REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Reactivación y educación
Doctor Honoris Causa en educación de las universidades Pedagógica y Federico Villarreal en Perú y director del Instituto Alberto Merani.
Cualquier solución nos exige dos condiciones: entender que la conectividad forma parte del derecho a la educación en tiempos de pandemia y comprender que solo en equipo y teniendo en cuenta los diversos contextos, podremos enfrentar una situación tan compleja e inédita como el confinamiento.
Reactivación y educación
viernes, 29 de octubre de 2021
COLOMBIA TIENE NIVELES DE CALIDAD MUY BAJOS EN SU EDUCACIÓN. Según las pruebas PISA de 2018, tan solo el 1 % de los estudiantes de grado noveno alcanza lectura crítica y el 50 % no puede inferir una sola idea de un párrafo (ver Gráfica 1).
Estos últimos tienen lo que llamaríamos una lectura fragmentaria, es decir, tan solo captan elementos sueltos y fragmentados de un texto, pero no pueden entender el sentido global de lo que están leyendo. Ese es el tipo de lectura que debería tener un niño hacia los 7 años de edad.
Por esta razón, podemos afirmar que la mitad de los estudiantes colombianos de 15 años, a pesar de llevar diez en el sistema educativo, leen como si tuvieran 7 años de edad mental.
En Perú, una situación levemente más grave, en 2003, condujo a la Declaratoria de Emergencia Educativa, lo que les permitió tomar un conjunto de medidas muy estructurales para atender el grave problema de la calidad de la educación. No hay duda: van por buen camino. Por el contrario, esto lo sabemos los pedagogos en Colombia desde hace décadas, pero no hemos logrado que se genere una acción del Estado y de la sociedad civil para enfrentar de manera efectiva este grave problema.
La baja calidad de la educación afecta la vida económica, social y cultural de una nación; disminuye la movilidad social, la productividad y la creatividad de los trabajadores, al tiempo que aumenta la violencia y deteriora el tejido social, la lectura crítica, el pensamiento y la comunicación, entre
otros factores. Un pueblo poco y mal educado se conoce en las calles porque no acata las leyes y quisiera resolver las tensiones a los insultos y por mano propia. También se conoce en las oficinas, porque no sabe trabajar en equipo, no entiende las prioridades y no propone estrategias efectivas y creativas de solución a los problemas.
El inconveniente es aún más grave, porque si se compara el desempeño alcanzado por el país en las pruebas PISA en 2018 con el logrado en 2009, la conclusión es que no hemos avanzado. El promedio de lectura en 2009 era de 413, en tanto en 2018 alcanzamos 412. No solo estamos muy mal en calidad, sino que, además, y esto es todavía más preocupante, no hemos avanzado en la última década (Gráfica 2).
Cabe aclarar que el país presentó una tendencia positiva entre 2011 y 2014 cuando se diseñó un programa de transformación pedagógica muy importante que implicaba acompañamiento focalizado a los profesores de los colegios de peor balance en las pruebas de Estado, con énfasis en lectura y matemáticas y mediante novedosos sistemas de formación in situ y en cascada, acompañados de dotación de textos.
Sin embargo, este programa, conocido como Todos a Aprender (PTA), se debilitó a partir de 2014 cuando la nueva ministra decidió que su programa bandera estaría destinado a apoyar tan solo al 0,4 % de los estudiantes y que fue conocido con el nombre de “Ser Pilo Paga”.
Así, se desconoció que las inversiones tempranas en capital humano son las más rentables para la sociedad y en la siguiente medición de PISA volvimos a los niveles logrados en 2009. Les puede parecer extraño a los economistas, pero es algo a lo que estamos acostumbrados los educadores: cada ministro de educación llega con nuevas ideas y prioridades. En sentido estricto, no hay política pública en educación, salvo que a eso se le pudiera llamar “política”.
¿Por qué Colombia no mejora la calidad de la educación?
Contrario a lo que se cree, este es un problema relativamente sencillo de explicar. Ninguna de las variables clave de la calidad ha sido intervenida en las últimas dos décadas. Entre ellas cabría destacar, el lineamiento curricular, la formación de los docentes3, el liderazgo pedagógico, el trabajo en equipo y la educación inicial4 .
Me temo que, además de la falta de voluntad política, una razón esencial es porque al frente de la educación del país han estado economistas con muy poca comprensión de las temáticas pedagógicas, pues se han enfatizado en criterios administrativos y casi nada en las finalidades propias a la formación de mejores ciudadanos; asimismo, han privilegiado la eficiencia administrativa y descuidado la pertinencia pedagógica, la autonomía y la formación propiamente dicha.
Debido a esto, ninguna de las variables clave en la calidad ha recibido una atención especial. Incluso, en alguna de ellas hubo un claro retroceso, como es el caso del lineamiento curricular en el que el nuevo diseño presentado por el MEN y conocido como Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), fue juzgado como un serio retroceso en la política pública en educación por el Consejo Académico del Plan Decenal de educación elaborado para el periodo 2017-20265 .
Por si fuera poco, si se revisa la tendencia por estratos y por tipo de colegios, se llega a la conclusión de que las brechas en Colombia son mayores hoy. La distancia entre los colegios privados y los oficiales urbanos era de 53 puntos en 2009 y en 2018 pasó a ser de 68. Lo anterior quiere decir que, según PISA, un estudiante de 15 años, aunque esté en su colegio oficial en el grado noveno, lee como si estuviera culminando sexto. Respecto de los colegios rurales la brecha en la actualidad sería de más de tres años6 (Gráfica 3).
La explicación que nos brinda el director de educación de la OCDE, Andreas Schleicher7, es muy clara, al destacar que el germen del problema es el modelo pedagógico tradicional ampliamente dominante en la educación en Colombia. En sus propias palabras: “Cuando veo los resultados de PISA, una de las razones por las que Colombia y sus estudiantes están teniendo dificultades es porque el sistema educativo ha privilegiado una educación de ‘reproducción de contenido’. Es más importante que te enseñen a pensar como un matemático a que te enseñen las ecuaciones de memoria”. Y agrega: “el sistema está muy fragmentado, muy atomizado y muy localizado para tener la calidad suficiente”.
¿Qué podría pasar con estas brechas durante la pandemia?
El pronóstico es que la pandemia ha creado unas condiciones que acentuarán sensiblemente las brechas prexistentes: la calidad de la educación pública seguirá cayendo en los próximos años y las brechas continuarán aumentando. Esto es fácil de prever ya que durante la cuarentena la educación oficial no pudo pasar a la virtualidad, porque el 66 % de los estudiantes no tenían conectividad en sus hogares.
Los profesores se han esforzado y han recurrido a todos los medios posibles para garantizar el seguimiento de cada uno de sus alumnos. Los llaman, les entregan guías impresas, recurren a sus datos para enviar explicaciones por correo o WhatsApp y suben al ciberespacio videos e indicaciones pedagógicas para trabajar. Los estudiantes se comunican con sus profesores, pero carecen de la mediación sistemática e intencional de sus docentes y de las diversas y múltiples interacciones con sus compañeros. En la práctica, a la gran mayoría de niños y jóvenes se les está violando el derecho a la educación durante la cuarentena.
Mientras esto pasa en la educación oficial, en la educación privada que se les brinda a los estratos altos, el traslado a la virtualidad se hizo en condiciones muy favorables. La educación se adaptó al cambio de contexto de manera ágil y muy rápida.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE (2018), el 94 % de los hogares de estrato 4 y el 97 % de los estratos 5 y 6, tiene conectividad. Asimismo, los padres han acompañado a sus hijos, los profesores aumentaron sus jornadas y transformaron los procesos, al tiempo que los colegios les brindaron formación y conectividad necesaria. Nada de eso hizo el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para las familias de estudiantes en la educación oficial.
De igual manera, el MEN no convocó a las secretarías de educación, ni a los directivos, ni a los docentes especializados de las áreas y los ciclos, para que organizaran una buena programación en la televisión educativa desde el inicio de la cuarentena. El resultado no pudo ser peor: a pesar de que no fue posible la virtualidad, tan solo el 3 % de los estudiantes están viendo la programación de televisión educativa dispuesta por los funcionarios del MEN durante la pandemia.
Recientemente, el ministerio ha propuesto lo que llama la “alternancia” que en principio combinaría presencialidad y virtualidad. El problema es que con las medidas que ha tomado no está garantizada ninguna de las dos. No asegura la virtualidad, porque no ha avanzado la conectividad de quienes carecen de ella; pero tampoco está trabajando por la posibilidad de un retorno seguro a las aulas. Se elaboraron unos protocolos de seguridad que tan solo pueden cumplir un 5 % de los colegios del país y nadie sabe de dónde saldrán los recursos para implementarlos.
Las desigualdades y el histórico descuido de la educación pública han quedado a la vista de todos y sin agua, sin jabón, los padres que tienen las condiciones han decidido, por lo pronto, que no enviarán a sus hijos a los colegios públicos y los profesores han optado por no acatar la disposición oficial. Varias secretarías de educación y todas las universidades públicas han pensado lo mismo.
Basta recorrer el país para saber que la gran mayoría de los colegios oficiales no están en condiciones de garantizar la bioseguridad porque tienen un número excesivo de estudiantes por aula y espacios muy pequeños para el estudio, el descanso y el almuerzo. Resalto un argumento de la Secretaría de Educación de Chocó al tomar la decisión de no programar presencialidad para el segundo semestre: “Ningún colegio del departamento tiene agua de manera permanente”.
Todavía estamos a tiempo de corregir
Hay excelentes experiencias en conectividad de las que podríamos aprender. Uruguay es un buen referente en la región: invirtió en el futuro, hoy tiene el 85 % de la población conectada y el sistema educativo está recogiendo los frutos. Con liderazgo, Bogotá va en la misma dirección.
En Colombia podemos garantizar excelente televisión educativa si la eligen profesores y expertos de las diversas áreas y ciclos, para todos los niños que se queden en casa y cuenten con el apoyo de sus docentes. También podemos asegurar el derecho a la educación si garantizamos la conectividad a todos los jóvenes de bachillerato y educación media de estratos 1 y 2; así permitiremos que se queden en casa mientras trabajamos en la adecuación de los colegios para recibir a los menores de edad que no se pueden quedar solos en casa, respetando todas las condiciones de bioseguridad.
Asimismo podremos mejorar la calidad de la educación brindada si trabajamos en equipo y dedicamos más tiempo a transformar pedagógicamente los colegios, como ya lo están haciendo varias secretarías de educación en el país. Pero cualquier solución nos exige dos condiciones: entender que la conectividad forma parte del derecho a la educación en tiempos de pandemia y comprender que solo en equipo y teniendo en cuenta los diversos contextos, podremos enfrentar una situación tan compleja e inédita como el confinamiento. Hasta el momento, no se cumple con ninguna de las dos.
El problema es que si no garantizamos el derecho a la educación de los estudiantes en el sector oficial, se seguirá fortaleciendo la inequidad y la educación dejará de cumplir una de sus funciones esenciales: promover la movilidad social. La OCDE8 estima que en Colombia se necesitan once generaciones para mejorar las condiciones socioeconómicas de una familia muy pobre. Me temo que con el manejo que se le está dando a la pandemia en educación, a mediano plazo podría ser aún más grave la situación. EC