el congreso la creación de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) entidad encargada de otorgar crédito a los entes territoriales para inversión en infraestructura con cargo a empréstitos externos.

Por otra parte, la protección ambiental era institucionalmente desorganizada y dispersa entre distintas entidades del Estado. Esto llevó al desarrollo de un proyecto de ley que las agrupaba en una sola agencia con mayores facultades. Esta agrupación buscaba principalmente unir en una sola agencia al Instituto Nacional de las Recursos Naturales y Renovables del Ambiente (Inderena) y adscribirle las corporaciones autónomas regionales (CARS). El Inderena estaba adscrito al Ministerio de Agricultura y las CARS, que eran dieciocho, al Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Este proyecto de ley desafortunadamente no alcanzó a hacer tránsito en el Congreso por varias razones, entre ellas por mi retiro del departamento de planeación. Pero quizá más complejo fue que el proyecto de ley que presentamos, con ánimo de tener austeridad en el gasto, propuso cambiar las fronteras territoriales de las CARS, que en buena parte eran departamentales, para darle prioridad a su cobertura territorial con base en las cuencas de agua. Ese cambio casi desata una batalla campal entre departamentos y municipios por el control de territorios y hasta ahí llegó el proyecto de ley.

Pero lo interesante es que el trabajo no se perdió. Tres años después llegó al congreso Luis Guillermo Sorzano y le sugerí que buscara el proyecto de ley en el DNP y viera cómo arreglaba el conflicto territorial y lo volvieran a presentar. Sorzano tomó una decisión salomónica: crear una corporación por cada departamento. Además, elevó la agencia incluida en el proyecto de ley a la categoría de Ministerio del Medio Ambiente.

Plan de Rehabilitación

De la mano del desarrollo de las prioridades en materia social se continuó con la implementación del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR). Con frecuencia pensé que el plan de desarrollo se ha debido llamar Plan de Rehabilitación en razón de que un componente esencial del mismo tuvo como trasfondo las negociaciones de paz con los grupos alzados en armas. En dicho plan trabajamos de manera conjunta con Carlos Ossa Escobar y Rafael Pardo Rueda, integrantes de la consejería presidencial encargada de las negociaciones.

Bajo ese marco se reorientó la inversión pública hacia las regiones más pobres y apartadas del país donde el Estado había dejado de tener presencia para ser reemplazado por los grupos subversivos. Las inversiones se focalizaron en vías de comunicación y carreteras terciarias, puestos de salud, telefonía rural, agua potable y saneamiento básico. Esa asignación del gasto en el nivel territorial se vio reforzada por la descentralización administrativa y política del país.

Descentralización

Colombia, durante el siglo XIX, enfrentó toda suerte de conflictos en torno a la centralización y descentralización administrativa y política del país, habiendo ganado la partida la centralización en la constitución de 1986. Pasaron casi cien años antes de que se volviera a abrir el debate sobre el tema.

A esa centralización administrativa y política se le atribuía el abandono en que estaba más de la mitad del territorio nacional, la migración poblacional hacia el centro del país y el surgimiento de grupos armados al margen de la ley que tomaban el control sobre enormes territorios.

En consecuencia, la descentralización y el mayor traslado de recursos a los entes territoriales eran considerados indispensables para retener población calificada en áreas apartadas y que estas tuviera mayor injerencia en la asignación del gasto. Fue así como con ese trasfondo en el Gobierno de Belisario Betancur se aprobó el acto legislativo 1 de 1986 que introdujo le elección popular de alcaldes y delegó en la ley su reglamentación. En segundo lugar, la ley 12 del mismo año ordenó un enorme traslado de recursos del orden nacional al orden territorial y fijó como plazo enero de 1977 para que el Gobierno, vía decreto legislativo, transfiriera funciones a los entes territoriales para evitar el desborde de las finanzas públicas.

De esta manera en el Gobierno Betancur se planteó la política, pero su ejecución quedó a cargo de la administración siguiente y en esa línea el Gobierno del presidente Barco tramitó la ley que ordenó la elección popular de alcaldes a partir de 1988, siendo Andrés Pastrana el primer alcalde de Bogotá elegido popularmente.

De otra parte, se expidió el Decreto Ley 77 de 1987 que transfirió una enorme cantidad de funciones del orden nacional al orden territorial. Entre estas se destacan las construcciones escolares, la atención básica en salud, el mantenimiento de las vías nacionales al interior del área urbana de los municipios, los bomberos, la prestación de servicio de agua potable, del saneamiento básico y el cofinanciamiento de camino vecinales.

LAS INVERSIONES SE FOCALIZARON EN VÍAS DE COMUNICACIÓN Y CARRETERAS TERCIARIAS PUESTOS DE SALUD, TELEFONÍA RURAL, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

EQUILIBRIO MACROECONÓMICO

Al tiempo que se lograban grandes avances en el frente social y de resolución de conflictos, se trabajaba por restablecer el equilibrio macroeconómico pues se tenía claro que sin ello no era posible el crecimiento, puesto que la inestabilidad de la economía desestimula la inversión y, por ende, la generación de empleo, siendo esta la peor política social imaginable.

En este frente, durante el Gobierno de Barco se avanzó de manera significativa en múltiples aspectos que quizás han sido de menor reconocimiento público, pese a su enorme trascendencia. El primero consistió en el manejo de la crisis de la deuda y, el segundo en el proyecto de modernización de la economía para hacer tránsito de una economía cerrada a otra que pudiera crecer con base en los mercados externos.

Para iniciar ese proceso de apertura económica se requería generar condiciones adecuadas en el orden macroeconómico que la hicieran viable en un ambiente competitivo y ello habría sido imposible en presencia de déficit fiscal y de cuenta corriente elevados. En el fondo, la parte fácil de la introducción de esa política era la comercial.

Recuperación del crédito externo

Al inicio de la Administración Barco el país tenía cerrados los mercados externos de deuda. Este problema venía del Gobierno de Belisario Betancur, periodo en el que estalló una crisis financiera de enormes proporciones. Esta crisis tuvo sus orígenes, en parte, en la cesación de pagos de la deuda mejicana, que arrastró a varios países del continente, pero también derivó de la tenencia de un sector financiero frágil que frente al deterioro de sus indicadores, recurrió a las más diversas irregularidades lo que obligó a la oficialización de varias entidades financieras y condujo al cierre del crédito externo y a la práctica cesación de pagos del país.

Una parte importante del problema de la deuda se logró arreglar antes del inicio del Gobierno Barco, pero en lo fundamental se requirieron más de tres años adicionales para normalizar el acceso al crédito externo tanto de la banca comercial como de la multilateral. Para ello fue esencial la adopción de diversas políticas, entre ellas, una reforma tributaria de gran envergadura, la austeridad en el gasto público y la reestructuración del pago de deuda de múltiples entidades públicas, en especial las del sector eléctrico y del Metro de Medellín. Colombia, a diferencia de muchos países, nunca dejó de pagar su deuda.

Modernización de la economía

El otro frente de enorme importancia sobre el cual se actuó fue la búsqueda de tasas más aceleradas de crecimiento de la actividad económica con base en el acceso a los mercados externos y la promoción de inversión extranjera en Colombia.

Después de la crisis del 82 la recuperación de la tasa de crecimiento de la economía fue lenta. Tan solo hacia 1992 el país recuperó el PIB per cápita que tenía antes de la crisis. Frente a esa dificultad, el diagnóstico era que Colombia cada día iba a requerir de mayores inversiones para lograr las mismas tasas de crecimiento. De ahí que se consideró que si ese crecimiento se apoyaba en el acceso a los mercados externos el país lograría despegar como ocurrió en otras naciones que le apostaron a políticas de esa naturaleza en los años 70, en especial las asiáticas como Singapur, Corea del Sur, y Taiwán. En América Latina fue Chile.

EN COLOMBIA LO QUE SE NECESITA HACIA ADELANTE ES LIDERAZGO PARA CUIDAR LO QUE SE HA LOGRADO CON GRAN ESFUERZO, Y TRABAJAR PARA GENERAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL CRECIMIENTO REQUERIDO PARA PROFUNDIZAR AQUELLOS ASPECTOS QUE AÚN ESTÁN PENDIENTES PARA LLEVAR EL BIENESTAR Y LA TRANQUILIDAD A TODA LA POBLACIÓN.

Los resultados fueron sorprendentes al llevar a que los ingresos per cápita en el caso de los asiáticos pasaran de estar entre los más bajos del mundo a los más elevados en el lapso de 20 años. El caso chileno es sorprendente porque pasó de tener un PIB per cápita similar al de Colombia, a tenerlo dos y media veces más alto. En términos de poder adquisitivo esta diferencia es menor, aunque significativa al esta el PIB de chile 50 % por encima del de Colombia.

Pero como nada es gratis, la introducción de medidas que posibiliten esos resultados es muy compleja. Para ello no solo se requiere una economía bien manejada y sin desequilibrios macroeconómicos, sino un enorme capital político. Esto en razón a que la nueva regulación implica retirar la protección a empresas que solo pueden competir al amparo de aranceles elevados o de la prohibición de las importaciones. Esa era la base de la estructura del sector empresarial en Colombia, producto de las ideas Cepalinas de crecer con base en el mercado doméstico de los años setenta.

En el pasado ya se había pretendido abrir la economía en dos ocasiones. La primera vez fue a mediados del siglo XIX, siendo Ministro de Hacienda Florentino González en el Gobierno de Tomás Cipriano Mosquera, que procedió a abrir el comercio y a reducir aranceles, disminuyendo la protección de la producción doméstica. Esa decisión propició una gran huelga de artesanos promovida por Ambrosio López y un atentado en contra la vida de Florentino González que lo obligo a salir del país.

La segunda ocasión fue durante el Gobierno de Alfonso López Michelsen. Su Ministro de Hacienda Rodrigo Botero empezó a estructurar desde su posesión un proyecto para abrir la economía, pero el rechazo de la ANDI y de los industriales y agricultores fue de tales proporciones que la iniciativa no prosperó y el ministro salió del cargo.

Con esos antecedentes había que obrar con mucha cautela para evitar que la política abortara antes de que entrara en vigencia. En ese marco se decidió actuar en diversos campos, incluyendo asignarle enorme importancia a la comunicación con el sector empresarial para acordar la forma de implementar la política, de suerte que tuvieran tiempo para su adaptación. Los campos sobre los que se decidió actuar buscaban que el nuevo modelo de desarrollo estuviera soportado por la reducción de costos asociados al comercio exterior en busca de mayor eficiencia productiva, al tiempo que se facilitaría la entrada de inversión extranjera a Colombia para apoyar la inversión y la competencia. La reducción de costos se buscó esencialmente en el ámbito del transporte, el crédito y el mercado laboral. En esos segmentos del mercado eran claras las ineficiencias existentes y las dificultades que enfrentaría el comercio internacional de no buscarse salidas a ellas.

En el frente comercial se enfrentó un debate de gran trascendencia acerca de si la reducción de aranceles se hacía de un solo golpe o de forma gradual dado lo que ello implicaba en términos de forzar al aparato productivo a competir súbitamente con bienes provenientes del exterior o se les daba oportunidad de adaptarse a las nuevas reglas de juego. La decisión consistió en que la reducción de aranceles se haría de manera gradual, inicialmente reduciendo a siete el número de niveles arancelarios, en simultáneo con la promoción de unas subastas en el caso de los más sensibles para establecer su trayectoria futura y con la aceleración de la devaluación para compensar de alguna manera  la reducción arancelaria.

LOS CAMPOS SOBRE LOS QUE SE DECIDIÓ ACTUAR BUSCABAN QUE EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO ESTUVIERA SOPORTADO POR LA REDUCCIÓN DE COSTOS ASOCIADOS AL COMERCIO EXTERIOR EN BÚSCA DE MAYOR EFICIENCIA PRODUCTIVA, AL TIEMPO QUE SE FACILITARÍA LA ENTRADA DE INVERSIÓN EXTRANJERA A COLOMBIA.

Al mismo tiempo, se desmontaron muchas barreras al comercio como la lista de bienes de prohibida importación y las licencias previas. También se cerró una oficina de registro de producción nacional encargada de prohibir la importación de bienes y de maquinaria para su producción amparados por el sello de producción nacional. De igual manera se expidió un decreto con la regulación atidumping para proteger la producción nacional de comportamientos de competencia desleal.

En concordancia, se eliminaron los controles de precios a la producción doméstica para un sin número de productos dentro de los que recuerdo el CKD de los automóviles, la cerveza, las gaseosas, los medicamentos y las llantas, que eran productos con enormes problemas por un sin número de subsidios cruzados vigentes en el sistema. Por ejemplo, las llantas de los automóviles subsidiaban las del transporte público y de carga. En el frente internacional se logró que aceptaran la adhesión de Colombia al Código de Subsidios y Subvenciones del GATT, hoy Organización Mundial del Comercio (OMC).

También con enorme esfuerzo los EEUU aceptaron abrir la iniciación de negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con ese país pues en esa época solo Chile, de América Latina, estaba en esa posición.

En materia de transporte se obró en varios frentes. Primero se obtuvo del congreso la autorización para liquidar los Ferrocarriles Nacionales. Esta empresa que tenía el monopolio del trasporte férreo estaba quebrada e inactiva desde hacía varios años y tenía más pensionados que trabajadores activos. En su lugar se autorizó la inversión privada en el sector por la vía de la creación de empresas prestadoras del servicio.

El proyecto de ley que aprobó el congreso sirvió de modelo para dejar estructurado el correspondiente proyecto para la liquidación de Colpuertos, que también era un monopolio estatal en el manejo de los puertos y estaba en manos del sindicato que propiciaba huelgas indefinidas demorando considerablemente los tiempos en los puertos, con los enormes costos que esto implicaba para el comercio exterior. Al mismo tiempo se eliminó la reserva de carga que tenía la Flota Mercante Grancolombiana cuyo propietario era el Fondo Nacional del Café pues ese monopolio en el manejo de los fletes marítimos encarecía sensiblemente el costo del transporte de carga.

En materia financiera se buscó reducir los costos crediticios promoviendo mayor competencia en el sector y eliminando inversiones forzosas al interior del sistema financiero que encarecían los costos del crédito. Este fue el caso, por ejemplo, del sector de los seguros para financiar la vivienda de interés social.

Así mismo, se denunció la decisión 24 del Grupo Andino para recuperar la capacidad del país de regular en materia de inversión extranjera la cual había sido delegada al Grupo Andino. Una vez recuperada esa facultad se procedió a derogar la Ley 55 de 1974 que había prohibido la inversión extranjera en la banca colombiana y de esa forma el país abrió la posibilidad de que capitales extranjeros entraran al país al sector productivo y financiero.

En materia laboral el gobierno delegó al economista Rudolf Hommes para que ayudara a realizar una propuesta de reforma orientada a flexibilizar el mercado y a introducir mayor certeza de los costos laborales, que eran indeterminados. Con el cambio de gobierno Hommes llegó al ministerio de hacienda y procedió a sacar adelante dicha reforma que se sancionó como la Ley 50 de 1990.

SE PROCEDIÓ A DEROGAR LA LEY 55 DE 1974 QUE HABÍA PROHIBIDO LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA BANCA COLOMBIANA Y DE ESA FORMA EL PAÍS ABRIÓ LA POSIBILIDAD DE QUE CAPITALES EXTRAJEROS ENTRARAN AL PAÍS AL SECTOR PRODUCTIVO Y FINANCIERO.

Esta ley introdujo medidas de enorme trascendencia en términos de flexibilidad laboral al cambiar la forma de liquidar las cesantías. Esta se eliminó para trabajadores con más de diez salarios mínimos legales. En el caso de aquellos con menos de diez salarios mínimos legales se ordenó su transferencia anual a unas entidades especializadas, de suerte que se eliminó la retroactividad de la cesantía. Esta consistía en que cada año se recalculaba el valor de la cesantía con base en el salario final, independientemente de que esos recursos se hubieran o no retirado, lo que llevaba a que después de 10 años y hacia adelante cabía la posibilidad de más que duplicar el costo laboral de cada trabajador, volviéndolo totalmente incierto y muchas veces impagable.

También se eliminó la pensión sanción que consistía en la obligación del empleador de pagar una pensión al trabajador con antigüedad mayor a 10 años si este era despedido sin justa causa. Asimismo se redujo el costo de la indemnización por despido sin justa causa.

No podemos dejar pasar por alto y hablar de los resultados y continuidad de algunas de estas reformas, en particular las relacionadas con el comercio exterior.

Con la llegada de César Gaviria a la presidencia de la República sucedieron dos fenómenos. Uno, que a raíz de que algunos empresarios pospusieron las importaciones a la espera de la reducción programada del arancel se redujo la inversión y se acumularon las reservas internacionales. Otro, que la aceleración de la devaluación, más que traducirse en mayor protección, empezó a presionar la inflación complicando el manejo macroeconómico. En consecuencia, contrario a lo que se había propuesto inicialmente, el Gobierno Gaviria redujo de un solo golpe los aranceles.

El resultado fue fatal. Los grupos más afectados con esa política se movieron rápidamente y dentro del mismo Gobierno Gaviria bloquearon el comercio con medidas de diversa índole, en general no arancelarias, como por ejemplo las restricciones fitosanitarias. Un trabajo reciente de Jorge García que calcula la protección de la producción nacional, encuentra que el nivel más bajo fue el de 1990, último año del Gobierno Barco. Vale decir que lamentablemente la reducción arancelaria acelerada indujo la búsqueda de otro tipo de protecciones al comercio, cerrando aún más la economía de lo que estaba antes de introducirse el cambio.

Lo que es sorprendente es que por casi 30 años el país resolvió que esa política si se había puesto en vigencia, y por motivos que a veces la razón no comprende, nadie quiso aceptar que la vigencia de la política había sido flor de un día, y aun hoy se aboga por desmontarla, cuando si esta se hubiera implementado, junto con un sano manejo macroeconómico, probablemente estaríamos más cerca de la riqueza de países como Chile o de los mismos asiáticos.

Otra paradoja de lo que ocurrió en ese sentido con algunas de las políticas adoptadas en el Gobierno Barco, que se abandonaron en el Gobierno Gaviria, fue la apertura de negociaciones del TLC con Estados Unidos. Volví a saber del tema en el gobierno de Álvaro Uribe que retomó esas negociaciones y solo logró la firma entre los gobiernos en el 2006 pero la ratificación se demoró seis años años hasta el Gobierno del presidente Santos en 2012.

En términos generales, la Administración Barco operó en medio de una guerra frontal contra el narcotráfico y en la búsqueda de la paz con grupos armados al margen de la ley que le disputaban el manejo del poder al Estado. La lucha contra el narcotráfico derivó en enormes problemas de orden público, incluyendo atentados de diversa naturaleza, entre los que se destaca el asesinato de cuatro candidatos a la presidencia de Colombia, entre ellos Luis Carlos Galán quien era el más opcionado para remplazar a Barco. Producto de ese ambiente caldeado de orden público se abrió el espacio para la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que en el Gobierno de Gaviria culminó con la adopción de la Constitución del 91.

LA ADMINISTRACIÓN BARCO OPERÓ ENMEDIO DE UNA GUERRA FRONTAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y EN LA BÚSQUEDA DE LA PAZ CON GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE LE DISPUTABAN EL MANEJO DEL PODER AL ESTADO.

En el trasfondo de esa situación estuvo el manejo adecuado de la política económica, que contribuyó a superar la crisis financiera y cambiaria originada en el gobierno anterior, al tiempo que viabilizó el crecimiento de la producción, la generación de empleo, la recanalización de la inversión hacia áreas más  apartadas del país y la erradicación de elementos propiciadores de la pobreza.

Gracias a muchos de los ajustes legislativos e institucionales que se diseñaron e implementaron en ese entonces, y a los cuales se les dio continuidad en los gobiernos subsiguientes, Colombia treinta años después cuenta con coberturas elevadas en el acceso al servicio de salud y educación, y a otros básicos como telefonía, electricidad y agua potable. Colombia logró crecer y convertirse en un destino atractivo para la inversión extranjera.

Esos resultados se dieron por el gran talante de Barco, por su enorme sentido de lo político y de cómo usar ese capital, así como por su capacidad de delegar y confiar en sus colaboradores. En Colombia lo que se necesita hacia adelante es liderazgo para cuidar lo que se ha logrado con gran esfuerzo, y trabajar para generar la productividad y el crecimiento requerido para profundizar aquellos aspectos que aún están pendientes para llevar el bienestar y la tranquilidad a toda la población.

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