LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT), atendiendo a la socialización y discusión sostenida con nuestros sindicatos filiales Ascontrol y Asdeccol, ambos con asiento en la Contraloría General de la República, participó activamente en el proceso de elaboración y sustentación del Acto Legislativo 04 de 2019, por medio del cual se reforma el sistema de control fiscal en Colombia.

Tal actividad se desarrolló teniendo en cuenta los alarmantes índices de corrupción que azotan al país y tras conocer, a través de las organizaciones sindicales citadas, la situación de índole jurídica y presupuestal por la que atraviesan actualmente todas las contralorías del país.

En ese sentido fuimos testigos de la rigurosidad y estudio por parte de los trabajadores, que participaron no solo en la elaboración del proyecto, al lado del contralor General de la República, sino en su sustentación y defensa, por lo que consideramos justo y coherente con el ordenamiento jurídico, el acto legislativo aprobado.

Dicho acto legislativo ha sido demandado con el argumento de que el control preventivo y concomitante constituye una regresión al control previo que conjuró la Constitución de 1991, y que va a llevar a la coadministración del Estado.

De acuerdo con el texto, con su sustentación y su redacción, para la CUT el control concomitante y preventivo constituye una valiosa y muy necesaria herramienta para que los organismos de control puedan, en tiempo real, contribuir con el ataque a la corrupción.

Veamos. Consigna el texto constitucional aprobado: “El control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva y además podrá ser preventivo y concomitante según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público. El control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se ejercerá en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno. La ley regulará su ejercicio y los sistemas y principios aplicables para cada tipo de control.

“El control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, no vinculante, no implica coadministración, no versa sobre la conveniencia de las decisiones de los administradores de recursos públicos, se realizará en forma de advertencia al gestor fiscal y deberá estar incluido en un sistema de advertencia público…’

Tal como se lee en el articulado, la pretensión de la reforma no fue ni es la de que la Contraloría General de la República entre a coadministrar el Estado ni a paralizar su gestión.

Solo pretende contar con una herramienta que le permita advertir un posible daño al patrimonio y evitarle así al fisco nacional la posible pérdida de recursos por errores que no se hayan detectado a tiempo.

Ahora bien, el acto legislativo también contempla otra serie de herramientas que ponen a tono el Sistema de Control Fiscal, lo modernizan y lo fortalecen para que pueda cumplir con su deber.

Estos cambios habían sido propuestos por los trabajadores desde años atrás, porque precisamente ellos adelantan los procesos de auditoría y de investigación fiscal y chocan a diario con barreras jurídicas para abordar de la mejor manera la lucha contra la corrupción.

Por lo anterior, la CUT apoya dicha reforma y reafirma la voluntad de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales filiales de abordar, con el acompañamiento de la Contraloría General de la República, los procesos de capacitación y organización para ser veedores en tiempo real de la ejecución de los recursos públicos a lo largo y ancho del país, en el entendido de que el acto legislativo interpreta la necesidad de la sociedad colombiana de contar con un control fiscal fortalecido, que de la mano del control social participativo enfrente el flagelo de la corrupción.

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