Según informe de la Contraloría General de la República, la ejecución de los recursos de regalías, del bienio 2017-2018 fue de 46%, teniendo en cuenta los giros realizados por el Ministerio de Hacienda frente a los pagos efectuados por las entidades territoriales.

Las entidades reportaron compromisos por $13,4 billones y pagos por $8,3 billones, para los dos años. Los recursos pendientes por comprometer (apropiación definitiva - compromisos) ascendieron a $4,7 billones y los pagos pendientes por realizar (compromisos- pagos) fueron de $5,1 billones; así, el total sin ejecutar fue de $10 billones de pesos, el 55% de los recursos apropiados en el presupuesto.

El recaudo efectivo total real del bienio 2017-2018 para el Sistema General de Regalías (SGR) fue de $24,4 billones, un 3,8% superior a lo proyectado por el gobierno para este bienio que era de $20,4 billones; además, se estimaron ingresos corrientes en el mismo bienio por $11,7 billones, siendo el recaudo real efectivo de $15,6 billones, rubro que representa mayor participación dentro del presupuesto del Sistema, equivalente al 64% del total. En estos dos años los ingresos mensuales por explotación y extracción de hidrocarburos fueron en promedio de $655 mil millones sobresaliendo el mes de julio de 2018 con un ingreso $956 mil millones y siendo el mes de mayo de 2017, el más bajo con un valor de $438 mil millones

Para el bienio 2017-2018 se realizaron giros por $18,3 billones para el componente de inversión; el mayor monto se concentra en las asignaciones directas (AD) y Fondo de Compensación Regional (FCR), seguido del FCR 60% y el Fondo de Desarrollo Regional (FDR) con el 15.3% para los dos casos.

El Decreto 1634 de 2017 trasladó $1,4 billones, correspondientes al 60% de los saldos no aprobados del FCT eI 31 de diciembre de 2016 por un valor de $922.701 millones; así como los montos que se dispusieron por voluntad de los gobiernos departamentales que sumaron $457.789 millones. Este valor se distribuyó entre el FDR y la Asignación para la Paz (APAZ).

Al comparar las gobernaciones, los municipios, el conjunto de entidades ejecutoras (compuestas por ejecutores del orden nacional y descentralizado a nivel territorial), y las corporaciones, se obtiene que estas últimas tienen porcentajes de ejecución por encima del promedio (45%); los municipios no por mucho son mejores ejecutores que las gobernaciones (47% vs 45%); mientras que las entidades ejecutoras reflejan una mejor ejecución con el 49%

La lentitud de las entidades para ejecutar los proyectos persiste, según la Contraloría, pues respecto del presupuesto apropiado en el bienio 2017-2018, que ascendió a $18 billones, el 54.4% ($9,8 billones) corresponde a saldos sin ejecutar. Del valor total, las entidades lograron comprometer el 74% y pagar el 46%.

Sin embargo, el porcentaje de proyectos aprobados sobre los recursos disponibles se elevó de manera significativa y llegó al 91.8%, como resultado de una estrategia liderada por el Gobierno Nacional, los OCADTON y REVISATON.

Otro de los aspectos sobre el cual la Contraloría llamó la atención fue el de los procesos de contratación que realizan las entidades territoriales ya que “arrojan serias debilidades en cuanto a la selección objetiva de los contratistas, por lo cual los riesgos de corrupción continúan siendo altos. A pesar de la que la contratación directa representa el 28% y los procesos de concurso (licitaciones, concurso de méritos) son mayoritariamente dominantes (71%), éstos últimos se realizan con un único oferente en cerca del 70% del valor de la contratación”.

Cuando se adiciona la contratación directa a la que se realiza con un oferente, se obtiene que cerca del 56% se realiza sin pluralidad de oferentes. En 16 departamentos y Bogotá este indicador supera el 60%. Solo en nueve casos, este porcentaje está por debajo del 20%.

Por otra parte, a diciembre de 2018 había más de mil contratos suspendidos, por valor de $1,8 billones que estarían en riesgo para lograr culminar su ejecución.

“Los riesgos de corrupción, de baja calidad de los bienes y servicios contratados, así como las debilidades en los procesos de planeación y en la ejecución de los proyectos se ponen de manifiesto en los procesos auditores que realiza la CGR. En efecto, el conjunto de hallazgos muestra que hay debilidades en las entidades territoriales tanto en la planeación de los proyectos y las obras, como en la supervisión de los mismos, lo cual da lugar al incumplimiento de las condiciones de los contratos, así como a deficiencias en calidad de las obras, así como deficiencias administrativas y de gestión”, advierte el organismo de control.