LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y APROBADA POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, mediante la expedición del Acto Legislativo 04 de 2019, por el cual se reformó el régimen de control fiscal, es una de las iniciativas en la lucha contra la corrupción más estructuradas e idóneas para poner fin a este flagelo.

Con el propósito de acabar con el fenómeno de coadministración generado por el control previo, la Constitución Política de 1991 estableció que el control fiscal podría ser ejecutado solo de forma posterior y selectiva. No obstante, la imposibilidad de ejercer actos de control de forma anterior a la ocurrencia de los daños tuvo un efecto adverso.

Las contralorías terminaron siendo unas meras verificadoras de los daños ya consumados. Su misión dejó de ser preventiva y se transformó en reactiva. No les era posible a los contralores atender las alertas de ciudadanos que, con evidencia suficiente, advertían a las autoridades sobre la inminencia de un riesgo de daño al patrimonio público.

Es indudable que cuando un ciudadano interpone una denuncia espera la actuación efectiva de las autoridades. Si tras la alerta oportunamente efectuada, los agentes del Estado no actúan y se configura el detrimento al erario, la confianza colectiva en las instituciones se ve afectada de manera grave al no encontrar la respuesta que cierre el paso a los corruptos.

Esta pérdida de confianza nos ha llevado a una crisis de legitimidad en las instituciones del Estado que urge resolver. Los ciudadanos se cuestionan cada día más la efectividad y necesidad de las entidades que conforman el aparato estatal y la burocracia que ellas requieren. Los colombianos, en buena hora, cada vez más interesados en los asuntos del Estado, demandan la actuación firme, decidida, pero también oportuna contra quienes deciden beneficiarse ilegalmente de los recursos públicos. Por esta razón, brindar herramientas para que las contralorías puedan atender de manera efectiva las denuncias ciudadanas era indispensable.

Estamos ante una modificación profunda al régimen de control fiscal colombiano, que permite que este se ejerza no solo de forma posterior y selectiva, sino también que pueda ser preventivo y concomitante, sin que esto implique coadministración. Para ello, las contralorías podrán acceder y utilizar en el ejercicio de su función las herramientas tecnológicas de la era digital, tales como técnicas de analítica de datos, inteligencia de información y desarrollo de instrumentos de big data les de las investigaciones que adelanten y les dará la posibilidad de revisar, en tiempo real, lo que les permitirá elevar los niveles de las investigaciones que adelantan y les dará la posibilidad de revisar, en tiempo real,  las actuaciones de las diferentes entidades, de manera que se pueda advertir oportunamente si la inversión de los recursos públicos se hace de forma adecuada y atendiendo a los fines del Estado.

La función de advertencia constituye una valiosa herramienta para el ejercicio del control fiscal desde un enfoque preventivo. Tal como quedó aprobado el texto constitucional, será una excepción a la oportunidad del pronunciamiento del ente de control de manera que, antes de que concluyan las actuaciones administrativas, se pueda advertir sobre la existencia de un riesgo de daño inminente contra el patrimonio público, si así se concluye de la evidencia estudiada.

Resulta, además, notable el nivel de consenso alcanzado en la estructuración y aprobación de este acto legislativo. Prueba de ello fue el papel activo que tuvieron la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales y municipales, sus sindicatos, así como los diversos actores que tienen incidencia en el ejercicio del control de los recursos públicos, que no solo contribuyeron en la redacción del texto radicado y puesto a consideración del Congreso, sino que, durante los ocho debates que se llevaron a cabo en la corporación, manifestaron su total respaldo a la iniciativa, lo que demuestra su convencimiento sobre la necesidad y efectividad de las medidas aprobadas.

La aprobación con inmensas mayorías del acto legislativo por el cual se reformó el régimen de control fiscal, demuestra el compromiso del Congreso de la República en responder a las demandas sociales y ciudadanas que exigen mayores controles a la destinación de los recursos públicos. Esta reforma constitucional es un paso en la dirección correcta hacia la prevención y efectiva sanción de los actos de corrupción.

Aunque queda mucho camino por recorrer, como representante a la Cámara y ciudadano confío en que el contralor General y cada uno de los contralores territoriales harán el mejor uso posible de estas nuevas herramientas jurídicas, para que entre todos sigamos contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los colombianos que tanto lo requieren.

RELACIONADOS