La pandemia y la crisis causadas por la COVID-19, que el planeta vive en medio de la globalización metropolitana contemporánea, han hecho evidentes las debilidades del estado de bienestar latinoamericano. La magnitud del impacto socioeconómico y la capacidad de reacción en ALC y en cada país están condicionadas por sus estructuras productivas, la participación de las empresas en las cadenas de valor y las capacidades productivas previas a la pandemia. Los efectos caen en un escenario de amplia desigualdad que se amplía con impactos muy diferentes que afectan, en especial, a los más pobres.

El crecimiento de América Latina y el Caribe ya era débil como consecuencia de la caída de los precios de los commodities, particularmente del petróleo desde fines de 2014, y de una estructura productiva rezagada y dependiente del sector primario. Antes de la pandemia, la región transitaba por una fase de estancamiento. Así, el PIB de la región creció a un promedio anual de tan solo 0,3 % entre 2014 y 2018, tasa que en 2019 se redujo a 0,2 %. El empleo en la región también mostraba poco dinamismo; entre 2014 y 2018 la tasa de desempleo creció 1,9 pp hasta 8,0 %. En 2019 aumentó la ocupación, pero la creciente oferta de trabajo redundó en un incremento del desempleo a 8,1 %.

Por su parte, Colombia presentó un crecimiento anual promedio del PIB de 2,0 % en 2015-2018, y en 2019 creció 3,3 %, con una previsión de crecimiento de 3,5 % para 2020 que con la crisis se tornó negativo [entre -5 y -8 % según estimaciones a julio 2020]. El desempleo mostraba una tendencia estable desde 2014, aunque comenzó a aumentar en 2019 como consecuencia de la conjunción del choque migratorio desde Venezuela, un incremento importante del salario mínimo real y una aceleración en la tecnificación de actividades productivas, con mayores impactos en la zona rural donde la ocupación cayó -3,1 %.

Impacto social

El primer impacto social grave de la pandemia será el incremento en los niveles de pobreza. La Cepal ha estimado que la pobreza en ALC crecerá 2.5 pp, y en Colombia aumentará 1.7 pp. Esto implica un retroceso de la tasa de pobreza a los niveles de 2007 en ALC y de 2014 en Colombia. La pobreza será agravada por la pérdida de empleos e ingresos, y el retiro laboral de muchos trabajadores secundarios del hogar.

El primer impacto en el mercado laboral, con repercusiones serias en muchos ámbitos, será el aumento del desempleo, que en ALC sería de 3,4 pp, y llegaría a 11,5 %. En Colombia, el desempleo anual aumentaría 5pp (50 %) frente a 2019, hasta un 15 % anual. En la política de reactivación, serán críticas las iniciativas para mantener la mayor cantidad de empleos asalariados, promover una rápida reincorporación laboral en actividades y empresas que se reactiven, y generar trabajos e ingresos con propósitos solidarios simultáneos, que faciliten la reincorporación de muchos trabajadores y actividades informales.

En algunos meses la humanidad encontrará formas de detener la pandemia, y estarán en curso muchos cambios con implicaciones económicas, productivas, laborales y sociales. Se avizora una ruta más intensa en los procesos de modernización estructural, en los cambios en la regionalización mundial de las cadenas de valor, hacia ubicaciones más cercanas a los mercados finales, con un nivel menor de interdependencia productiva y comercial.

Este proceso global será favorecido por los avances en digitalización, automatización y robotización, y por el uso masivo de plataformas de teletrabajo más eficientes, accesibles y eficaces. Esto se dará de forma más pronunciada en algunos sectores y procesos productivos, con impactos localizados y generales sobre el empleo. Los esfuerzos nacionales que vendrán en políticas industriales, comerciales y laborales requieren tener un alcance regional, por razones de economía de escala, tecnológicas y de aprendizaje.

Las ramas de servicios con ocupaciones con mayor perfil de calificación (actividades empresariales y técnicas, actividades financieras, telecomunicaciones, salud, administración pública y educación), presentarán una absorción muy rápida de las transformaciones digitales, que demandarán trabajadores para ocupaciones con los nuevos perfiles tecnológicos. También, en casi todos los sectores se presentarán importantes cambios para automatizar distintos procesos, lo que demandará trabajadores más calificados y desplazará a otros, como en la atención al público, procesos administrativos públicos y privados, y vendedores.

Las menores calificaciones en la agricultura, la minería artesanal y la construcción retrasarán muchos procesos con nuevas tecnologías en estas actividades. Aquellas que desempeñan trabajadores menos calificados presentan una frecuencia mayor de ocupación informal con bajos ingresos, en muchos casos agravada por las nuevas restricciones de movilidad y sanitarias ante la pandemia. Los trabajadores con menos estudios pierden más fácilmente sus ingresos y su calificación les impide migrar hacia las ramas de actividad que experimentan nuevos dinamismos.

Es probable que la recuperación de muchas actividades y la reinserción de muchos trabajadores desplazados laboralmente por la crisis se realice de manera informal. Muchas ocupaciones que hoy se desarrollan en la informalidad (legal, ocupacional, laboral, etc.) podrán beneficiarse con plataformas digitales y formas de economía colaborativa que recaudan información y agilizan la prestación de los servicios. Además del alcance socioeconómico de una política en esta dirección, se debe dar reconocimiento institucional de estos trabajos y trabajadores.

Esto los haría visibles a la política pública con efectos positivos en sus actividades; también les daría mayor protección, así como a sus familias. Para ello es importante tomar decisiones jurídicas acerca de la actividad económica de las plataformas, y garantizar en forma sencilla la transparencia en los pagos y las comisiones.

Con el fin de mejorar las situaciones de precarización laboral en este tipo de trabajos, se pueden establecer niveles de protección social y laboral (p.ej. incapacidades), asociados con autonomías y discontinuidades, propias de la actividad como de aspiraciones de los trabajadores. Varias soluciones regulatorias pueden encontrar rutas de formalización que surjan del análisis de la abundante información propia en estas actividades con plataformas digitales.

Dados los cambios en las estructuras productivas, las ocupaciones y la localización industrial, se deberán facilitar las transformaciones productivas y la movilidad ocupacional que se presentarán con la destrucción de puestos de trabajo tradicionales, por la innovación y la robotización que disminuye la demanda por trabajo estandarizable de baja y mediana calificación, y con la expansión o la contracción de los diversos sectores.

Con este propósito, resultarán de alto impacto los programas de transferencias especiales condicionadas a la recalificación y a la reubicación sectorial, corrientes durante un tiempo o con montos puntuales mayores para una inversión. En este y otros campos, resultarán muy importantes los esfuerzos orientados a los jóvenes con distintos niveles de calificación y experiencia.

La revaloración de la vida rural, que trae la regla sanitaria del distanciamiento físico, dará nueva vida al trabajo del campo. A pesar de tener la menor calificación, las ocupaciones en la cadena agropecuaria se verán beneficiadas por la naturaleza estratégica de la producción y consumo de alimentos, y por un previsible menor comercio mundial en los próximos años. Con implicaciones positivas en los espacios territoriales, también son promisorios los desarrollos sostenibles y con alcance ecosistémico. El apoyo y fomento a estas ocupaciones y emprendimientos debe contar con una política particular.

Una transformación fundamental se presentará en la productividad de ocupaciones y actividades con repercusiones en el empleo, el mercado y los precios, en virtud de los cambios tecnológicos y, en particular, por los protocolos de bioseguridad que encarecerán procesos, demandarán más tiempo y espacio para las actividades económicas y nuevos estándares de uso, como en el transporte público.

Se debe impulsar la investigación y las innovaciones tecnológicas de proceso y sociales con el fin de mitigar los costos de adaptación, acelerar los aprendizajes y difundir innovaciones. También tendrán impactos positivos las actividades de calificación específica, tanto en una perspectiva focalizada (actividades, ocupaciones, zonas urbanas, etc.) como las abiertas para todo  público. Los campos de aplicación de estas nuevas formas de trabajo serán amplios y diversos; en ellos se deberán encontrar y  compartir con generosidad todas las generalidades  y las experiencias particulares con sus diversas aproximaciones (analíticas, técnicas, sociales, institucionales).

En la vertiente de Mazzucato, la inversión pública debe asumir como motor de industrias de innovación con múltiples emprendimientos. Las rutas de adaptación y transformación necesitan de muy diversos programas de formación. En una perspectiva de mediano plazo, los cambios están sustentados en un mejor sistema educativo, en sus capacidades, contenidos y adaptaciones.

Las normas de confinamiento y cierre de las instalaciones educativas han hecho evidentes las tradicionales y las nuevas necesidades de infraestructura y de contenidos digitales. Estas insuficiencias han afectado con mayor intensidad a los sectores más pobres de la población, que corren el riesgo de acumular una desventaja mayor a la existente. Para ello, serán importantes programas de recuperación académica, y tiempos y contenidos complementarios de formación con financiación pública. En estas condiciones, hay innovaciones y capacidades que merecen un apoyo mayor y serán fuente de transformaciones y mejoras técnicas y conceptuales.

Todos estos esfuerzos, además de muchos otros que la nueva situación exige en distintas esferas de la política pública (salud, alimentación), requieren de un importante y renovado esfuerzo fiscal, respaldado en un pacto fiscal para fortalecer el bienestar, orientado a maximizar los impactos sociales y económicos de los ingresos y los gastos públicos, con objetivos de protección y recuperación, y con beneficios distributivos. El pacto debe estar respaldado en compromisos y cooperación público-privada de amplio espectro.

Los retos que se enfrentan serán más difíciles, complejos y renovadores. Con los nuevos desafíos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, por sus dimensiones y entrelazamientos, siguen siendo la mejor plataforma para un lograr un desarrollo integral, inclusivo y renovado.

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