Que, en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, en París, se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, Resolución 217 A (III) como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Que, las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) sólo pueden cumplir eficazmente sus funciones si son independientes de la institución controlada y se hallan protegidas contra influencias exteriores, conforme a lo estipulado en la Declaración de Lima sobre las Líneas Básicas de la Fiscalización y la Declaración de México sobre la Independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Que, las EFS tiene un papel importante en la promoción de la eficiencia, rendición de cuentas, eficacia y transparencia de la administración pública, elementos conducentes para el logro de las prioridades nacionales de desarrollo, así como de las metas acordadas a nivel internacional, entre las que destacan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Que, en septiembre de 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró una Reunión de Alto Nivel sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional, en la cual se aprobó la Declaración de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre el Estado de Derecho en los Planos Nacional e Internacional mediante el cual se reafirmó, entre otros, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el respeto de la igualdad de derechos de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y el cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas en virtud de la Carta.

Que, en abril del 2012, se realizó el encuentro “Género y Transparencia en la Fiscalización Superior” en Santo Domingo, República Dominicana. En este marco se acuñó la Declaración de Santo Domingo, que reafirma la voluntad de las EFS miembros de esta organización en relación a la aplicación de políticas de género a lo interno de las entidades, así como en la labor auditora. Ese primer paso se materializó en consiguientes esfuerzos que el año 2014, lleva a la Organización a incentivar la incorporación transversal de la perspectiva de género en la fiscalización superior, en la Declaración del Cusco.

Que, en julio de 2013 se adoptó un Memorando de Entendimiento entre ONU Mujeres y la OLACEFS con la finalidad de establecer un marco de cooperación entre las Partes, de forma no exclusiva, en ámbitos de interés mutuo para que la perspectiva de género se incorpore como un eje de fiscalización superior, promoviendo de ese modo el cambio cultural que la incorporación de dicha perspectiva implica.

Que, en la Declaración de Santo Domingo del año 2012, la OLACEFS indica que “la corrupción y falta de transparencia socavan el apoyo ciudadano, imposibilitan la movilización y asignación eficaz de recursos e impiden que estos lleguen adecuadamente hacia actividades vitales, para erradicar la pobreza y el logro de un desarrollo económico sostenible, afianzando con ello la democracia y el Estado de derecho’”

Que, en diciembre en 2013, la XXIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, adoptó la Declaración de Santiago sobre Gobernanza, Lucha contra la Corrupción y Confianza Pública, que reconoce el nuevo rol que deben ejercer las EFS, esto es, contribuir desde su especificidad al desarrollo de un buen gobierno, lo que implica explorar y desarrollar nuevas vías de comunicación y de trabajo conjunto y/o complementario con la ciudadanía, con el fin de lograr sinergias que potencien un control social aliado a la función de fiscalización superior de las EFS, además de potenciar y fortalecer las funciones propias de cada EFS. También hace un balance satisfactorio de los 50 años de fundación de OLACEFS, reconociendo que se ha permitido la apertura de nuevos campos de acción en materia de auditoría de cumplimiento, financiera y de desempeño, el desarrollo de auditorías coordinadas y la incorporación de normas internacionales de auditoría en el continente.

Que, en el plano internacional, la Asamblea General de la ONU adoptó en 2014 la Resolución A/69/2283, que promociona y fomenta la eficiencia, rendición de cuentas, eficacia y transparencia de la administración pública mediante el fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras superiores, reconociendo el papel que éstas desempeñan para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y uno de los principios fundamentales de la Agenda 2030 es la igualdad y no discriminación.

Que, en el marco de OLACEFS y de sus Grupos Subregionales, específicamente el Grupo de Entidades Fiscalizadoras Superiores de los países del MERCOSUR y Asociados (EFSUR), se han llevado a cabo tres auditorías coordinadas en torno a la igualdad de género.

Que, la primera de estas auditorías comenzó su proceso el año 2014 con la participación de las EFS de Costa Rica, Chile y Puerto Rico. En dicha iniciativa se buscó evaluar la incorporación de asuntos de género a políticas, estrategias, programas y proyectos de los gobiernos evaluados, considerándose particularmente las temáticas de educación, salud, empleo. Los resultados de este pionero trabajo fueron publicados el año 2015.

Que, el 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/70/1 “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en la que se establecen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Reconoce que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Se trata de una Agenda de carácter integrado e indivisible que conjuga las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.

Que, en octubre de 2016, la XXVI Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS adopta la Declaración Punta Cana sobre la Promoción de la Participación Ciudadana en el Seguimiento y la Fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – Agenda 2030, que propone a las EFS sumar esfuerzos para apoyar el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU, respetando siempre su propia independencia, marco regulatorio, recursos y entorno particular. Para cumplir este objetivo se describe un catálogo común de principios para orientar la promoción de la participación ciudadana al mayor nivel posible, como mecanismo de legitimidad en el seguimiento y la fiscalización de los ODS – Agenda 2030.

Adicionalmente, se promueve un parámetro de referencia de cuatro niveles (básico, bajo, intermedio y alto) que define un modelo de madurez sobre vinculación con la ciudadanía para ser considerado por cada EFS. Finalmente, propone que en cada país se promueva, según la competencia y marco legal de cada EFS, el desarrollo de leyes y normativas que garanticen una efectiva participación de la sociedad civil en las labores de fiscalización Superior.

Que, en la segunda auditoría coordinada efectuada en 2019 se evaluó la preparación de los gobiernos para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5. En esta oportunidad, participaron 18 EFS que evaluaron a sus gobiernos en torno al eje planificación, financiamiento y seguimiento de aquellos planes, políticas, acciones, sistemas, operaciones, programas, actividades u organizaciones gubernamentales, operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia, para implementar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.

Que, las EFS agrupadas en la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés) definieron, dentro de los Principios de Valor y Beneficio, que liderar con el ejemplo es uno de los cuatro ejes o abordajes de acción por medio de los cuales estas instituciones pueden contribuir significativamente para la implementación de los Agenda 2030.

Que, en octubre de 2019, la XXIX Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS adopta la Declaración de San Salvador sobre la lucha contra la corrupción transnacional, que promueve la cooperación multilateral a través de acciones conjuntas, intercambio de buenas prácticas y experiencias que contribuyan a la prevención, detección, investigación y seguimiento de hechos relacionados con la corrupción. Entre los principales compromisos que asumieron las EFS destacan la suscripción de convenios interinstitucionales, el fortalecimiento de programas de formación y capacitación, la promoción del intercambio de información, entre otros.

Que, en la tercera de estas auditorías, “Informe de Relevamiento y evaluación de las políticas implementadas con la finalidad de dar cumplimiento al ODS 1 con perspectiva de género” se contó con la participación de siete entidades fiscalizadoras de América Latina (Argentina, Bogotá, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay) y tuvo como objetivo evaluar la eficacia de los gobiernos en la preparación para la implementación en los procesos de adaptación de metas e indicadores, diseño de planes, programas y acciones, y mecanismos de seguimiento y medición; con énfasis en las metas 1.2 (pobreza multidimensional) y 1.4 (servicios básicos) para dar cumplimiento al ODS 1 (fin de la pobreza).

Que, ante la necesidad de contar con un espacio en que aunar voluntades con el fin de construir virtuosamente una política de igualdad y no discriminación en ninguna de sus formas, que contribuya a promover Entidades Fiscalizadoras más justas e igualitarias, en línea, además, con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, el 30 de junio de 2020 se creó mediante acuerdo 1448/06/2020 de la LXXI Reunión virtual del Consejo Directivo el “Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación”.

Que, el Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación (GTG) tiene como objetivo general elaborar una propuesta de política de género y No Discriminación que sirva de base para ser promovida en las EFS de la OLACEFS. Asimismo, el Grupo deberá definir, en conjunto con las EFS interesadas, la difusión de la política, así como el intercambio de buenas prácticas que se pueden generar en torno a la Igualdad de Género y la No Discriminación.

Que, el 21 de abril de 2021 se estableció el deseo de cooperar con ONU Mujeres a través de la firma de un nuevo Memorando de Entendimiento entre la OLACEFS y ONU Mujeres para establecer un marco de cooperación y facilitar la colaboración para que la perspectiva de género se promueva como un eje de la fiscalización superior, así como cooperar en el intercambio de conocimientos en materia de igualdad de género.

Que, en junio de 2021 se celebró la primera Sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre los desafíos y las medidas para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la cooperación internacional, cuya declaración política destaca el papel que desempeñan las entidades fiscalizadoras en la prevención y la lucha contra la corrupción, en particular en lo que respecta a promover la integridad, la rendición de cuentas, la transparencia y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, así como el uso eficiente de los recursos públicos.

Que, la declaración política de la UNGASS manifiesta la preocupación por el impacto negativo que todas las formas de corrupción, incluida la solicitud y ventajas indebidas, pueden tener en el acceso a los servicios básicos y en el disfrute de todos los derechos humanos, reconociendo que pueden exacerbar la pobreza y la desigualdad y afectar de manera desproporcionada a las personas más desfavorecidas de la sociedad.

Que, la declaración política de la UNGASS establece el compromiso de los Estados en mejorar la comprensión de los vínculos entre el género y la corrupción, incluida la forma en que la corrupción puede afectar a las mujeres y a los hombres de manera diferente.

Que durante, los años 2020 y 2021 el mundo entero sufrió una de las más duras pandemias originada por el COVID 19, y que durante esos difíciles momentos las EFS de la región pusieron todos sus esfuerzos en el control para que los fondos públicos atendieran la emergencia sanitaria, incluyendo el control a los Programas Sociales para los menos favorecidos.

Que, la mencionada pandemia ha generado mayor pobreza y desigualdad en las poblaciones vulnerables, por lo que es prioridad contribuir al desarrollo de políticas públicas orientadas a evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Que, en el 25º Simposio NU/INTOSAI, se destacó que las EFS capaces, bien dotadas de recursos e independientes a nivel nacional contribuirán a reforzar sustancialmente la transparencia y la rendición de cuentas y sentarán así las bases fundamentales para una respuesta rápida y adecuada a futuras crisis. Asimismo, se recomendó que la INTOSAI y sus EFS miembros continúen contribuyendo al seguimiento y a la revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, consideren el impacto de la pandemia sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y apoyen los esfuerzos destinados a reconstruir mejor. Finalmente, se alienta a las EFS a valerse de sus experiencias en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y en la adopción de nuevos métodos de trabajo más ágiles, y a seguir integrando nuevas herramientas y tecnologías en su labor futura; dicho aprovechamiento puede permitir un conocimiento anticipado y, en su caso, una mejor previsión en base al trabajo de las EFS.

Que, la Gobernanza es parte fundamental de los servicios de control, y de los Estados en general, como lo indica en la Declaración de Beijing, la gobernanza ayudará a potenciar la transparencia, garantizar la rendición de cuentas, mantener la credibilidad, luchar contra la corrupción, promover la confianza pública, y proteger los intereses de los ciudadanos. Por tanto, las Entidades Fiscalizadoras Superiores miembros plenos de la OLACEFS DECLARAN:

Primero. El pleno de la Asamblea General de la OLACEFS, conocedores de las diversas amenazas, presiones o injerencias que intentan cuestionar o poner en riesgo la independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, rechaza ese tipo de conductas por parte de los procesados o vigilados que se presentan en nuestros países.

Segundo. Promover el enfoque basado en Derechos Humanos en las acciones que ejercen las entidades fiscalizadoras superiores con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas.

Tercero. Resaltar el rol de las EFS en el seguimiento de las convenciones internacionales del derecho internacional de los Derechos Humanos.

Cuarto. Destacar el valor de las auditorías de desempeño y auditorías coordinadas como herramientas idóneas para implementar un enfoque basado en derecho humanos en las actividades de control.

Quinto. Felicitamos la labor que viene desarrollando el Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación (GTG) con relación a los esfuerzos realizados en materia de género y no discriminación en la OLACEFS, tema que contribuye a promover en las Entidades Fiscalizadoras Superiores más justas e igualitarias en línea con la Agenda 2030.

Sexto. Reconocer la política de género y no discriminación de la OLACEFS, desarrollada por el Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación (GTG) como una buena práctica internacional a ser promovida en la comunidad de EFS. Séptimo. Fortalecer los programas de capacitación y sensibilización en torno a la Igualdad de Género y No Discriminación al interior de las entidades miembros de la OLACEFS

Octavo. Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas en distintos foros que permitan difundir y concientizar acerca de la importancia del enfoque basado en Derechos Humanos en las actividades de control que ejercen las entidades fiscalizadoras superiores. Analizar el efecto diferenciado que tiene la corrupción en las mujeres para determinar abordajes adecuados en las estrategias anticorrupción de las EFS.

Noveno. Continuar impulsando la Gobernanza como parte fundamental del sistema de control para el buen uso de los recursos públicos y generación de valor para las personas. Enriquecer nuestro trabajo con buenas prácticas que potencien el vínculo y comunicación efectiva con los entes auditados y la ciudadanía en general, promoviendo una cultura ética que tribute al desarrollo sostenible con honradez y eficacia.

Décimo. Promover el intercambio de buenas prácticas sobre los distintos mecanismos que permitan efectuar auditorías en programas sociales, así como, iniciativas para contribuir a la erradicación de la pobreza, aprovechando el uso de las nuevas tecnologías y la adopción de nuevos métodos de trabajo más ágiles, las mismas que tengan un impacto en la mejora de la calidad de vida de las personas y en el enfoque a los Derechos Humanos.

Décimo primero. Reconocer y felicitar a las EFS de la OLACEFS por la resiliencia demostrada durante la pandemia para continuar con sus labores del control de los fondos públicos, con el principal objetivo de que dichos fondos generen valor a las poblaciones menos favorecidas con un enfoque de Derechos Humanos como lo describe la Agenda 2030.

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