Resumen

El presente documento expone una primera aproximación del diseño, elaboración y presentación de un indicador de seguridad territorial, a partir de un paralelo entre las concepciones de Seguridad y Defensa, el recuento de algunos métodos  empleados, en diversas partes del mundo, en el uso de índices o indicadores, algunos de los trabajos realizados sobre el tema a nivel nacional, la  propuesta desarrollada en la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad, y los primeros resultados del indicador para la totalidad de municipios del país.

Abstract

This document presents a first approach to the design, development, and presentation of a territorial security indicator, based on a parallel between the concepts of Security and Defense; the review of some methods used in many parts of the world regarding the use of indexes or indicators, some of the studies carried out on the topic at the national level, the proposal developed in the Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad, and the initial results of the indicator for all municipalities in the country.

1.   Cambio de gobierno, cambio de paradigmas

La Contraloría General de la República es la instancia estatal responsable de la vigilancia y el control fiscal, cuya historia de cien años permite evidenciar cambios sustantivos en el ejercicio de sus funciones, pasando de una evaluación económica formal de la gestión fiscal a una visión que busca evaluar el ejercicio de la Función Pública y la prestación de los servicios públicos que, además de la salvaguarda e integridad del patrimonio público, garantice la verificación analítica de las operaciones económico – financieras relacionadas con el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y actividades de la gestión fiscal y, particularmente, califique sus resultados en perspectiva del cumplimiento de los fines del Estado.

El cambio de gobierno implicó un giro en la mayoría de las políticas del Estado; ya que, de acuerdo con Birke, Garcia y Kurtenbach (2022), como consecuencia de los acontecimientos ocurridos previos a la elección presidencial de 2022, tales como la pandemia del COVID-19, el estallido social, la agudización de la desigualdad social y el alza en los índices de pobreza, pobreza extrema y desempleo, se generó lo que ellos califican la elección de “…un nuevo gobierno de corte progresista.”

En consecuencia, el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal debe adaptarse a los contenidos y formas que adquiere la gestión fiscal como elemento vinculante y determinante de las responsabilidades relacionadas con el manejo de los fondos, bienes y patrimonio estatales; teniendo en cuenta el cumplimiento de los fines del Estado a partir de los planes, programas, proyectos, actividades y operaciones que realizan quienes ejercen la Función Pública y prestan servicios.

El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) que presentó el Gobierno Nacional, a consideración del Congreso de la República, busca evitar la tradicional sectorización de los planes, articular grandes proyectos y priorizar el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, con una visión de transformación que apunta a convertir a Colombia en un líder mundial de la vida, la humanidad y la naturaleza.

La propuesta del Plan cuenta con cinco grandes transformaciones que dirigidas a transversalizar la gestión fiscal de los sectores administrativos

a través de catalizadores que motiven la acción pública con la intervención de diversos agentes del Estado, las personas y las comunidades; sin que sea posible determinar, en los documentos de las bases del PND, el papel específico de los ministerios y sus entidades descentralizadas.

La segunda transformación, enunciada en el Plan, Seguridad Humana y Justicia Social está dirigida, entre otras acciones, a contrarrestar la proliferación de economías ilícitas, desmantelar las organizaciones multi crimen, lograr el acceso a la justicia, superar la impunidad y la congestión judicial, y la protección integral de la vida. En este contexto se inscribe la necesidad de contar con datos que permitan analizar el papel de los sectores defensa y seguridad, de tal manera que se pueda contar con series comparables en el tiempo y entre diferentes gobiernos.

Los conceptos de seguridad y defensa se han transformado y adaptado a los momentos políticos y coyunturas históricas a nivel nacional, regional y vecinal, de acuerdo con Díaz y Díaz (2021), quienes tratan el tema en su artículo Evolución del concepto en seguridad y defensa nacional en Colombia, donde hacen un análisis de los planes y programas de los diversos gobiernos en la historia de Colombia. Así mismo, es evidente la relación entre estos dos conceptos, puesto que la Defensa Nacional, por los medios que dispone, busca garantizar y proveer la Seguridad, y esta se entiende, según el Ministerio del Ramo, como

“…un bien público, un derecho y la razón fundamental de la existencia del Estado; condición esencial para el ejercicio de los derechos, ajena a cualquier ideología política, pero garantía del régimen de gobierno asentado en la libertad y la justicia; indispensable para construir convivencia y consecuencia de tres elementos vitales del Estado de derecho en una democracia: el orden jurídico, la garantía de los derechos individuales y la legitimidad de las instituciones.” (Ministerio de Defensa Nacional, 2019)

A su vez, Díaz y Díaz, citan a Álvarez, Rosania, Sánchez y Jiménez para señalar el concepto de Seguridad Nacional que se desarrolla a lo largo de su análisis histórico y coyuntural como “…aquella que da preponderancia al Estado como actor referente de la seguridad y del Sistema Internacional, buscando evitar la irrupción de un actor externo que logre afectar sus fines esenciales.”

Espitia (2016) señala que “La Defensa Nacional hace referencia a la capacidad de las fuerzas armadas para defender la soberanía de la nación y la vida de sus ciudadanos” y la Seguridad Nacional como “la protección universal a los ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones que afecten su dignidad y seguridad personal y las de sus bienes ligada al concepto de seguridad humana desarrollado por Naciones Unidas”.

Ahora bien, con base en lo anterior y considerando los dos gobiernos más recientes, se evidencia algunas diferencias notables, entre ellas:

El gobierno Duque (2018-2022) en su plan de desarrollo Pacto por Colombia, pacto por la equidad establece varios objetivos en relación con estos sectores que buscan fortalecer las capacidades del Estado para proteger a los ciudadanos y combatir el crimen organizado y el narcotráfico. La clave está en estas dos palabras, fortalecer y combatir.

Uno de los objetivos principales del plan era fortalecer las Fuerzas Armadas y mejorar su capacidad operativa. Para ello, se consideró un aumento en el presupuesto de defensa y seguridad, que permitiera la adquisición de equipos y tecnologías, así como la capacitación y formación continua del personal militar.

Igualmente, se buscó mejorar la coordinación entre las distintas agencias de seguridad del Estado, como la Policía Nacional y el Ejército, en la aplicación de una estrategia más efectiva en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. En este sentido, la política era de "tolerancia cero" hacia los delitos relacionados con las drogas y la creación de unidades especiales contra el narcotráfico.

Otro objetivo fue mejorar la seguridad ciudadana, especialmente en las zonas más afectadas por la violencia y el crimen. En consecuencia, se planteó la implementación de políticas de prevención del delito, a través de programas educativos y de empleo para jóvenes en situación de riesgo. Así como también se buscó fortalecer las capacidades de la justicia penal y mejorar la atención a las víctimas de la violencia.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Colombia, potencia mundial de la vida buscó, en materia de defensa y seguridad, fortalecer las capacidades del Estado en la protección a los ciudadanos y combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Esta estrategia se basó en el aumento del presupuesto de defensa y seguridad, una mejor coordinación entre las agencias de seguridad del Estado y, la implementación de políticas de prevención del delito y atención a las víctimas.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 plantea una concepción diferente sobre la seguridad ciudadana y la defensa nacional; en la cual se afirma que la seguridad se logra a través de la ejecución de políticas que ataquen las causas estructurales de la violencia, entre ellas la pobreza y la exclusión social, sin desconocer el papel del personal de las fuerzas armadas.

Este PND habla de Seguridad Humana Integral, la cual implica, entre otras dimensiones, seguridad económica, alimentaria, ambiental, personal, comunitaria, política y de salud, y otorgar poder, saber y oportunidades a los jóvenes para neutralizar la violencia.

Las acciones se focalizarán territorialmente a través de programas de prevención temprana, con el objeto de evitar intervenciones posteriores y promover las condiciones adecuadas para que las personas se desarrollen libres de temor, miedos y carencias, y superen el ambiente bélico.

La política de “Paz Total” plantea cambios en las Fuerzas Militares y su doctrina de seguridad nacional, en un proceso de adaptación a un país en paz; el papel de la Policía Nacional, sobre la cual se reitera su carácter civil y su cambio de adscripción institucional.

Por otro lado, al contrastar las propuestas, antes mencionadas, con la asignación del presupuesto al sector defensa y seguridad se evidencia un cambio en la tendencia anual del gasto programado.

En el año 2020, la variación porcentual del presupuesto de defensa, respecto al año inmediatamente anterior, fue de 5,48%, superior al 3,74% que registró la inflación en dicha vigencia. Asignaciones similares ocurrieron en los siguientes 3 años, ya que los aumentos presupuestales estuvieron por encima de la inflación anual. La tendencia cambia en la vigencia fiscal de 2023, ya que la variación porcentual del presupuesto de defensa es de 4,33%, mientras que la inflación marcó un registro histórico en este siglo, siendo la más alta desde los años noventa, con una cifra de 13,12%. La tendencia señalada se observa en la siguiente tabla:

Tabla 1
PRESUPUESTO SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD. VARIACIÓN PORCENTUAL VS INFLACIÓN

Al ajustar las cifras del presupuesto, del sector defensa y seguridad, a valor presente 2023, se ve que el mismo disminuyó, en la vigencia en curso, por encima de los 4 billones de pesos. El siguiente gráfico muestra el cambio en la tendencia histórica reciente:

Gráfico 1
Presupuesto de Defensa y Seguridad ajustado a valor presente 2023

El cambio de tendencia, en la asignación del presupuesto de defensa y seguridad, podría estar relacionado con un nuevo paradigma sobre la concepción de seguridad y defensa; sin embargo, tal hipótesis exige estudios específicos y la verificación que la ejecución de las políticas y las futuras asignaciones presupuestales muestren, así como los resultados en torno a la seguridad territorial y nacional.

2. ¿Por qué medir?

Es necesario y connatural a la vigilancia y al control fiscal obtener procesar, ordenar, analizar y elaborar informes con datos e información pertinente, que permita producir insumos destinados a apoyar el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, y, por consiguiente, identificar los riesgos y resultados del manejo, administración y destinación del patrimonio público, así como su afectación al cumplimiento de los fines del Estado. En este proceso se encuentra inmerso el “medir”, en tanto medir es comparar, con base en un “patrón”, el objeto en cuestión y decir “cuántas veces” el patrón está contenido en el objeto.

En este contexto, existen diversas estadísticas relacionadas con la seguridad, la criminalidad, la paz y el nivel armamentístico de las naciones. Olaeta (2008) señala en su escrito Estadísticas Criminales y Sistemas de Información que desde el siglo XIX, por influencia del positivismo, aparece la idea de identificar la “realidad delictiva” con base en estadísticas.

Algo similar pasa con el análisis de la implementación, eficiencia y efectividad de las políticas públicas y programas en Colombia; en los PND se plantean metas y objetivos en términos de alcanzar un número específico (disminución o aumento del valor) en el indicador o índice de turno que se toma como referencia para medir el avance del sector.

3.  ¿Cómo se mide la seguridad en el mundo?

Existen diversos índices, tal como el índice de percepción de seguridad ciudadana; tasas, como la tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes; porcentajes, como el porcentaje de victimización de hurto a personas, y, en general, estadísticas que buscan caracterizar y cuantificar variables que describen un fenómeno mayor, el cual se puede identificar y relacionar con la seguridad, bien a nivel territorial o nacional.

A continuación, se presentan brevemente tres de las estadísticas identificadas como referente en el diseño inicial, o primera versión, del Indicador de Seguridad:

3.1.     Índice Global de Paz

El Índice Global de Paz (GPI, por sus siglas en inglés) es un indicador que mide el nivel de paz y seguridad en un país o región. Este índice es calculado por el Institute for Economics & Peace desde 2006, evaluando 162 naciones.

El GPI se basa en un análisis estadístico de una serie de indicadores relevantes para medir el nivel de paz y seguridad.

El proceso de cálculo del GPI se divide en tres etapas:

Selección de indicadores: En primer lugar, se seleccionan una serie de indicadores, considerados relevantes, para medir el nivel de paz y seguridad en un país o región; los cuales se agrupan en tres categorías: nivel de seguridad y protección, grado de conflictividad y militarización.

Tabla 2
INDICADORES POR CATEGORÍAS DEL GPI

Normalización de los datos: Una vez seleccionados los indicadores, se procede a normalizar los datos. La normalización consiste en escalar los valores de los indicadores para que tengan la misma importancia en el cálculo del GPI. Para ello, se utiliza una fórmula matemática que permite convertir los valores originales de los indicadores en una escala de 0 a 1.

Cálculo del índice: Finalmente, se procede a calcular el GPI a partir de la combinación de los valores normalizados de los indicadores. El GPI se calcula mediante una fórmula matemática que permite ponderar los distintos indicadores en función de su importancia relativa, con el fin de obtener un índice.

Es importante destacar que el GPI es un indicador que se actualiza anualmente, por lo que la metodología utilizada para su cálculo puede variar ligeramente de un año a otro para reflejar los cambios en la situación de paz y seguridad a nivel global. Además, el GPI se utiliza ampliamente como una herramienta para la toma de decisiones políticas y la implementación de políticas públicas orientadas a promover la paz y la seguridad en todo el mundo.

3.2.     Indicador Sintético de Seguridad

Espitia (2014), en el documento Indicador Sintético de Seguridad, introduce este término y trabaja con variables relacionadas con minas antipersonas (MUSE), y otras variables, entre ellas cultivos ilícitos, acciones armadas y habitantes por zona, entre otras, a través de las cuales busca relaciones con el fin de generar un insumo para la Ley de Victimas e implementación de Tierras. Además, realiza un análisis estadístico detallado usando análisis de componentes principales.

En el tercer y cuarto informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley 1448 de 2011 “Ley de Victimas y Restitución de Tierras”, elaborados por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, se consideraron las problemáticas subyacentes a la dificultad del Estado para adelantar los procesos de macro y micro focalización, ante las solicitudes de restitución de tierras por  víctimas desplazadas del conflicto; para esto tomaron como insumo algunos resultados del Indicador Sintético de Seguridad.

En este contexto, se consideraron estadísticas delictivas, tomando los delitos de mayor influencia en las zonas de interés para los procesos previamente mencionados, y se construyó el “Indicador Sintético de Seguridad”, con el cual se caracterizaron los municipios que, en ese momento, existían en el país y fueron agrupados en 10 conglomerados, de acuerdo con sus niveles de seguridad o inseguridad.

Los delitos o variables que conforman el Indicador Sintético de Seguridad se clasificaron así:

Esquema 1
VARIABLES QUE CONFORMAN EL INDICADOR SINTÉTICO DE SEGURIDAD

En dicho esquema se pueden identificar cuatro tipos de delitos: los relacionados con minas antipersona, los delitos que afectan a la ciudadanía directamente, los delitos que implican confrontación con grupos alzados en armas y, por último, los delitos relacionados con presencia de grupos alzados en armas. En total, el indicador estaba compuesto por 20 variables o delitos y se interpreta que la elección de dichas variables se debió a que estos son los de mayor preponderancia, frecuencia o afectación en las zonas donde se requería adelantar los procesos de macro y micro focalización.

Los 10 conglomerados se construyeron con base en los niveles de seguridad. En el siguiente cuadro se presentan dichos conglomerados:

Imagen 1
VALORES CENTRALES DE LOS CONGLOMERADOS FINALES

El Índice Sintético de Seguridad fue una herramienta de ayuda en la focalización de esfuerzos en materia de defensa y seguridad y se propuso con el fin de facilitar los procesos de macro y micro en la restitución de tierras.

3.1.     Índice de criminalidad

Quintero, Lahuerta y Moreno (2008) plantean un Índice de criminalidad, utilizando los delitos con mayor incidencia y frecuencia que se presentaron en el país, en el periodo comprendido entre 1994 a 2007, y ponderando dichos delitos por medio de las penas establecidas en el Código Penal.

El índice de criminalidad propuesto se basa en una combinación de diferentes indicadores de delitos, incluyendo homicidios, lesiones personales, hurtos y robos, entre otros. Los autores argumentan que la utilización de múltiples indicadores permite una mejor comprensión de la naturaleza y la magnitud de la delincuencia en Colombia.

El cálculo del índice de criminalidad implica la estandarización de los diferentes indicadores de delitos en términos de su gravedad y frecuencia; en consecuencia, los autores utilizan técnicas estadísticas de normalización y ponderación de los diferentes indicadores.

Una vez normalizados, estandarizados y ponderados los diferentes indicadores, se realiza una agregación de los mismos en un solo índice de criminalidad, el cual se expresa en una escala de 0 a 100. Los autores sostienen que el índice de criminalidad permite comparar la tasa de delitos en diferentes áreas geográficas de Colombia y a lo largo del tiempo.

Es importante destacar que, como con cualquier índice de criminalidad, el propuesto por Lahuerta, Quintero y Moreno tiene limitaciones y no puede capturar todas las complejidades y matices de la delincuencia en Colombia. Sin embargo, es un esfuerzo significativo por mejorar la comprensión de la delincuencia en Colombia.

4.  ¿Índice o indicador?

Según Guitton (1960), en la estadística no es clara la distinción entre índice e indicador y son utilizados indiscriminadamente. Por ello, intenta plantear diferencias para lograr definir dichos conceptos. Define un índice como una medida numérica que resume la evolución de un conjunto de variables a lo largo del tiempo. Un índice se construye mediante la selección de un conjunto de variables relevantes, su ponderación y su agregación en un único valor numérico. Por ejemplo, el índice de precios al consumidor (IPC) es un indicador que mide el cambio en el precio de una canasta de bienes y servicios consumidos por los hogares a lo largo del tiempo.

Por otro lado, define un indicador como una medida que informa sobre una situación particular, sin necesariamente resumir la evolución de una variable a lo largo del tiempo. Los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos, y pueden estar basados en datos objetivos o subjetivos. Por ejemplo, la tasa de desempleo es un indicador cuantitativo que mide el porcentaje de personas en edad de trabajar que no tienen empleo en un momento dado.

En síntesis, para Guitton la diferencia entre índice e indicador radica en que un índice es una medida numérica que resume la evolución de una variable a lo largo del tiempo, mientras que un indicador es una medida que informa sobre una situación particular en un momento dado.

También, Schuschny y Soto (2009) definen indicador como “una función de una o más variables, que conjuntamente miden una característica o atributo de los individuos en estudio”.

5.   Entonces, ¿qué proponemos? Indicador de Seguridad Territorial

El objetivo fue construir un indicador que se reformule, calcule y consolide constantemente; el cual incluye información y datos de los diversos delitos cometidos en el país, por municipio, en los últimos 5 años, abordando el gobierno anterior y de este modo iniciar un ejercicio comparativo de las condiciones de seguridad, cuya medición puede generarse a nivel municipal, departamental o regional, de aquí en adelante. De este modo, evaluar la eficiencia y efectividad de las políticas y programas del sector e identificar problemáticas específicas de entidades territoriales que evidencien deterioro de la seguridad y puedan señalar las problemáticas para que los sujetos de control, o instituciones competentes, adopten los correctivos de su competencia.

Para la construcción del indicador es necesario considerar qué son las tasas por cada 100.000 habitantes, las cuales se utilizan en el planteamiento del indicador para estandarizar las variables de criminalidad y delitos, puesto que, dada la tradición oficial, son las que se utilizan en los estudios e informes de las comparaciones entre ciudades o municipios con diferente densidad poblacional.

La tasa por cada 100.000 habitantes es una medida utilizada para expresar la frecuencia o incidencia de un fenómeno en relación con la población total de un lugar. Indica la cantidad de casos o eventos por cada 100.000 personas en una determinada área.

Se calcula dividiendo el número de casos o eventos por la población total y multiplicando el resultado por 100.000, tal como se muestra a continuación:

Esta tasa es útil para comparar la incidencia de diferentes fenómenos en áreas con poblaciones de diferentes tamaños. Al expresar la tasa en términos de cada 100.000 habitantes se estandariza la medida y se facilita la comparación entre diferentes territorios.

El planteamiento matemático, del indicador propuesto, es el siguiente:

Sea , la tasa delictiva por cada 100.000 habitantes del municipio , donde , para el delito , con    en el año , con ; se define el Indicador de Seguridad del  municipio en el año A como:

Donde  es la tasa máxima del  delito para todos los años analizados y es la puntuación asignada al  delito. Mas adelante se expondrán 3 formas para asignar dicha puntuación. En consecuencia, entre mayor sea el  mayores problemas de seguridad tiene el municipio.

Las bases de datos utilizadas fueron suministradas por la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia, las Fuerzas Militares y las fuerzas que la componen, por la gestión y apoyo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI- de la CGR.

Las variables consideradas inicialmente fueron las siguientes:

Tabla 3
VARIABLES CONSIDERADAS INICIALMENTE

Dichas variables fueron consideradas puesto que oficialmente existen registros estadísticos de estas para los últimos 5 años, además, que están desagregadas por municipio, departamento y fecha. Pero, al realizar los respectivos análisis de consistencia y calidad de las bases de datos de cada una de estas variables, así como algunas verificaciones con expertos, se encontraron algunos datos erróneos, por lo que se descartaron algunas de las bases y variables, al carecer de certeza y confiabilidad. También, se dio el caso de variables que en los últimos 5 años tienen, en todos los municipios, registros en cero, lo cual se interpretó como un cambio en el tipo de conflicto interno que se ha dado desde la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. Finalmente se consideraron las siguientes 20 variables:

Tabla 4
VARIABLES CONSIDERADAS FINALMENTE

El cálculo del indicador se realizó con los códigos asignados por el DANE a los municipios, con el objeto de evitar sesgo o ruido[1] respecto de los resultados parciales y finales obtenidos por los municipios y sus respectivas tasas, esto dadas las opiniones y juicios subjetivos emitidos a partir de noticias o experiencias recientes respecto de los niveles de seguridad en los territorios El indicador enfrenta su mayor dificultad en su diseño y cálculo en la asignación de puntuaciones a los delitos; por consiguiente, la primera versión utiliza tres formas distintas de asignar

dichas puntuaciones que generan otro tanto de clasificaciones, algunas similitudes y diferencias contribuyen en la validación del instrumento. A continuación, se describen y muestran los resultados obtenidos en cada una de ellas:

5.1 Puntuando los delitos homogéneamente

La primera clasificación resulta de asignar a todos los delitos el mismo puntaje en la composición del indicador. Al considerar 20 variables, cada una tiene una puntuación de . Aunque es claro que los delitos tienen penas, gravedad y/o niveles de afectación a la sociedad distintos, al tratarlos de este modo se da mayor relevancia a la frecuencia de los delitos y a las respectivas tasas de delitos.

A continuación, la tabla 5 muestra los 10 municipios del país con mayores problemas de seguridad en el período 2018 a 2022:

Tabla 5
PRIMEROS 10 MUNICIPIOS CON MAYORES PROBLEMAS DE SEGURIDAD MAYORES PUNTAJES DE INDICADOR DE SEGURIDAD ULTIMOS 5 AÑOS POR PENAS HOMOGÉNEAS

La tabla 6 relaciona el comportamiento histórico de los municipios con mayores problemas de seguridad en el año 2022.

Tabla 6
HISTÓRICO 10 MUNICIPIOS CON MAYORES PROBLEMAS DE SEGURIDAD 2022 MAYOR INDICADOR DE SEGURIDAD ÚLTIMOS 5 AÑOS POR PENAS HOMOGÉNEAS

5.2. Puntuando los delitos de acuerdo con las penas

Todos los delitos considerados en la construcción del indicador de seguridad están tipificados en el código penal; por consiguiente, se tomaron las penas mínimas y máximas que definen el intervalo sobre el cual pueden caer las penas por la materialización de cada delito y se consideraron dos casos: en el primero, se tomaron las penas máximas y se realizó el cálculo del total de las penas de los 20 delitos, para así, proporcionalmente, asignar un puntaje en el intervalo  a cada uno de los delitos o variables que componen el indicador; en el segundo, se calculó el promedio de las penas, tomando el mínimo y el máximo de cada pena, y con dichos promedios se asignaron, de forma similar al anterior caso, los puntajes en el intervalo , a cada delito proporcionalmente.

Es importante señalar que no hubo cambios significativos en las clasificaciones obtenidas por año con cada una de estas asignaciones, tal como se puede apreciar en las tablas 7 y 8:

Tabla 7
10 MUNICIPIOS CON MAYORES PROBLEMAS DE SEGURIDAD MAYORES PUNTAJES DE INDICADOR DE SEGURIDAD POR PENAS MAXIMAS

Tabla 8
10 MUNICIPIOS CON MAYORES PROBLEMAS DE SEGURIDAD MAYORES PUNTAJES DE INDICADOR DE SEGURIDAD POR PROMEDIO PENAS

La siguiente tabla muestra cómo se han comportado los municipios con indicador de seguridad más alto en 2022 frente a los 4 años previos.

Tabla 9
HISTÓRICO DE LOS 10 MUNICIPIOS CON MAYORES PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN 2022 EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS MAYORES PUNTAJES DE INDICADOR DE SEGURIDAD POR PENAS MAXIMAS

Tabla 10
HISTÓRICO DE LOS 10 MUNICIPIOS CON MAYORES PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN 2022 EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS MAYORES PUNTAJES DE INDICADOR DE SEGURIDAD POR PENAS PROMEDIO

Resultan llamativos los casos de Puerto Lleras y Pinchote, los cuales, en el último año, tienen un salto significativo en las posiciones del ranking del indicador de seguridad, lo cual está marcado por hechos aislados; en el caso de Pinchote, un atentado terrorista con explosivos que afectaron a 9 personas; y Puerto Lleras, por un incremento en el número de amenazas durante el año. A continuación, se muestra una tabla con los puntajes por delito asignados, por cada uno de los métodos propuestos para tal fin:

Tabla 11
PUNTAJES DE DELITOS POR METODO DE PUNTUACIÓN

.

1.   Municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-

Estos municipios son el resultado del acuerdo de paz de La Habana, con el fin de focalizar acciones estatales en las regiones o municipios más afectados por la violencia y la falta de presencia institucional o las economías ilícitas. Son 170 municipios sobre los cuales es necesario conocer su situación de seguridad, con el objeto, entre otras razones, de conocer el impacto de los programas en el mejoramiento de la seguridad y la superación de las problemáticas objeto de acción estatal.

A continuación, se muestran las tablas con cada una de las metodologías para puntuar los delitos, con los 10 municipios PDET con indicador de seguridad más alto en los últimos 5 años:

Tabla 12
LOS 10 MUNICIPIOS PDET CON MAYORES PROBLEMAS DE SEGURIDAD MAYORES PUNTAJES DEL INDICADOR DE SEGURIDAD POR PENAS HOMOGÉNEAS

Tabla 13
LOS 10 MUNICIPIOS PDET CON MAYORES PROBLEMAS DE SEGURIDAD MAYORES PUNTAJES DE INDICADOR DE SEGURIDAD POR PENAS MAXIMAS

Tabla 14
LOS 10 MUNICIPIOS PDET CON MAYORES PROBLEMAS DE SEGURIDAD MAYORES PUNTAJES DE INDICADOR DE SEGURIDAD PENAS POR PROMEDIO

7.   Los municipios de V y VI categoría

En Colombia, los municipios se categorizan en 7 clases dependiendo del presupuesto, área, población, ubicación geográfica y condiciones económicas. Los municipios de V y VI categoría son los más pequeños del país, teniendo poblaciones de entre 10.001 y 20.000 habitantes para los de V categoría, y menos a 10.000 habitantes para los de VI. Son 40 municipios de V categoría y 965 de VI categoría, de un total de 1.123 municipios en el país.

Por consiguiente, resulta relevante el seguimiento del indicador de seguridad a estos municipios y, en particular, a los que aparecen en las posiciones más altas, para ver cómo las inversiones, las políticas y los programas en temas de defensa y seguridad impactan en las causas, dificultades y situaciones de bienestar que se pueden identificar con el indicador.

Las siguientes tablas muestran los municipios de V y VI categoría con indicadores de seguridad altos en los últimos 5 años, con los tres tipos de asignación de puntajes:

Tabla 15
LOS 10 MUNICIPIOS DE V Y VI CATEGORIA CON MAYORES PROBLEMAS DE SEGURIDAD MAYORES PUNTAJES DE INDICADOR DE SEGURIDAD POR PENAS HOMOGÉNEAS

Tabla 16
LOS 10 MUNICIPIOS DE V Y VI CATEGORIA CON MAYORES PROBLEMAS DE SEGURIDAD MAYORES PUNTAJES DE INDICADOR DE SEGURIDAD POR PENAS MAXIMAS

Tabla 17
LOS 10 MUNICIPIOS DE V Y VI CATEGORIA CON MAYORES PROBLEMAS DE SEGURIDAD MAYORES PUNTAJES DE INDICADOR DE SEGURIDAD POR PENAS PROMEDIO

8.   Las ciudades capitales

Las 32 ciudades capitales del país se distribuyen en 7 categorías: 1 sin categoría, 6 especiales, 13 de I, 2 de II, 3 de III, 1 de IV, 1 de V y 5 de VI.

Las siguientes tablas muestran las 10 ciudades capitales con mayor indicador de seguridad en los últimos 5 años, utilizando cada uno de los puntajes propuestos:

Tabla 18
LAS 10 CIUDADES CAPITALES CON MAYORES PROBLEMAS DE SEGURIDAD MAYORES PUNTAJES DE INDICADOR DE SEGURIDAD ULTIMOS 5 AÑOS POR PPENAS HOMOGÉNEAS

Tabla 19
LAS 10 CIUDADES CAPITALES CON MAYORES PROBLEMAS DE SEGURIDAD MAYORES PUNTAJES DE INDICADOR DE SEGURIDAD ULTIMOS 5 AÑOS POR PENAS MAXIMAS

Tabla 20
LAS 10 CIUDADES CAPITALES CON MAYORES PROBLEMAS DE SEGURIDAD MAYORES PUNTAJES DE INDICADOR DE SEGURIDAD ULTIMOS 5 AÑOS POR PENAS PROMEDIO

9.   Conclusiones

El diseño, construcción y cálculo del indicador de seguridad busca compilar, procesar, analizar y determinar una medida cuantitativa de seguridad, para cada uno de los municipios, departamentos o regiones del país, a través de la integración de variables que permiten cuantificar los factores que muestran la situación de los territorios y el impacto de las acciones estatales en los mismos, con el objeto de brindar insumos internos para el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, y externos, destinados a las entidades estatales y las personas, para la comprensión del estado seguridad y el mejoramiento de las acciones estatales en la garantía de los derechos.

Los resultados del indicador de seguridad invitan, especialmente a las autoridades nacionales y territoriales, a elaborar análisis de los entes territoriales sobre las necesidades, condiciones e impactos de los recursos públicos en seguridad y su incidencia en el bienestar de todas las personas que habitan las áreas de su jurisdicción.

Resulta llamativo encontrar municipios con indicador de seguridad cero ¿Es razonable dicho resultado? Aunque los datos muestran que no hay registros de los delitos analizados en este estudio inicial, resulta llamativo que existan tantos municipios con este valor, ubicados en los departamentos del Amazonas, Guanía y Vaupés. Sobre el particular son varias las hipótesis explicativas: desde la más optimista “en estos municipios no se cometen delitos”, hasta pesimistas del tipo “no hay instituciones del Estado para denunciar delitos” o “no hay en dichos municipios quienes registren los delitos”. Por consiguiente, es necesario hacer estudios específicos en estos territorios y conocer las razones de este resultado. A continuación, se muestra una tabla con los 10 municipios con indicador de seguridad en cero:

Tabla 21
MUNICIPIOS CON INDICADOR DE SEGURIDAD MÁS BAJO

Por otro lado, las bases de datos sobre delitos, delincuencia y criminalidad, entre otras, son insumos importantes para cuantificar la seguridad; sin embargo, es necesario contrastar y estimar el subregistro, con el fin de obtener datos que reflejen la calidad, cobertura y pertinencia del indicador como expresión cuantitativa de la realidad de la seguridad en cada uno de los municipios del país.

Es necesario trabajar con los entes gubernamentales encargados de registrar y sistematizar la información con el fin de obtener e interpretar las múltiples variables que describen los sectores de estudio y los métodos de sistematización de los datos.

El cálculo del indicador se ampliará con variables que permitan incluir datos sobre población migrante, pobreza, vías de acceso, minas antipersona, delitos ambientales, presencia de grupos alzados en armas, tasa de analfabetismo, entre otros, con el fin aprovechar la data en beneficio del conocimiento de los factores que condicionan, interactúan, permean o inciden en la seguridad.

Es necesario continuar el seguimiento a las tasas que generan un indicador alto. Estudiar dichos fenómenos e identificar relaciones entre la tasa representativa de una cuantificación particular, con otras situaciones sociales, políticas o geográficas.

La siguiente tabla permite apreciar como las metodologías de penas promedio y penas máximas generan escalafones similares. Tal relevancia del resultado, cuestiones de extensión, se muestra para las 10 primeras posiciones con los tres métodos propuestos de puntuar las penas. Cabe resaltar, como se mencionó previamente, que el método de puntuación por penas homogéneas da mayor relevancia a la frecuencia de los delitos, mientras que los otros dos métodos se la dan a la severidad de las penas.

Tabla 22
LOS 10 MUNICIPIOS CON MAYOR INDICADOR DE SEGURIDAD EN 2022 POR LOS TRES METODOS

Las siguientes tablas muestran cuáles son los municipios que, con frecuencia, al realizar el cálculo del indicador por cada método y para los años de estudio, aparecen en lo más alto del escalafón de municipios más inseguros del país:

Tabla 23
LOS 10 MUNICIPIOS CON MAYOR INDICADOR DE SEGURIDAD EN 2021 POR LOS TRES METODOS

Tabla 24
LOS 10 MUNICIPIOS CON MAYOR INDICADOR DE SEGURIDAD EN 2020 POR LOS TRES METODOS

Tabla 25
LOS 10 MUNICIPIOS CON MAYOR INDICADOR DE SEGURIDAD EN 2019 POR LOS TRES METODOS

Tabla 26
LOS 10 MUNICIPIOS CON MAYOR INDICADOR DE SEGURIDAD EN 2018 POR LOS TRES METODOS

Finalmente, se puede apreciar que, en el periodo de tiempo objeto de estudio sin importar la metodología, existen entes territoriales de especial atención por sus niveles de seguridad; dado que el indicador siempre es alto. Ellos son: Popayán, Corinto, Villa Rica y Puerto Tejada en el departamento del Cauca; Fortul en Arauca; Pajarito en Boyacá y Providencia en el Archipiélago de San Andres y Providencia.

Bibliografía:

Birke Daniels, K., García Pinzón, V., & Kurtenbach, S. (2022). Pandemic, Protest, and Petro presidente: Rescuing Colombia's Peace.

Díaz, J., Díaz, J., et al. (2021). Evolución del concepto de seguridad y defensa nacional en Colombia. En L. A. Montero Moncada, et al. (Eds.), Seguridad y Defensa II (pp. 139-168). Planeta Colombiana S.A.

Espitia, J. (2014). Indicador Sintético de Seguridad. Revista Viva la Ciudadanía Edición 488. Recuperado de https://viva.org.co/cajavirtual/svc0488/pdfs/Articulo118_488.pdf

Espitia, J. (2016). La situación de la restitución de tierras y la sentencia T679 de 2015 [Borrador]. Delegada para el sector agropecuario, Contraloría General de la República.

Guitton, H. (1960). Índices e indicadores. Revista de Economía y Estadística, 4(1-2-3-4), 9-23.

Kahneman, D., Sibony, O., & Sunstein, C. R. (2021). Ruído: uma falha no julgamento humano. Objetiva.

Olaeta, H. (2008). Estadísticas criminales y sistemas de información. Ilsed. Argentina.

Quintero Cuello, D. M., Lahuerta Percipiano, Y., & Moreno Acosta, J. M. (2008). Un índice de criminalidad para Colombia. Revista Criminalidad, 50(1), 37-58.

Soto de la Rosa, H., & Schuschny, A. R. (2009). Guía metodológica: diseño de indicadores compuestos de desarrollo sostenible.

RELACIONADOS

BRECHA DIGITAL

Índice de Brecha Digital de la CGR (IBD-CGR)

OBSERVATORIO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL

Observatorio de Vigilancia y Control Fiscal: Una herramienta para fortalecer la transparencia y la participación ciudadana

CONTROL FISCAL

Del Control Fiscal en el marco del conflicto armado, al Control Fiscal en un escenario de transición hacia “La Paz Total”