En septiembre de 2015, 193 países adoptaron un conjunto de objetivos para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos, como parte de la nueva Agenda de Desarrollo. Cada objetivo tiene metas específicas a ser logradas en los próximos 15 años.

Colombia fue uno de los países firmantes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y avanza en el cumplimiento de estos.

El primero es fin de la pobreza, donde el 50% de los recursos definidos en el Plan Plurianual de Inversiones están dirigidos al Pacto por la Equidad del PND. Gracias a las inversiones que se realizarán en los próximos cuatro años, la población en pobreza multidimensional disminuirá en 2,5 millones de personas (del 17 % al 11,9 % en 2022).

Además, se espera sacar a 2,9 millones de personas de la pobreza monetaria y 1,5 millones de personas de la pobreza extrema monetaria, entre 2018 y 2022.

En el objetivo hambre cero, el PND tiene acciones que contribuirán a poner fin al hambre extrema y la desnutrición. A 2022, se fijó como meta disminuir la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años, de 6,8 a 6,5 muertes por cada 100.000 menores.

En salud y bienestar se prevé el saneamiento de deuda por recobros del régimen contributivo de salud a 31 de diciembre de 2019 y se expidió la Ley 1955 de 2019 que garantiza el financiamiento corriente del sistema general de seguridad social en salud.

Frente a educación de calidad, a mayo de 2019 se ha logrado un incremento de más del 14% en el número de estudiantes con jornada única frente al mismo periodo de 2018, alcanzando 1.057.386 estudiantes del sector oficial.

Sobre igualdad de género, por primera vez en la historia de Colombia el gabinete ministerial es conformado paritariamente, sumado a la designación de la primera vicepresidenta de la República. Además, entre enero y mayo de 2019 se han beneficiado 832 mujeres de los procesos de adjudicación y formalización de tierras.

En agua limpia y saneamiento, el Gobierno nacional fijó como meta al 2022 que 47 millones de personas en el país tengan acceso a soluciones adecuadas de agua potable.

En energía asequible y no contaminante, el Gobierno nacional propende aumentar la capacidad instalada de generación de energía eléctrica de 16.420 MW a 19.159 MW en 2022 e incrementar la capacidad de generación con energías limpias en 1.500 MW.

Respecto al objetivo de trabajo decente y crecimiento económico, uno de los frentes con mayor atraso porque se espera crear 1,6 millones de empleos, reduciendo la tasa de desempleo de 9,4% a 7,9%, cuando el indicador en realidad va en alza. También planteó mayor dinámica de los sectores de economía naranja: crecimiento real de 2,9% a 5,1% en cuatro años.

En industria, innovación e infraestructura, se espera aumentar en más del doble la red férrea en operación comercial, duplicar la inversión pública y privada en ciencia y tecnología en 1,5% del PIB a 2022 y apoyar 4.000 empresas con fábricas de productividad.

Ante la reducción de las desigualdades, el Gobierno nacional adelantará las acciones necesarias para disminuir la desigualdad medida por ingreso con un coeficiente de GINI de 0,470 en 2022. Así mismo, a junio de 2019, el Gobierno ha logrado la inscripción de 58.030 hogares en la Estrategia UNIDOS.

Con relación a ciudades y comunidades sostenibles, el gobierno espera reducir el número de hogares con déficit cuantitativo de vivienda de 5,22% a 4,00% en 2022; 600.000 hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda y 520.000 Viviendas de Interés Social iniciadas en 2022.

En producción y consumo responsables, se cuenta con un portafolio de 40 iniciativas empresariales de economía circular y se espera, en 2022, una tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos sólidos del 12%.

En acción por el clima, se adelantan acciones tendientes a garantizar un manejo efectivo de desastres y se espera que a 2022 el 100% de los departamentos haya implementado iniciativas de adaptación al cambio climático.

Respecto al objetivo de vida submarina, en 2022 se espera alcanzar un 34,7% de estaciones de monitoreo de aguas marinas con categorías aceptable y óptima, así como incrementar del 76,0% al 80% la cobertura de señalización marino costera.

Frente a la vida de ecosistemas terrestres, una de las metas es reducir en un 30% la deforestación y aumentar la participación de la economía forestal, pasando del 0,69% al 1% del PIB nacional en 2022.

Otro de los objetivos es Paz, justicia e instituciones sólidas, al respecto, el Gobierno tiene la intención de llevar la tasa de homicidios a 23,2 por cada 100 mil habitantes en 2022. De igual manera, erradicar 280.000 hectáreas de cultivos ilícitos, como parte de la estrategia para la lucha contra la delincuencia organizada.

El último son las alianzas para lograr los objetivos, mediante el Decreto 280 de 2015, se creó la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para liderar el alistamiento y la efectiva implementación de los ODS en el país, constituyéndose en una instancia de articulación entre el gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil.

Evaluación de la Contraloría

Aunque el balance parece favorable, la Contraloría General de la República hizo una revisión de la integración de los ODS en el documento Conpes “Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”, para identificar si las metas trazadoras responden a la ambición de las metas globales.

“Aunque el avance en la medición de los indicadores globales involucra esfuerzos a nivel mundial, la CGR considera necesario avanzar en el país en la superación de las dificultades que limitan que los indicadores nacionales se aproximen de manera más precisa a los indicadores globales”, señala el documento del organismo de control.

El trabajo adelantado por la Contraloría muestra que 28% de los indicadores incluidos en el CONPES 3918, según el DNP, tienen correspondencia metodológica idéntica al indicador global; 39% se aproxima, pero tiene variaciones metodológicas y; el 60% aunque no están asociados al indicador global, complementan la medición de la respectiva meta ODS en el país.

Se debe revisar si existen indicadores disponibles en el país para los indicadores globales que, aunque el Gobierno nacional considera que tienen correspondencia idéntica, evidencian brechas para algunas dimensiones o tipo de desglose; y de no existir, definir cómo van a abordar esa limitación y si se requiere cambios en la metodología, periodicidad, diseño, etc. de sus instrumentos de medición y recogida de información.

Adicionalmente, considera que está aún por concretarse la definición de los indicadores nacionales frente a los indicadores globales y la correspondencia de las metas trazadoras con la ambición de las metas globales para la mitad de las metas de la Agenda 2030 y los ODS.

Aunque la agenda global prevé el equilibrio de las dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental), en el CONPES 3918 se evidencia un bajo nivel de compromiso frente a la dimensión ambiental reflejado en el escaso número de indicadores dispuestos para su medición, lo que indica que ésta no es una prioridad para el país o que se evidencia un desajuste con las políticas públicas existentes.

Para la Contraloría fallas en la precisión de los indicadores y en la ambición de las metas trazadoras pueden redundar en reporte de datos sesgados sobre el avance de las metas, presentando como cumplidas metas cuyo avance real es parcial; resultados promedio que no reflejen la realidad del país, ni las disparidades en los avances de los territorios, lo que puede afectar la oportuna toma de decisiones en la definición e implementación de acciones de política, postergando la concreción de los derechos humanos asociados a los ODS, para varias regiones del país y para varios sectores de la población.