Gran polémica suscitó en su momento la propuesta del contralor General Carlos Felipe Córdoba y no podría ser para menos, puesto que el corazón de la reforma presentada es el establecimiento de un nuevo tipo de control, el concomitante y preventivo.

El contralor General, ante las alarmas que prendieron principalmente los gremios de empresarios que manejan recursos públicos, explicó en detalle que el control concomitante y preventivo en ningún caso implicará coadministración ni será vinculante, pero que sí permitirá realizar el seguimiento en tiempo real para identificar riesgos que pongan en peligro los recursos públicos.

El control previo es muy distinto del preventivo, puesto que el primero es general y se aplica a todos los actos, y el segundo, solo en caso de riesgo inminente de perjuicios y con criterios objetivos. Hay que evitar que el control siga llegando tardíamente, cuando el daño está hecho y los funcionarios insolventados.

El control preventivo y el control en tiempo real son un anhelo que han diagnosticado una y otra vez estudios de expertos, como aquel publicado el año pasado por Fedesarrollo, “Lucha integral contra la corrupción en Colombia”, en el que algunos de quienes criticaban la enmienda recomendaron acciones como el monitoreo en tiempo real, que permita generar alertas oportunas para evitar el daño fiscal.

Estos principios son de aplicación en países de la OCDE sobre gobierno corporativo y también están presentes en normas de calidad como la ISO 19600. Añadiría que en España, por ejemplo, el poder de fiscalización del Tribunal de Cuentas es permanente, y ello nunca ha conducido a paralizar la administración.

En mi paso por la rama ejecutiva siempre solicité el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría en cualquier proceso de contratación. A falta de herramientas de control interno, este tipo de acompañamientos nos brindaron enorme tranquilidad. Recuerdo que las entidades siempre acataron a tiempo recomendaciones muy entradas en razón, que nos evitaron dolores de cabeza posteriores.

Se estima que por la vía de la contratación se pierde un 62 % del total de los recursos que se fugan del presupuesto por corrupción. Pienso que un control fiscal como el que fue aprobado, mediante el acto legislativo que unificó las competencias de la Contraloría General y las contralorías territoriales, sí permitirá, por lo menos, cauterizar en parte esta vena rota de la contratación.

En la actualidad existen 65 contralorías, sumadas la General, las departamentales, las distritales y las municipales. La Contraloría General cuesta anualmente 570.000 millones de pesos y las regionales cerca de 400.000 millones. Estas últimas solo recuperan el 0,02 % de los recursos involucrados en procesos de jurisdicción coactiva. Aún es tiempo para insistir en el proyecto para eliminar de tajo las contralorías territoriales, como lo he propuesto por años. Ello nos permitiría avanzar hacia un control fiscal integral, efectivo y con enormes ahorros para el país.

Ha sido muy útil otorgarle facultades al contralor para depurar una entidad que desde hace décadas fue capturada por la politiquería, como quiera que muchos de los 4.200 funcionarios hoy enquistados en la carrera administrativa no tienen mérito distinto al de haber ingresado por recomendaciones políticas.

El control fiscal que antes teníamos nos costaba mucho y servía para muy poco, pues siempre llegaba tarde y con escasas y pobres herramientas.

La reforma ahora vigente podrá no ser perfecta, pero es innovadora y se basa en experiencias locales y foráneas exitosas en el objetivo de proteger los recursos públicos y atacar las principales fuentes de corrupción.

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